La comparecencia de la ministra de Defensa, Margarita Robles, ante la Comisión de Defensa del Congreso derivó este martes en un durísimo cruce con los dos principales grupos de la oposición que intervinieron a continuación: el Partido Popular y Vox, que coincidieron en reprochar al Gobierno falta de previsión ante la crisis de Ceuta, aunque con planteamientos distintos —el PP centrado en la gestión y en pedir explicaciones y dimisiones; Vox, en calificar lo ocurrido como una agresión exterior con eventuales consecuencias penales para el Ejecutivo.
La portavoz popular, Ester Muñoz, abrió su intervención acusando a Robles de «servilismo a Sánchez» y sostuvo que esa actitud «le inhabilita para ser ministra de Defensa de todos los españoles».
Muñoz situó el origen de la crisis en 2021, recordando que aquel episodio ya evidenció que la frontera sur podía usarse como instrumento de presión, y reprochó a la ministra que, pese a haber asegurado entonces que no volvería a repetirse, «ha vuelto a pasar».
Citó tres documentos oficiales —la Estrategia de Seguridad Nacional de 2021, la Ley de Estrategia de Seguridad Marítima de 2024 y el informe anual de Seguridad Nacional aprobado en abril de este año— del que leyó un pasaje de la página 214, en el que se que advertía de que «la presión migratoria se ha visto notablemente incrementada debido principalmente al fenómeno de nadadores que tratan de acceder sorteando el perímetro fronterizo».
Sobre esa base, sostuvo que el Gobierno tenía constancia previa del riesgo y no actuó.
Muñoz afirmó también que el día del asalto solo había en la valla «5 submarinistas y 4 agentes» de la Guardia Civil, a los que se sumó un jefe que estaba de baja, y que otros 15 agentes que se encontraban en la comandancia la cerraron para acudir a ayudar.
Reprochó a Sánchez que, tras comparecer el 31 de julio para calificar lo sucedido de ataque a la integridad territorial, se marchara de vacaciones y recomendara una lista de reproducción musical, un episodio que la diputada calificó de «vergonzoso».
También cuestionó por qué las Fuerzas Armadas desplegadas no fueron nombradas agentes de la autoridad al amparo del Real Decreto 194/2010, lo que —según su argumento— les habría permitido actuar más allá de la logística y la vigilancia.
Preguntó cuántos inmigrantes en situación irregular permanecen en Ceuta, cuántas agresiones sexuales se han registrado y a quién responsabiliza el Gobierno del ataque, apuntando a versiones internas contradictorias entre Marruecos y las mafias de tráfico de personas.
Cerró su intervención sugiriendo, sin aportar pruebas, que la falta de reacción del Ejecutivo se debe «a incompetencia o porque el Gobierno está sometido tras el hackeo de sus móviles», y reclamó la convocatoria de elecciones.
Vox: España tiene una política migratoria suicida
El portavoz de Vox, Alberto Asarta Cuevas, elevó el tono del debate al terreno de la seguridad nacional. Cifró en el entorno de 80.000 las personas que habría cruzado la frontera y reprochó al Gobierno no haber declarado «una situación de emergencia nacional».
Describió Ceuta como el «paradigma de una política migratoria suicida» y enumeró consecuencias sobre el terreno, entre ellas «24 soldados contagiados de sarna» y episodios de inseguridad que, según su relato, incluyeron la entrada de presuntos terroristas yihadistas y asaltos a comercios, extremos que atribuyó a fuentes no especificadas en su intervención.
Calificó lo sucedido de «guerra híbrida» y de «ataque directo a la soberanía», y acusó directamente al Gobierno marroquí de deslealtad, afirmando que «todo apunta a su implicación», una acusación que Asarta no acompañó de pruebas concretas en su turno de palabra.
El diputado de Vox recordó que su partido ya había propuesto en 2021 incluir a Ceuta y Melilla bajo el paraguas de la OTAN, iniciativa rechazada entonces por el PSOE, y reprochó al Gobierno una pauta reactiva que, dijo, se repite con la Dana, el apagón eléctrico y los incendios forestales.
El punto de mayor calado político de su intervención fue el anuncio de que Vox «ha llevado al Congreso la activación del artículo 102 de la Constitución» —el precepto que regula la responsabilidad penal del presidente y los miembros del Gobierno—, al considerar que la inacción ante los avisos previos de los servicios de inteligencia podría constituir, en su valoración, un «delito de traición a la seguridad de España».
