Treinta años después de aprobarse, la Ley de Asistencia Jurídica Gratuita de 1996 sigue teniendo un padre dispuesto a contar sus interioridades: Juan Alberto Belloch, ministro de Justicia (julio de 1993 y mayo de 1996) y de Interior (mayo de 1994 y mayo de 1996) con el último gobierno socialista de Felipe González.
Fue durante el acto de homenaje que el Colegio de la Abogacía de Madrid le rindió esta mañana en su sede central.
Y no fue un relato épico, de conquista de derechos sino algo mucho más terrenal: una pelea de despachos que casi hizo descarrilar la norma antes de nacer: «Lo más difícil de todo fue convencer a Hacienda», resumió el exbiministro, sin necesidad de adornar la frase.
Fue fruto del magnífico equipo con el que contaba en el Ministerio de Justicia, que peleó la norma despacho por despacho.
«Lo hicimos porque lo creímos», añadió a continuación. «Y Felipe González lo apoyó. En aquellos tiempos no tuve más jefe que Felipe y él sabía, cuando le planteaba algo, como esta ley, que lo tenía muy pensado y que, por lo tanto, era difícil tratar de corregirme».
Encomienda de la Hermandad ICAM
El reconocimiento de la abogacía madrileña por aquella Ley, que ha cumplido 30 años, vital para el turno de oficio, llegó en forma de Encomienda de la Hermandad ICAM.
Le fue entregada por el decano del Colegio de la Abogacía de Madrid, Eugenio Ribón, y por el diputado responsable del turno de oficio, Juan Manuel Mayllo, por aquella etapa en la que Belloch fue protagonista y que dejó una profunda huella legislativa: el Código Penal de 1995, la Ley del Tribunal del Jurado y, la protagonista del acto, la Ley de Asistencia Jurídica Gratuita de 1996.
Durante la «laudatio», el decano Ribón subrayó que la Ley 1/1996 hizo algo que hasta entonces era más declaración de intenciones que realidad: transformó el principio de igualdad ante la justicia en un sistema público organizado, con procedimientos, requisitos y un reconocimiento formal del derecho.
El objetivo, recordó, era tan elemental como decisivo —que nadie quedara fuera de los tribunales por no poder pagarse una defensa.
«No fue una concesión caritativa»
Ribón fue más allá en la lectura del legado. La justicia gratuita, señaló, nunca fue una dádiva del Estado, sino la garantía práctica de un derecho constitucional: el acceso a la tutela judicial efectiva en condiciones de igualdad.
Bajo el impulso político del Ministerio dirigido por Belloch, apuntó, lo que se hizo fue convertir el viejo ideal de igualdad ante la ley en una realidad cotidiana para quienes carecían de recursos.
Belloch, en sus palabras de agradecimiento, no se quedó en la nostalgia. Defendió con firmeza la vigencia del marco aprobado hace tres décadas y fue tajante al descartar cualquier tentación de suprimirlo: sería un error, sostuvo, porque los principios que lo sustentan siguen siendo tan válidos hoy como en 1996.
Esa defensa, sin embargo, no cierra la puerta a los cambios. Es compatible, según planteó el ICAM, con la necesidad de actualizar el sistema para adaptarlo a las nuevas necesidades sociales y profesionales, sin por ello renunciar a los fundamentos que inspiraron su creación.
Una ley que, treinta años después, sigue de pie. Pero que, a juicio de quienes la aplican cada día, necesita una puesta a punto.
