El consejero de Presidencia, Justicia y Administración Local de la Comunidad de Madrid, Miguel Ángel García Martín, ha cargado este jueves contra el anteproyecto de Ley Orgánica de Integridad Pública impulsado por el Gobierno central y ha asegurado que “todas las leyes de la factoría Bolaños tienen un denominador común: tratar de atacar al Poder Judicial”.
Durante la Sesión de Control celebrada en el Pleno de la Asamblea de Madrid, García Martín respondió a una pregunta sobre el impacto que las medidas recogidas en ese anteproyecto podrían tener en las competencias de la Comunidad de Madrid.
Respecto a la reforma del acceso a las carreras judicial y fiscal, el consejero aseguró que se trata de una ley que “destruye los principios de mérito y capacidad consagrados en la Constitución española para colocar a jueces afines”.
Asimismo, cargó contra la futura reforma de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, al considerar que pretende “quitar la instrucción a los jueces para dársela a los fiscales”.
«La Fiscalía se ha convertido en un apéndice del Palacio de La Moncloa”, ha criticado el consejero del Gobierno de Isabel Díaz Ayuso.
Sobre la Ley de Eficiencia de la Justicia, García Martín afirmó que “ni era de eficiencia ni ha dotado de medios a la justicia”, y añadió que ha provocado retrasos y un encarecimiento del acceso a la justicia, además de haber convertido “en un auténtico caos” los tribunales de instancia.
«La Fiscalía se ha convertido en un apéndice del Palacio de La Moncloa”
En relación con el anteproyecto de Ley Orgánica de Integridad Pública, el consejero puso el foco en la creación de una futura “agencia independiente de integridad pública”.
A su juicio, esa independencia será únicamente “para el sanchismo”, y sostuvo que el organismo se utilizará para investigar a gobiernos del Partido Popular mientras se “tapan” los casos de corrupción vinculados al Ejecutivo central.
García Martín añadió que la norma “consagra prácticas opacas fraudulentas y corruptas” y criticó que sustituya la escritura pública ante notario en determinadas transmisiones societarias por un “documento privado electrónico”.
Según defendió, la ley pretende “dejar ciego a la UCO, a la UDE, a los jueces y a los fiscales” para dificultar investigaciones judiciales.
“La España de Pedro Sánchez, la España que anhela para el año 2035, es una España sin contrapesos, una España sin controles y una España donde la corrupción siga campando a sus anchas”, concluyó el consejero madrileño.
García Martín critica normativas que tienen «foco político» para favorecer a Sánchez
El consejero madrileño sostuvo que las iniciativas legislativas promovidas por el Ejecutivo de Pedro Sánchez buscan “cercenar medios a los jueces y a los fiscales o tratar de tapar la corrupción del Gobierno sanchista”.
En su intervención, García Martín vinculó esa estrategia legislativa con la Ley de Amnistía, que calificó como “la ley más corrupta de la historia de la democracia” y que, según afirmó, “amnistió a aquellos que dieron un golpe de Estado desde Cataluña”.
También criticó la proposición de ley registrada por el Grupo Parlamentario Socialista bajo el nombre de “Proposición de Ley Orgánica de garantía y protección de los derechos fundamentales frente al acoso derivado de las acciones judiciales”.
Según dijo, esa norma suponía “una suerte de amnistía preventiva” para “la mujer del presidente del Gobierno, para el fiscal general del Estado y para toda la corrupción del sanchismo tanto en el partido como en el Gobierno”.
