La nueva Ley Orgánica 1/2025, de medidas en materia de eficiencia del Servicio Público de Justicia, aprobada el pasado 19 de diciembre por el Parlamento, se ha publicado hoy en el BOE. En la misma, la mediación tiene un papel central en el sistema judicial español por primera vez en la historia. Foto: Confilegal.
La Ley 1/2025, publicada hoy, establece la mediación como un requisito previo obligatorio a la demanda
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03/1/2025 10:38
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Actualizado: 04/1/2025 00:52
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Dentro de tres meses, el 3 de abril próximo, la Ley Orgánica 1/2025, de 2 de enero, publicada hoy en el Boletín Oficial del Estado (BOE) entrará en vigor y con ella la obligación, para las partes, de someterse a métodos alternativos de resolución de conflictos (MASC), como requisito obligatorio para interponer una demanda.
Lo que se busca, dice este texto legal, es aliviar la carga de los tribunales promoviendo acuerdos extrajudiciales y fomentando una cultura de resolución pacífica de disputas. En línea con tendencias internacionales en países como Francia, Reino Unido y Estados Unidos donde los MASC (mediación, la conciliación, arbitraje y derecho colaborativo), han demostrado ser efectivos para mejorar la eficiencia judicial.
La nueva Ley Orgánica 1/2025, de medidas en materia de eficiencia del Servicio Público de Justicia –aprobada el 19 de diciembre pasado por el Parlamento–, supone un nuevo paradigma. Porque antes de enfrentar un juicio largo y costoso, las partes tienen que negociar y resolver sus diferencias de manera consensuada y eficiente.
Por primera vez en la historia de nuestra justicia, los MASC se posicionan en el centro de proceso judicial.
Los MASC serán obligatorios tanto en la jurisdicción civil, mercantil como social. Tanto en disputas comerciales, como en contratos hipotecarios, préstamos, reclamaciones de cláusulas abusivas, conflictos de consumo, litigios de propiedad horizontal y arrendamientos urbanos.
Por lo que se refiere a la jurisdicción social, cuando se produzcan conflictos laborales colectivos, para intentar evitar huelgas o conflictos mayores y en reclamaciones individuales. En estos casos se pretende que el acto de conciliación se celebre a los 10 días de la admisión de la demanda y con una antelación mínima de 30 días a la celebración del acto de la vista.
En todos los supuestos la parte demandante debe adjuntar un certificado que acredite el intento de resolución a través de un MASC antes de iniciar el procedimiento judicial.
Quedan excluidos de la mediación previa los casos de protección de derechos fundamentales, los conflictos familiares sensibles, como filiación, paternidad y maternidad, los procedimientos de adopción de medidas judiciales para personas con discapacidad y los litigios relacionados con menores y situaciones de urgencia, como medidas cautelares o ejecuciones inmediatas.
ES OBLIGATORIO: QUÉ PASA SI LAS PARTES NO SE SOMETEN A LA MEDIACIÓN
En los litigios donde los MASC sean un requisito previo, la falta de acreditación del intento de mediación puede resultar en la inadmisibilidad de la demanda judicial. Esto impide continuar con el procedimiento hasta que se cumpla con este requisito.
Además, si una parte se niega injustificadamente a participar en la mediación y posteriormente pierde el litigio, podría verse obligada a asumir las costas procesales completas, incluyendo los honorarios derivados del intento de mediación.
El certificado que acredite el intento de resolución a través de un MASC tiene que se emitido por el profesional o la institución que haya concluido el proceso. Y se adjunta a la demanda como prueba de cumplimiento del requisito de procedibilidad.
La normativa también regula la derivación intrajudicial, que permite a los jueces y tribunales sugerir o incluso ordenar el uso de MASC en cualquier momento del proceso, incluyendo apelaciones y ejecuciones.
Si se alcanza un acuerdo, este puede ser homologado judicialmente, adquiriendo el mismo efecto que una sentencia firme.
HONORARIOS
Para fomentar el uso de los MASC, la ley establece que los honorarios de abogados y otros profesionales intervinientes serán cubiertos por el sistema de asistencia jurídica gratuita cuando se cumplan los requisitos legales.
También se podrán incluir en la tasación de las costas procesales los honorarios de los profesionales que hayan participado incluso si su intervención no era preceptiva.
Por último, si un parte demuestra que intentó resolver el conflicto mediante un MASC y la otra parte rechazó injustificadamente el acuerdo, los tribunales pueden exonerar o reducir las costas a favor de la parte diligente.
Estos procesos, dice la Ley, deben desarrollarse bajo la dirección de un tercero neutral que facilita la comunicación y ayuda a encontrar soluciones mutuamente beneficiosas.
Los principios que rigen estos métodos son la voluntariedad, las partes deben acudir al proceso de forma libre, salvo en los casos en que la ley lo exija como requisito previo; la neutralidad, el tercero, el mediador –mecanismo regulado por la ley 5/2012 y modificado en esta normativa–, actúa sin parcialidad hacia ninguna de las partes; la buena fe, la partes se comprometen a negociar de manera honesta y constructiva.
Toda la información compartida durante el proceso es, en principio, confidencial y no puede utilizarse en procedimientos judiciales posteriores.
Sin embargo, esta regla tiene excepciones cuando la información relevada durante la mediación tiene implicaciones legales o puede ser determinante en el litigio subsiguiente. En tales casos, un tribunal podría autorizar su uso, siempre bajo estricta supervisión judicial y respetando los derechos procesales de ambas partes.
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