El sistema judicial español lleva décadas enfermo del mismo mal. Procedimientos que se eternizan. Señalamientos que se posponen durante meses. Ciudadanos que reciben la resolución de un conflicto cuando el conflicto, en la práctica, ya no tiene arreglo posible.
La Ley Orgánica 1/2025, de 2 de enero, de medidas en materia de eficiencia del Servicio Público de Justicia nació con la ambición de romper ese ciclo. Un año después de su publicación en el BOE, el diagnóstico sobre si lo está consiguiendo está lejos de ser unánime.
Para debatirlo, y hacerlo en público, Confilegal y el Ayuntamiento de Boadilla del Monte han organizado la primera sesión de los Diálogos Jurídicos, un ciclo de encuentros que arranca hoy a las 19:00 horas, en el Teatro Princesa Doña Leonor de Boadilla del Monte, Madrid.
La elección del tema no necesita demasiada justificación.
Una norma que lo toca todo
Pocas reformas legislativas de los últimos años han afectado de forma tan transversal a la arquitectura del proceso civil. La LO 1/2025 no es un ajuste puntual. Es, en palabras de sus impulsores en el Ministerio de Justicia, una reconfiguración estructural del servicio público de justicia. Y los frentes que abre son múltiples.
El más visible —y el que más controversia ha generado entre la abogacía— es la apuesta por los Mecanismos Alternativos de Resolución de Conflictos, los llamados MASC. La ley no se limita a fomentarlos ni a regularlos con más detalle que la normativa anterior.
Va más lejos: en determinados supuestos, los convierte en requisito previo a la interposición de la demanda. Antes de llamar a las puertas del juzgado, las partes deben acreditar haber intentado una salida negociada —mediación, conciliación, negociación asistida—.
La digitalización plena de los procedimientos, la reforma del modelo de tasación de costas, la creación de los Tribunales de Instancia —una reorganización de la planta judicial que acumula retrasos y resistencias en su despliegue territorial— forman parte de un paquete normativo cuya coherencia interna sigue siendo objeto de escrutinio tanto por la academia como por quienes tramitan expedientes en los juzgados cada mañana.
Tres posiciones, raramente en el mismo foro
La mesa redonda que vertebrará la sesión reunirá a tres perfiles cuyas trayectorias institucionales les sitúan en ángulos muy distintos del mismo problema.
Celso Rodríguez Padrón, presidente del Tribunal Superior de Justicia de Madrid, representa la visión desde dentro de la magistratura. Gestiona una de las jurisdicciones con mayor volumen de litigiosidad del país, y conoce de primera mano qué parte de la reforma está aterrizando en los juzgados y qué parte sigue siendo, de momento, papel mojado.
Verónica Ollé Sesé –magistrada– directora general para el Servicio Público de Justicia del Ministerio, tendrá la oportunidad de explicar las decisiones de implementación adoptadas en este primer año y los tiempos previstos para las que aún están pendientes.
Eugenio Ribón, decano del Colegio de la Abogacía de Madrid, llega al debate desde la trinchera más práctica. Los abogados son quienes operan con la norma en tiempo real, quienes asesoran a sus clientes sobre si la mediación previa tiene posibilidades reales de prosperar o es un trámite burocrático añadido, y quienes han expresado con más claridad sus reservas sobre los plazos de adaptación y la suficiencia de los recursos habilitados.
La sesión será inaugurada por Carlos Berbell, director de Confilegal, y moderada por Francisco Manuel Oliver, magistrado de la Audiencia Provincial de Madrid.
Lo que se dirime más allá del debate
El éxito de la LO 1/2025 no se contabilizará en estadísticas ministeriales. Se medirá, con el tiempo, en si los señalamientos se acortan, en si los juzgados dejan de operar permanentemente al límite de su capacidad, en si las mediaciones alcanzan acuerdos que los litigantes respetan.
Y también, en sentido contrario, en los recursos de amparo que eventualmente lleguen al Tribunal Constitucional si alguno de sus mecanismos más controvertidos es impugnado con éxito.
La primera sesión de los Diálogos Jurídicos no es un seminario académico. Es una radiografía en voz alta, con los protagonistas reales de la reforma sentados en el mismo escenario, de una ley que todavía está encontrando su forma definitiva.
La entrada es libre. Quienes deseen reservar plaza pueden hacerlo escribiendo a [email protected].
