La Ley Orgánica 1/2025, de 2 de enero, de medidas en materia de eficiencia del Servicio Público de Justicia ha cumplido un año de vigencia y ya concentra el debate más urgente sobre el futuro de nuestro sistema judicial.
Por ello, el próximo jueves, 16 de abril, a las 19:00 horas , el Teatro Teatro Princesa Doña Leonor, (Calle Mártires, 1, Boadilla del Monte), acogerá la primera sesión de los Diálogos Jurídicos. Un ciclo de encuentros impulsado por Confilegal, en asociación con el Ayuntamiento de Boadilla del Monte, que arranca precisamente con esta norma como protagonista.
La elección no es casual. Pocas leyes recientes han generado tantas expectativas —y algunas dudas— entre los operadores jurídicos.
Una reforma estructural, no cosmética
El diagnóstico que empujó la ley lleva años siendo el mismo. Los juzgados españoles acumulan una carga de trabajo que desborda su capacidad. Los procedimientos se dilatan. Los ciudadanos esperan.
Y la confianza institucional se erosiona con cada notificación que tarda, con cada vista aplazada, con cada resolución que llega cuando el conflicto ya dejó de tener solución práctica.
La LO 1/2025 intenta atacar ese problema desde varios frentes simultáneamente.
El más visible —y el más polémico— es el impulso decidido a los Mecanismos Alternativos de Resolución de Conflictos (MASC): mediación, conciliación, negociación asistida.
La ley no solo los regula; los convierte, en determinados supuestos, en requisito previo a la interposición de la demanda.
Un cambio de paradigma que algunos ven como modernización inevitable y otros como una barrera de acceso a la tutela judicial efectiva garantizada por el artículo 24 de la Constitución.
No es el único flanco abierto.
La digitalización plena de los procedimientos, la reforma del modelo de tasación de costas, la reorganización de la planta judicial a través de los Tribunales de Instancia —cuya implantación acumula ya retrasos y resistencias— forman parte de un paquete normativo cuya coherencia interna está siendo escrutada con lupa por la doctrina y por quienes trabajan cada día en los juzgados.
Tres voces para un debate necesario
La mesa redonda que vertebrará la sesión del 16 de abril reúne a tres figuras con posiciones institucionales que raramente coinciden en el mismo foro.
Celso Rodríguez Padrón, presidente del Tribunal Superior de Justicia de Madrid, aportará la perspectiva de quien gestiona una de las jurisdicciones con mayor volumen de asuntos de España.
Verónica Ollé Sesé, directora general para el Servicio Público de Justicia del Ministerio, explicará las decisiones de implementación tomadas hasta ahora y los objetivos que se persiguen.
Y Eugenio Ribón, decano del Colegio de la Abogacía de Madrid, representa a los profesionales que tienen que operar con la nueva norma en tiempo real, muchos de ellos con reservas sobre los plazos de adaptación y la suficiencia de los recursos habilitados.
La sesión será inaugurada por Carlos Berbell, director de Confilegal, y será moderada por Francisco Manuel Oliver, magistrado de la Audiencia Provincial de Madrid.
Lo que está en juego
El éxito o el fracaso de la LO 1/2025 no se medirá en el BOE. Se medirá en los señalamientos que se acorten, en las mediaciones que prosperen, en los juzgados que dejen de estar al borde del colapso.
Y también, inevitablemente, en los recursos de amparo que lleguen al Tribunal Constitucional si alguno de sus mecanismos más controvertidos termina siendo impugnado.
La primera sesión de los Diálogos Jurídicos se presenta, en ese contexto, como algo más que un acto académico.
Es una radiografía en voz alta de una reforma que está encontrando su forma definitiva.
