Barcelona quiere liderar el debate europeo sobre los derechos digitales en plena explosión de la inteligencia artificial. Eugènia Gay, teniente de alcalde del consistorio y vicepresidenta de la Diputación, lanza una advertencia contundente: la tecnología no solo está transformando la economía y la política; también está amplificando el odio, la polarización y las desigualdades.
La decana emérita del Colegio de la Abogacía de Barcelona reclama una regulación “inteligente y quirúrgica” para frenar el uso de algoritmos que, según denuncia, están deteriorando la convivencia democrática.
Gay participó en el I Encuentro Internacional por los Derechos Digitales, celebrado en Barcelona los días 13 y 14 de mayo impulsado por el Gobierno de España y Mobile World Capital Barcelona para debatir cómo proteger los derechos fundamentales en el entorno digital.
El foro reunió a medio centenar de referentes internacionales en tecnología, ética, privacidad, gobernanza digital e inteligencia artificial, entre ellos Frances Haugen, Yael Eisenstat, Carissa Véliz, Cory Doctorow y Giuliano da Empoli.
En esta entrevista, Eugènia Gay alerta del inmenso poder acumulado por las grandes tecnológicas, reivindica poner “al ser humano en el centro” del desarrollo digital y defiende que las administraciones deben intervenir para proteger a los colectivos más vulnerables y combatir los discursos de odio en redes sociales.
Barcelona ha acogido el primer Encuentro Internacional por los Derechos Digitales. ¿Qué supone para la ciudad?
Barcelona ya es un referente europeo en innovación tecnológica, pero también en reflexión sobre los grandes retos que plantea esta transformación digital.
Y es importante entender que no estamos hablando solo de tecnología: estamos hablando de democracia, de economía y de cohesión social.
La transformación digital ha cambiado la forma en que vivimos, trabajamos y nos relacionamos, y eso interpela directamente a nuestras democracias.
¿Qué riesgos le preocupan más?
La desinformación, la concentración de poder y el aumento de las desigualdades. La inteligencia artificial, el Big Data o la supercomputación aportan enormes avances, pero también generan nuevas brechas. Y ahí las administraciones tenemos la obligación de actuar para proteger a la ciudadanía.
¿Le inquieta el poder de las grandes tecnológicas?
Sí. Hay una frase de Michelle Bachelet [expresidenta de Chile] que lo resume muy bien: “Data is power. Big Data is big power”. El problema es que quienes acumulan tantos datos tienen un enorme poder sobre las personas.
El enorme poder que hoy acumulan las grandes tecnológicas y las grandes potencias puede servir para mejorar la vida de las personas, pero también para perjudicar especialmente a los colectivos más vulnerables, como mujeres, menores o personas en situación de fragilidad.
Me preocupa que millones de datos personales estén en manos de empresas y gobiernos sin que sepamos realmente cómo se almacenan o utilizan, porque eso puede poner en riesgo derechos fundamentales y acabar reduciéndonos a simples datos.
Por eso creo que los gobiernos debemos volver a situar al ser humano en el centro del desarrollo tecnológico. También me preocupa el impacto que están teniendo las redes sociales en la convivencia: los discursos de odio, la violencia y la polarización se amplifican con enorme rapidez y las instituciones tenemos la obligación de actuar.
¿Y eso qué consecuencias tiene?
Que existe un riesgo real de vulneración de derechos fundamentales. Dejamos de ser tratados como personas para convertirnos en datos. Por eso creo que los gobiernos tenemos que volver a poner al ser humano en el centro del desarrollo tecnológico.
Europa regula, pero la inteligencia artificial se desarrolla, sobre todo, en Estados Unidos y China. ¿Vamos tarde?
Europa tiene que apostar por una regulación inteligente y quirúrgica, pero sobre todo una regulación que proteja a las personas más vulnerables.
La inteligencia artificial puede utilizarse para mejorar la vida de las personas, pero también puede amplificar desigualdades y generar riesgos muy graves.
¿Qué les preocupa, especialmente en Barcelona?
El impacto de las redes sociales en niños y adolescentes. Estamos viendo cómo el acceso a estas plataformas se produce cada vez a edades más tempranas y eso tiene consecuencias.
Por eso hemos impulsado medidas de bienestar digital junto a escuelas, entidades sociales y profesionales de la salud.
Usted habló también del uso de algoritmos y discursos de odio.
Sí. El gran problema ahora mismo es cómo frenamos el uso de los algoritmos para amplificar los discursos de odio. Estamos viendo una expansión extraordinaria de mensajes violentos, racistas y polarizadores en redes sociales.
¿Tiene solución?
Creo que tendremos que plantearnos algún tipo de regulación e intervención. Porque lo que estamos viendo es un aumento de la confrontación social y de la violencia contra colectivos vulnerables y racializados.
Y eso no fortalece nuestras democracias ni el Estado de derecho.
Sin embargo, también defiende el potencial positivo de la tecnología.
Claro. La tecnología también puede servir para democratizar las instituciones. Un ejemplo es Decidim, la plataforma participativa de Barcelona. Permite que los vecinos debatan, propongan proyectos y voten presupuestos participativos.
¿Qué impacto ha tenido?
Ha aumentado muchísimo la transparencia y la participación ciudadana. Entre 2024 y 2027 destinaremos 30 millones de euros a proyectos elegidos directamente por los ciudadanos mediante esta plataforma.
Más allá de la tecnología, ¿cuál es hoy el principal reto de Barcelona?
Combatir las desigualdades. Sigue habiendo diferencias enormes entre barrios. Nou Barris tiene una renta per cápita cercana a los 15.000 euros y Sarrià supera los 35.000. Eso demuestra que todavía queda muchísimo por hacer.
¿Dónde hay que poner el foco?
En la igualdad de oportunidades. Educación, vivienda, salud, seguridad… Cuando garantizas igualdad de oportunidades, permites que las personas puedan desarrollar plenamente su proyecto de vida.
Lleva cinco años en política. ¿Qué le ha sorprendido más?
La enorme vocación de servicio público que existe dentro de las administraciones. Hay muchísima gente trabajando para solucionar problemas de la ciudadanía. Eso me impresionó muy positivamente.
¿Y lo más frustrante?
La burocracia. Vienes de estructuras mucho más ágiles y aquí todo requiere procedimientos y tiempos. Pero también entiendes que el Estado tiene que funcionar con garantías.
¿Le ha ayudado su experiencia como abogada y decana del Colegio de la Abogacía de Barcelona?
Muchísimo. La escucha activa que aprendes en la abogacía sirve mucho en política municipal. Al final se trata de escuchar a la gente, entender sus problemas y buscar soluciones equilibradas que mejoren su calidad de vida.
