Los intervinientes en la presentación de esta nueva IA, CASIA LEGAL, que tuvo lugar en el Colegio de Abogados de Sevilla. De izquierda a derecha, Marta Mastrantoni, Marcos Peña, Julián Moreno Retamino, y José Luis Villaplana.

Ocho de cada diez recursos de casación ante el Supremo mueren en la admisión: CASIA Legal, una nueva IA, ha llegado para evitarlo

El 88% de los recursos de casación ante el Supremo se inadmiten. No por mala redacción. Por mala estrategia. Una herramienta de inteligencia artificial se ha presentado en Sevilla para atacar ese problema desde la raíz

2 / 06 / 2026 05:39

El Colegio de Abogados de Sevilla acogió esta semana la presentación de CASIA Legal, una herramienta de inteligencia artificial construida específicamente para preparar recursos de casación ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Supremo.

No es una IA generalista adaptada al derecho. Es una herramienta diseñada desde dentro de la lógica casacional, para un problema concreto y con un dato demoledor como punto de partida.

Un dato que aportó Marcos Peña Molina, doctor en Derecho Administrativo, profesor en la Universidad Loyola y CEO de CASIA Legal: 8 de cada 10 recursos que llegan a la Sala Tercera del Tribunal Supremo no superan el trámite de admisión.

Y el motivo, casi siempre, no es que estén mal redactados. Es que están mal planteados desde el principio. El enfoque estratégico falla antes de que el abogado haya escrito la primera línea.

CASIA Legal nace para intervenir en ese momento crítico.

Veinte minutos para un recurso completo

La presentación no se quedó en la teoría. Peña Molina realizó una demostración en directo ante los asistentes: desde el contraste y la delimitación del interés casacional objetivo —el requisito que más recursos tumba en la admisión— hasta la entrega del escrito final en formato Word.

Tiempo empleado: menos de veinte minutos.

Para quien no litiga en casación contencioso-administrativa, conviene aclarar qué significa eso.

El interés casacional objetivo no es un requisito formal menor. Es el filtro que el Tribunal Supremo utiliza para decidir si un asunto merece su atención.

Identificarlo correctamente, argumentarlo con precisión y encuadrarlo en alguno de los supuestos que la ley reconoce es, en la práctica, más de la mitad del trabajo. Y es exactamente donde falla la mayoría.

La sesión fue presentada por Martina Mastrantoni, abogada especializada en Derecho Internacional Privado y responsable de la Comisión de Abogacía Digital del Colegio de Abogados de Sevilla.

El evento fue moderado por José Luis Vilaplana, consultor en inteligencia artificial y ciberseguridad y fundador de Tecnoabogado Formación.

Dos perfiles que resumían bien el espíritu del encuentro: tradición jurídica e innovación tecnológica, sin que una aplaste a la otra.

El magistrado pone los límites

Julián Moreno Retamino, magistrado de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía, ofreció, por su parte, una exposición rigurosa sobre el marco jurídico de la inteligencia artificial, tanto en el plano internacional como nacional.

El magistrado subrayó tres ejes fundamentales para la judicatura: la necesidad del control y la supervisión humana de estas herramientas, la obligación de evitar sesgos en su aplicación y el deber de los jueces de emplear únicamente aquellas soluciones expresamente permitidas por el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ).

El coloquio final confirmó lo que ya se intuía en la sala: el sector jurídico no discute ya si la inteligencia artificial va a entrar en la práctica profesional de alto nivel. Discute cómo, con qué garantías y quién fija las reglas.

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