Los ministros de Asuntos Exteriores de los 46 Estados miembros del Consejo de Europa dieron ayer en Estrasburgo uno de los pasos más relevantes en la historia reciente del derecho internacional.
Firmaron el acuerdo fundacional del Tribunal Especial para el crimen de agresión contra Ucrania, un órgano jurisdiccional inédito que tendrá por misión investigar, procesar y juzgar a los máximos responsables de la guerra desatada por Rusia.
La cifra es significativa. Treinta y cuatro Estados miembros del Consejo de Europa —entre ellos España, Francia, Alemania, Italia, Polonia y el Reino Unido—, junto con la Unión Europea, Australia y Costa Rica han declarado su voluntad de adherirse al Acuerdo Parcial Ampliado que crea el tribunal.
En total, 36 países más la UE –el 73,9 % del total de los países–. Un bloque de apoyo que, pese a no ser unánime, supone una masa crítica suficiente para avanzar hacia la operatividad del nuevo órgano.
El instrumento jurídico adoptado abre la vía a concretar las modalidades de funcionamiento y financiación del tribunal. Los detalles del modelo organizativo quedan aún por definir, pero la arquitectura política ya está en pie.
Reparaciones y menores deportados: las otras dos grandes apuestas
La agenda de Estrasburgo no se agotó en el tribunal. Los ministros celebraron también el respaldo creciente al Convenio por el que se establece una Comisión Internacional de Reclamaciones para Ucrania —el mecanismo llamado a gestionar las indemnizaciones a las víctimas del conflicto— y urgieron a más Estados a sumarse para acelerar su puesta en marcha.
Igualmente, reafirmaron su determinación de lograr el retorno de los menores ucranianos deportados ilegalmente o trasladados por la fuerza a territorio ruso.
Para ello, invocaron expresamente la sentencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos en el caso Ucrania y Países Bajos c. la Federación de Rusia, dictada en julio de 2025, cuya ejecución consideran un instrumento clave en esa exigencia.
Migración y Convenio Europeo: un equilibrio delicado
El Comité de Ministros aprobó también una declaración sobre el Convenio Europeo de Derechos Humanos y la política migratoria.
El texto, que sigue a la Conferencia de Ministros de Justicia celebrada en Estrasburgo en diciembre de 2025, reafirma el compromiso con el Convenio y la independencia del Tribunal de Estrasburgo, a la vez que reconoce el derecho soberano de los Estados a controlar la entrada y residencia de extranjeros en su territorio.
La tensión entre ambos principios no es nueva. Pero la declaración busca expresarla de forma explícita: los retos de la migración requieren una respuesta común basada en derechos humanos, democracia y Estado de derecho; y los debates continuarán en el marco de la Red de Puntos Focales sobre Migración del Consejo de Europa.
Blanqueo, terrorismo y desinformación: tres frentes jurídicos en movimiento
La reunión ministerial abordó además otros tres expedientes de calado jurídico. El primero, la modernización del Convenio relativo al blanqueo, seguimiento, embargo y decomiso de los productos del delito y a la financiación del terrorismo.
Una actualización que responde a la evolución de las tipologías delictivas en ambos ámbitos.
El segundo, la desinformación. El Comité de Ministros encargó al secretario general, el suizo Alain Berset, que presente propuestas para un nuevo instrumento jurídico —incluido un posible convenio marco— sobre manipulación informativa e injerencia de origen extranjero, conocida por sus siglas en inglés como FIMI.
La amenaza que representan estas prácticas para los derechos humanos, la democracia y el Estado de derecho fue expresamente subrayada en la sesión.
El tercero, de naturaleza más política, fue la acogida del informe anual del secretario general, titulado El Nuevo Pacto Democrático para Europa en tiempos de ruptura, que pone el acento en la necesidad de reforzar la seguridad democrática del continente en un momento geopolítico de creciente fragilidad institucional.
