El Presidente del Tribunal Europeo de Derechos Humanos, Mattias Guyomar, y el presidente del Tribunal Constitucional Cándido Conde-Pumpido, durante una visita al Tribunal Constitucional este miércoles 29. Foto: EP.

El presidente del TEDH alerta que las amenazas a los jueces ponen en riesgo la democracia en su visita al Constitucional

29 / 04 / 2026 17:05

Actualizado el 29 / 04 / 2026 17:05

El presidente del Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH), Mattias Guyomar, y el presidente del Tribunal Constitucional (TC), Cándido Conde-Pumpido, escenificaron este miércoles en Madrid una defensa cerrada del diálogo institucional como pilar para la preservación del denominado’ ius commune’ europeo y del sistema de garantías de los derechos fundamentales.

Durante su intervención en la sede del TC, en el marco de la conferencia titulada “El orden público europeo y las identidades constitucionales”, Guyomar advirtió de un fenómeno que, a su juicio, trasciende fronteras: la creciente presión sobre la judicatura.

«No es un caso exclusivo de España; los jueces están amenazados en el ejercicio de su función», señaló, subrayando que esta situación entraña riesgos directos para el Estado de derecho y, en última instancia, para la democracia.

Convergencia entre Estrasburgo y el TC

En este contexto, el presidente del TEDH apeló a la «solidaridad judicial» como mecanismo de refuerzo institucional. Según explicó, dicha solidaridad no solo debe operar como respaldo corporativo, sino como garantía estructural del sistema democrático, siempre bajo el respeto al principio de separación de poderes.

Por su parte, Conde-Pumpido puso el acento en la lealtad institucional entre el TC y la jurisdicción de Estrasburgo, destacando resoluciones del TEDH que han avalado el papel del tribunal español como “máximo intérprete de los derechos fundamentales” en el ordenamiento interno.

El magistrado reivindicó además la solidez del modelo español de protección de derechos humanos, apuntando tanto al reducido número de condenas como a la ausencia de pronunciamientos de carácter estructural contra España.

El papel de los tribunales ante la IA y el cambio climático sin invadir al legisladoR

En el plano doctrinal, Guyomar defendió la noción de «complementariedad horizontal» como eje de articulación entre tribunales nacionales y europeos. Este concepto —precisó— permite abordar de forma coordinada los retos emergentes que impactan en el ámbito jurídico, desde el cambio climático hasta el desarrollo de la inteligencia artificial, sin desdibujar las competencias propias de cada jurisdicción.

El presidente del TEDH incidió también en la idea de «responsabilidad compartida» dentro del sistema europeo de protección de derechos, recordando que el Convenio Europeo de Derechos Humanos actúa como instrumento de referencia que los tribunales constitucionales nacionales integran en su práctica jurisdiccional sin sustituir sus propias fuentes normativas.

España reivindica la solidez de su sistema de garantías de derechos

En esta línea, el presidente del Tribunal Constitucional calificó la recepción de la jurisprudencia de Estrasburgo en España como una “sana costumbre”, que ha favorecido una cierta convergencia interpretativa entre ambas instancias.

Guyomar insistió en que el diálogo entre jurisdicciones resulta imprescindible para la «construcción permanente» del derecho común europeo, especialmente en un contexto de transformaciones normativas y sociales. A su juicio, las disfunciones detectadas en los sistemas jurídicos deben entenderse como oportunidades para su adaptación a nuevas realidades.

Finalmente, el magistrado francés reivindicó el papel de los jueces nacionales en este entramado multinivel y lanzó un mensaje de cohesión: «Somos más fuertes juntos».

No obstante, matizó que el TEDH mantendrá su función jurisdiccional sin invadir el ámbito del legislador, incluso en cuestiones emergentes como el cambio climático o los nuevos derechos vinculados a la tecnología.

«No vamos a inventar derechos ni a convertirnos en legisladores», concluyó, reiterando la centralidad del principio de separación de poderes en el sistema europeo de garantías.

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