Dimitri Berberoff, vicepresidente del Tribunal Supremo, y Carlos Hugo Preciado, vocal del Consejo General del Poder Judicial, han presentado sus candidaturas para ocupar la plaza que corresponde a España en el Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH) para el período 2027-2036.
Ambos aspiran a suceder a la actual jueza española en el TEDH, María Elósegui, cuyo mandato concluye en marzo de 2026. Son dos de los 28 juristas que han concurrido a la convocatoria.
Tanto Dimitry Berberoff como Carlos Hugo Preciado son personas de la máxima confianza de la presidenta del CGPJ y del Tribunal Supremo, Isabel Perelló. Cualquier de los dos privaría le privaría de su principales apoyos, en especial el del vocal progresista.
La elección del próximo magistrado del TEDH por España tiene que llevarla a cabo el Pleno de la Asamblea Parlamentaria del Consejo de Europa, que tiene su base en Estrasburgo, Francia, a pocos metros del tribunal, por mayoría, formado por 306 miembros.
Comité de selección
Pero antes de que eso ocurra, hay un filtro previo que empieza a generar incomodidad: un comité de selección dominado por altos cargos del Ejecutivo deberá proponer la terna de finalistas, y eso choca frontalmente con lo que Estrasburgo está a punto de exigir a los Estados miembros.
El comité lo componen el secretario de Estado de Asuntos Exteriores y Globales, Diego Martínez Belío; el secretario de Estado de Justicia, Manuel Olmedo; el subsecretario de la Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, Alberto Herrera; la vocal del Consejo General del Poder Judicial, Gema Espinosa, y la miembro permanente del Consejo de Estado, Paz Andrés.
Tres de cinco son cargos directamente dependientes del Gobierno. La Orden que lo formalizó, firmada por el ministro Félix Bolaños, se publicó en el BOE el 12 de enero, al amparo de un Real Decreto de noviembre de 2020.
El problema llega desde Estrasburgo, y llega con urgencia. La Comisión para la Elección de Jueces del TEDH aprobó el pasado 17 de marzo, por unanimidad, una propuesta de resolución que la Asamblea Parlamentaria del Consejo de Europa debatirá en apenas dos semanas.
El texto pide a los Estados parte que mejoren la «equidad y transparencia» en la confección de sus ternas nacionales. Y va más allá: exige, con toda la literalidad del caso, que el Ejecutivo «no domine la composición del órgano nacional de selección».
La propuesta no deja margen para la interpretación. Los comités nacionales deberían nutrirse mayoritariamente de perfiles ajenos al aparato gubernamental: magistrados, defensores del pueblo, representantes de colegios de abogados, académicos.
El español, tal y como está configurado hoy, invierte ese criterio.
Cada candidato debe hablar a la perfección inglés o francés, o los dos
El calendario aprieta. España aún no ha propuesto su terna. La Asamblea Parlamentaria tendrá que pronunciarse sobre los nuevos estándares antes de que el proceso español concluya. Si la resolución se aprueba en los términos previstos, Madrid podría verse en la incómoda posición de defender un procedimiento que el propio Consejo de Europa acaba de señalar como insuficiente.
Una vez que el comité de selección apruebe la terna, y haya verificado que los candidatos acreditar un elevado conocimiento de uno de los dos idiomas oficiales del Tribunal (inglés y francés) y al menos suficiente conocimiento pasivo del otro, y el Consejo de Ministros le de su bendición, los elegidos pasarán por un órgano evaluador que examina si cumplen los requisitos establecidos por el Convenio Europeo.
Tras ese proceso, los tres candidatos tienen que comparecer ante el Comité de Asuntos Jurídicos de la Asamblea Parlamentaria para ser entrevistados en el idioma que manejan, de lo que saldrá un informe de idoneidad.
Este es un examen en condiciones de cada candidato sobre su trayectoria, independencia y el conocimiento del sistema del Convenio.
La decisión final la toma la Asamblea Parlamentaria del Consejo de Europa. Los parlamentarios de los 46 Estados miembros votan entre los tres candidatos de la terna española.
Gana quien obtiene mayoría de votos emitidos. El resultado es vinculante: no hay recurso ni segunda vuelta.
Entre los 26 candidatos restantes figuran catedráticos de Derecho Constitucional, Procesal e Internacional, magistrados de distintas jurisdicciones, fiscales y juristas con trayectoria en instituciones europeas, entre ellos Rafael Bustos, catedrático de Derecho Constitucional y miembro titular de la Comisión de Venecia, y Ana Salinas, catedrática de Derecho Internacional Público, cuyo nombre suena positivamente.
