El ministro de Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, Félix Bolaños, ha informado este viernes de que el Ejecutivo nacional estudiará el expediente de indulto al exfiscal General del Estado, Álvaro García Ortiz. Una decisión distinta a lo asegurado hace unos meses por el Gobierno nacional tras la condena al FGE.
Hace apenas unos meses, el ya exfiscal General del Estado, Álvaro García Ortiz, era condenado por el Tribunal Supremo.
Ello, siendo considerado culpable de un delito de revelación de secretos, que afectó a la pareja de la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso. Una condena que inhabilitó a García Ortiz como fiscal general del Estado durante dos años, así como una multa de 7.200 euros, y una indemnización de 10.000 euros.
Una condena ante la que, durante esos días de noviembre de 2025, el Gobierno nacional aseguraba ante los medios que «descartaban» que entre los planes de la Moncloa estuviera preparar un indulto para García Ortiz.
Algo que, sin embargo, en apenas seis meses, parece haber cambiado de forma radical.
Así pues, este viernes, el ministro Félix Bolaños ha explicado lo que parece implicar que el trámite de indulto ya se encuentra en sus primeras fases.
«Ya hay tres ciudadanos que han pedido este indulto, y también tiene una petición de amparo en el Tribunal Constitucional», ha destacado el ministro.
Un indulto a García Ortiz que incluiría la inhabilitación
En concreto, actualmente estas peticiones de indulto se encontrarían ante el Tribunal Supremo, que se encuentra realizando un expediente el cual, cuando esté completo, «se enviará al Gobierno, que es quien tiene que tomar la decisión», ha explicado el ministro.
Una posibilidad que abre la puerta al «perdón» de García Ortiz apenas unos meses después de ser condenado desde el Ejecutivo nacional, que en todo momento mantuvo el apoyo al exFGE.
Apoyo a esta posibilidad que también parece llegar desde Fiscalía.
Así, la Fiscalía habría apoyado en un informe la concesión de un indulto parcial para García Ortiz. Ello, considerando que la condena supone «consecuencias extrapenales intensas y desproporcionadas».
«Debe dejarse constancia de que la afectación a los derechos del proceso debido del perjudicado, en la propia sentencia se relativizan haciéndose hincapié de que el perjudicado conserva en plenitud su derecho a la presunción de inocencia y a la defensa», destacaba la teniente fiscal del Supremo, Ángeles Conde.
Y manifiesta que García Ortiz «asumió en todo momento la responsabilidad en la confección de la nota de prensa informativa que está en la base de su condena», así como que el ex fiscal general se ha mostrado «a disposición del tribunal».
Un «perdón», defendido por la Fiscalía, que incluiría la pena de inhabilitación para ejercer como FGE, pudiendo así retomar el cargo que actualmente reposa en manos de Teresa Peramato.
