La presidenta del Tribunal Supremo y del Consejo General del Poder Judicial ha lanzado hoy un mensaje inequívoco desde Granada: la independencia judicial no es negociable.
Isabel Perelló cerró las XXXIV Jornadas de presidentes de Tribunales de Instancia (antes jueces decanos de los juzgados) con un discurso que fue, a la vez, una declaración de principios y un aviso a navegantes.
«No hay garantía real de los derechos fundamentales sin un Estado de Derecho efectivo; y no hay Estado de Derecho sin jueces independientes».
Lo dijo con la contundencia de quien sabe exactamente lo que está diciendo. Y a quién se lo está diciendo.
Perelló no se quedó en lo abstracto. Recordó las palabras que el presidente del Tribunal Europeo de Derechos Humanos, Mattias Guyomar, pronunció la semana pasada durante su visita al alto tribunal español: que cada ataque a un juez por sus resoluciones es, en realidad, un ataque al Estado de Derecho.
Y citó también las advertencias de la Comisión Europea: los poderes ejecutivo y legislativo tienen la obligación de abstenerse de críticas que erosionen la confianza pública en el Poder Judicial.
El mensaje no podía ser más directo. «Quiero manifestar mi absoluto respaldo y apoyo, y el del CGPJ, a los integrantes de la carrera judicial en su labor cotidiana y, especialmente, a los que se ven afectados por actuaciones y presiones que no respetan este marco de lealtad institucional, que es un deber implícito en la Constitución».
Los Tribunales de Instancia: entre la reforma y la realidad
Ante casi medio centenar de presidentes de Tribunales de Instancia —los antiguos jueces decanos, reconvertidos en pieza central de la reforma judicial impulsada por la Ley Orgánica 1/2025—, Perelló hizo también balance de una transformación estructural que avanza, pero no sin tropiezos.
Los Tribunales de Instancia son, en sus palabras, la organización judicial más próxima al ciudadano. La «cara visible» del Poder Judicial para quienes atraviesan un procedimiento judicial.
Una responsabilidad enorme. Y una presión cotidiana que la presidenta del CGPJ reconoció sin ambages: «Soy consciente de las dificultades que afrontáis para garantizar, muchas veces en condiciones muy exigentes, la continuidad del servicio público de Justicia.»
El CGPJ ha aprobado instrucciones, ha regulado provisionalmente la elaboración de alardes y ha constituido un grupo de trabajo específico —integrado por la propia Perelló y seis vocales— que ha contado con la participación de los presidentes de Tribunales Superiores de Justicia, los decanos exclusivos y los distintos operadores jurídicos. Trabajo intenso. Pero insuficiente todavía.
«A pesar de todo el trabajo realizado, debemos ser realistas porque todavía queda mucho trabajo por hacer». La frase de Perelló resume con precisión quirúrgica el estado real de la reforma.
Los problemas sobre la mesa son concretos: la implantación obligatoria de los medios alternativos de solución de conflictos (MASC), las dificultades con la dación de cuenta entre la oficina judicial y los jueces, los fallos persistentes del expediente judicial electrónico y, sobre todo, la cuestión de la presencialidad.
En este punto, Perelló fue categórica. La presencia física de los jueces no es una cuestión de preferencia ni de comodidad organizativa. «Es imprescindible para preservar la confianza de los ciudadanos en la justicia. Encarnamos una institución, y ciudadanos y abogados confían en que los titulares del poder judicial estemos en el lugar en que esperan encontrarnos.»
En el acto de clausura también intervinieron el presidente del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía, Lorenzo del Río, y el presidente del Tribunal de Instancia de Granada, Alberto del Águila.
