El ministro de la Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, Félix Bolaños, lo dejó meridianamente claro este martes en el Pleno del Senado: el Ejecutivo no pinta nada en la concesión del régimen de semilibertad a presos condenados por terrorismo. Nada.
Eso, dijo, es cosa de los jueces.
La sesión había arrancado con una pregunta incómoda. La senadora del PP Rocío Dívar sacó a la palestra el caso de Soledad Iparraguirre, alias ‘Anboto’, exdirigente de ETA, cuyo régimen de flexibilización de condena había sido acordado por el Gobierno vasco para ser, a continuación, fulminado por el juez de Vigilancia Penitenciaria José Luis Castro.
El magistrado lo revocó. Argumentó que generaba «desasosiego» a las víctimas y «falsas expectativas» a la propia exjefa de la banda.
Bolaños no se inmutó.
«Son los jueces quienes deciden quién está en prisión y quién sale», respondió, cortante.
El progreso de grado, añadió, también lo fijan los magistrados de Vigilancia Penitenciaria, no el Gobierno.
Y remató con un dato que consideró inapelable: el Reglamento General Penitenciario «no se ha tocado» desde 1966.
Lo han aplicado, por tanto, ejecutivos del PP y del PSOE por igual. «Da igual que la competencia sea autonómica o estatal. Siempre se aplica por la administración competente y la última palabra la tiene el juez.»
La derrota de ETA, esgrimida como escudo
Ahí no acabó la cosa. Lejos de limitarse a la cuestión técnica, el ministro dio un giro deliberado hacia el terreno político y lanzó un recordatorio que sonó a reproche directo.
«La derrota de ETA fue un triunfo de la democracia», afirmó Bolaños, y fue «impulsada» por un Gobierno socialista: el de José Luis Rodríguez Zapatero, con Alfredo Pérez Rubalcaba como ministro del Interior.
Acto seguido, apuntó directamente al PP: sus dirigentes «apoyaron en privado» las negociaciones para poner fin a la banda terrorista mientras «en público» se manifestaban contra lo que llamaban «la ruptura de España».
«Estábamos intentando que en España no hubiera terrorismo: lo conseguimos. Ustedes estaban en contra. Y España es un país mejor porque no hay terrorismo.»
Golpe dialéctico sin anestesia.
La réplica del PP: «amnistía encubierta» y aritmética parlamentaria
La senadora Dívar no cedió terreno. Para el PP, el problema no es teórico ni competencial: es real y se llama artículo 100.2 del Reglamento Penitenciario.
Ese precepto, que regula la flexibilización de las condenas, está sirviendo, según denunció, como «atajo hacia la semilibertad de miembros de ETA».
Un uso «abusivo», en sus palabras, que genera «alarma institucional» y que convierte el cumplimiento efectivo de las penas en papel mojado.
Su exigencia fue concreta: que Bolaños se comprometa a modificar ese artículo para «acabar con la amnistía encubierta» a los etarras.
Y el diagnóstico que ofreció fue demoledor en su simplicidad: si el PSOE no corta por lo sano con estos beneficios penitenciarios, es porque no puede permitirse «tensar la relación con Bildu». La aritmética parlamentaria, sostuvo Dívar, manda más que la ley.
Su frase final fue un misil bien apuntado: «El PP no saca a ETA a pasear; es el PSOE el que saca a ETA de la cárcel.»
Bolaños no respondió a eso. No hacía falta. El debate ya estaba servido.
El caso ‘Anboto’ vuelve así al centro del debate político sobre la política penitenciaria antiterrorista, con el artículo 100.2 del Reglamento Penitenciario convertido en campo de batalla entre el Gobierno central, el Ejecutivo vasco, los jueces de Vigilancia Penitenciaria y una oposición que huele sangre electoral en cada beneficio penitenciario concedido a un exmiembro de la banda.
