El Pleno del Tribunal Constitucional (TC) ha decidido admitir a trámite el conflicto entre órganos constitucionales planteado por el Senado contra el Gobierno, tras la negativa del presidente Pedro Sánchez a dar explicaciones ante la Cámara Alta por los accidentes ferroviarios de Adamuz y Rodalies.
La corte de garantías entra así de lleno en una disputa jurídica originada por el acuerdo del Consejo de Ministros del pasado 17 de marzo, en el que el Ejecutivo rechazó el requerimiento del Senado para que el presidente compareciera el 29 de enero de 2026 para informar sobre la seguridad y responsabilidades en dichos siniestros.
El Senado considera que se han vulnerado facultades constitucionales básicas
La demanda del Senado se fundamenta en que la incomparecencia de Sánchez ha bloqueado de forma efectiva el ejercicio de la función de control parlamentario, un pilar esencial recogido en el artículo 66.2 de la Constitución Española (CE).
La Cámara Alta sostiene que esta actitud vulnera facultades constitucionales básicas, como la capacidad de reclamar la presencia de miembros del Gobierno prevista en el artículo 110 o el derecho a formular preguntas recogido en el artículo 111, lo que en última instancia afectaría al derecho fundamental de los senadores al ejercicio de su función parlamentaria bajo el artículo 23.2 de la Carta Magna.
Este conflicto surge en un clima de alta tensión política, después de que la mayoría absoluta del Partido Popular en el Senado impulsara la vía judicial ante el desplante del Ejecutivo.
Previamente, el presidente de la Cámara Alta, Pedro Rollán, ya había advertido por escrito al jefe del Gobierno sobre las posibles consecuencias jurídicas que acarrearía su ausencia en el Pleno extraordinario al que había sido citado.
El TC también conocerá del conflicto por una enmienda al Proyecto de Ley sobre navegación y segurida aérea
Más allá de la seguridad ferroviaria, el Tribunal Constitucional también ha admitido a trámite otro frente de conflicto relacionado con el uso del veto presupuestario por parte del Gobierno.
En este caso, el Senado cuestiona la paralización de una enmienda del PP sobre la Ley de Navegación Aérea y la Ley de Seguridad Aérea, argumentando que dicha maniobra gubernamental podría contravenir diversos preceptos constitucionales y el propio Reglamento de la Cámara Baja.
Este escenario de litigiosidad no es aislado, ya que la corte de garantías tiene pendiente de resolución otros cuatro conflictos similares admitidos recientemente, vinculados a vetos presupuestarios en leyes sobre desperdicio alimentario y movilidad sostenible.
