Hay mensajes que se pronuncian en voz baja. Y hay mensajes que se clavan. El que trajo ayer a Madrid Mattias Guyomar, presidente del Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH), francés, fue de los segundos.
En el Tribunal Supremo, ante la presidenta Isabel Perelló y la práctica totalidad de la cúpula judicial española, el máximo responsable del tribunal de Estrasburgo dijo lo que muchos piensan pero pocos formulan con esta precisión: atacar a los jueces no es una reacción espontánea de ciudadanos descontentos.
Es una táctica. Un método deliberado para vaciar de contenido las instituciones que sostienen el Estado de Derecho.
«Los propios jueces se han convertido en objetivos privilegiados», afirmó Guyomar. Los ataques a su legitimidad, a su independencia y a su integridad personal no son daños colaterales del debate democrático.
Son, en sus palabras, «medios para debilitar la autoridad de las instituciones en las que ejercen, los principios y valores que encarnan y, con ello, obstaculizar su capacidad para cumplir la misión que se les ha encomendado».
La estrategia funciona así: si consigues que nadie confíe en el árbitro, el partido lo ganas tú.
El auditorio —los presidentes de las cinco Salas del Supremo, vocales del CGPJ, magistrados de todas las jurisdicciones— escuchaba a alguien que describía, con vocabulario europeo, una realidad que ellos conocen desde dentro.
El presidente del TEDH fue más lejos. Identificó el vector ideológico del ataque: el populismo. En ciertos discursos, dijo, los derechos humanos se presentan como «un obstáculo para la expresión de la voluntad mayoritaria», como algo que «solo beneficia a determinados grupos»—los migrantes, los presos, los vulnerables— o directamente como «instrumentos de un proyecto ideológico».
Esas acusaciones, advirtió, no son accidentales. Se inscriben en «un contexto más amplio de erosión de la adhesión a los valores humanistas, así como a los principios de pluralismo y tolerancia».
El remate fue quirúrgico. El TEDH —»expresión del poder judicial»— es denunciado cada vez con mayor frecuencia como un mecanismo para «despojar al pueblo de su soberanía» en beneficio de un supuesto «gobierno de los jueces».
Guyomar lo nombró sin ambages. Porque nombrarlo es, también, combatirlo.
Guyomar no habló solo de Europa. Insistió en que esta dinámica «se da también a nivel nacional».
Perelló, al presentarle, destacó su «profunda solidez jurídica» y su «vocación constante de servicio público.» Palabras de protocolo que, en boca de la presidenta del órgano de gobierno de los jueces españoles, tenían el peso específico de quien sabe exactamente de qué se está hablando.
En el coloquio posterior participaron el vicepresidente del Supremo, Dimitry Berberoff; los presidentes de las cinco Salas —Ignacio Sancho Gargallo, Andrés Martínez Arrieta, Pablo Lucas Murillo de la Cueva, Concepción Ureste y Jacobo Barja de Quiroga— y la jueza española en el TEDH, María Elósegui, que el próximo año cumple su mandato.
Un encuentro que, según Perelló, «fortalece el diálogo jurídico e institucional.»
Diálogo, sí. Pero también algo más urgente: la constatación de que la amenaza es real, tiene nombre y ya ha cruzado fronteras.
