La independencia judicial volvió a situarse en el centro del debate constitucional iberoamericano. Y lo hizo desde Brasilia, en el cierre de la XVI Conferencia Iberoamericana de Justicia Constitucional, donde el magistrado de la máxima corte de garantías española, Enrique Arnaldo Alcubilla, hizo una advertencia que resonó entre representantes de tribunales supremos y cortes constitucionales de cuatro continentes: «sin jueces independientes, la democracia pierde uno de sus últimos diques de contención».
Arnaldo, que ha sido reelegido por aclamación para continuar al frente de la conferencia durante los próximos cuatro años, defendió que la protección de los derechos fundamentales constituye hoy el verdadero termómetro de la salud democrática de los Estados.
“La garantía de los derechos es la garantía de la democracia”, afirmó durante la ceremonia de clausura celebrada en la sede del Supremo Tribunal Federal brasileño.
El mensaje no fue casual. Tampoco retórico. Las intervenciones de los distintos magistrados dejaron entrever una inquietud compartida en buena parte del espacio iberoamericano: el aumento de las presiones políticas, institucionales e incluso sociales sobre el Poder Judicial.
Un fenómeno que, según se desprendió de los debates, ya no se percibe como episodios aislados, sino como una tendencia creciente que amenaza la autonomía de las jurisdicciones constitucionales.
En ese contexto, Arnaldo reivindicó el papel de las cortes constitucionales como garantes últimos del Estado de Derecho frente a intentos de injerencia procedentes tanto de poderes públicos como de actores privados.
La independencia judicial, esencial para preservar el equilibro democrático
La defensa de la independencia judicial, sostuvo, no es una cuestión corporativa ni un privilegio de los jueces, sino una condición estructural para preservar el equilibrio democrático y evitar la erosión institucional.
La conferencia, celebrada por primera vez en Brasil, también evidenció cómo la justicia constitucional ha comenzado a incorporar nuevos frentes de discusión.
Entre ellos, la crisis climática. El magistrado español destacó que la protección del medio ambiente ha dejado de ocupar una posición periférica en el debate jurídico para convertirse en una cuestión constitucional de primer orden.
Según explicó, los participantes coincidieron en la necesidad de reforzar la tutela jurídica de la naturaleza frente a presiones económicas y políticas cada vez más intensas.
Durante varios días, el foro reunió en el Supremo Tribunal Federal a representantes de tribunales constitucionales y supremas cortes de Iberoamérica, Europa, África y el mundo árabe, junto a instituciones internacionales como la Comisión de Venecia, la Corte Interamericana de Derechos Humanos y el Tribunal Permanente de Revisión del Mercosur.
La próxima edición de la Conferencia Iberoamericana de Justicia Constitucional se celebrará en Lima en 2028, en un escenario internacional marcado por una creciente tensión entre poderes, el auge de discursos de confrontación institucional y los desafíos que plantea la redefinición contemporánea del constitucionalismo democrático.
