La batalla judicial sobre la regularización extraordinaria de migrantes impulsada por el Gobierno entra este viernes en una fase decisiva.
La Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Supremo celebrará una vista para escuchar los argumentos de quienes reclaman la suspensión cautelar del real decreto aprobado por el Ejecutivo de Pedro Sánchez mientras se tramita el procedimiento principal.
La sesión, inicialmente fijada para el pasado 13 de mayo, fue aplazada por “necesidades del servicio”, hasta el próximo viernes, 22 de mayo.
Frente al decreto comparecerán varias organizaciones y administraciones que consideran que la medida desborda el marco legal vigente y puede tener consecuencias irreversibles.
Entre los recurrentes figuran Hazte Oír, la Asociación por la Reconciliación y la Verdad Histórica, Libertad y Justicia, Vox y la Comunidad de Madrid.
En el lado opuesto estará la Abogacía del Estado, que defenderá la plena vigencia de la norma y advertirá ante los magistrados de que una paralización cautelar tendría un impacto directo sobre cientos de miles de personas extranjeras afectadas por el proceso.
Según el escrito de alegaciones remitido al Supremo, la suspensión supondría una “afectación directa” tanto a los derechos de los potenciales beneficiarios como “al interés general”.
El núcleo del debate jurídico gira en torno a la dimensión y alcance de la medida aprobada por el Ejecutivo.
Hazte Oír sostiene que el decreto no se limita a una actuación administrativa puntual, sino que modifica de manera estructural la política migratoria española, excediendo —a su juicio— los márgenes legales habilitados para este tipo de instrumentos normativos.
En términos similares se pronuncia la Asociación por la Reconciliación y la Verdad Histórica, que aprecia un “riesgo cierto de perjuicio irreparable” derivado de la eventual tramitación masiva de expedientes y de la consolidación de situaciones jurídicas individualizadas mediante la concesión de permisos de residencia y trabajo.
Desde Vox, el secretario general del partido, Ignacio Garriga, ha elevado el tono político del recurso. La formación considera que la medida equivale a “la legalización e institucionalización de la invasión migratoria” y denuncia que el mensaje trasladado es que entrar irregularmente en España termina teniendo recompensa administrativa.
También la Comunidad de Madrid, presidida por Isabel Díaz Ayuso, ha cargado contra el decreto.
El Ejecutivo autonómico sostiene que la regularización afectará “gravemente” a la capacidad de prestación de servicios públicos en la región, sin prever —según denuncia— mecanismos suficientes de financiación ni refuerzo de medios. Además, cuestiona la compatibilidad de la iniciativa con la normativa europea y alerta de posibles efectos sobre la seguridad.
La medida aprobada en abril por el Gobierno de Pedro Sánchez prevé beneficiar, según cálculos del Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, a cerca de medio millón de personas: unos 250.000 solicitantes de asilo y otras 250.000 que actualmente se encuentran en situación administrativa irregular.
El Supremo ya había dado un primer paso procesal ese mismo mes al requerir al Ministerio de la Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes la remisión íntegra del expediente administrativo relativo al decreto, documentación clave para evaluar ahora si concurren o no las circunstancias necesarias para adoptar la suspensión cautelar solicitada.
