La presidenta del Tribunal Supremo y del Consejo General del Poder Judicial, Isabel Perelló, recibió ayer a una nutrida delegación del Comité Internacional contra la Pena de Muerte (CIPM) en la sede del órgano de gobierno de los jueces.
El mensaje fue nítido: apoyo institucional pleno a su misión abolicionista.
Tres son los ejes que vertebran la actividad del CIPM: promover la abolición de la pena capital en el mundo, impulsar moratorias en su aplicación allí donde aún se ejecuta y exigir el cese inmediato de las ejecuciones, con especial atención a los casos que afectan a los sectores más vulnerables de la sociedad.
En la reunión también estuvo presente el vocal del CGPJ Carlos Hugo Preciado, que preside el Grupo de Trabajo de Derechos Humanos constituido en el seno de este órgano constitucional.
Su presencia no era protocolaria.
Era coherente.
«El mayor atentado contra el más básico de los derechos humanos»
Perelló no se anduvo con evasivas. En su intervención de bienvenida, elogió la labor que el CIPM desarrolla a escala global y no escatimó en contundencia al abordar la pervivencia de la pena de muerte en pleno siglo XXI.
«Parece increíble que la pena de muerte, el mayor atentado que puede existir contra el más básico de los derechos humanos, todavía sea una realidad en muchos Estados que se autodenominan democráticos y, desgraciadamente, una realidad cotidiana en muchos otros países de todo el mundo», afirmó la presidenta del Supremo.
Duro diagnóstico. Y certero.
Una delegación de peso excepcional
La reunión fue solicitada por el propio CIPM con un doble propósito: presentar su trabajo ante la cúpula judicial española y dar a conocer el próximo Congreso Mundial contra la Pena de Muerte, que tendrá lugar en París entre el 30 de junio y el 2 de julio.
La composición de la delegación era, cuando menos, llamativa. Ocho nombres de trayectoria internacional acreditada se sentaron frente a Perelló.
Manuela Carmena, exmagistrada, exvocal del CGPJ y exalcaldesa de Madrid; Dannel Malloy, exgobernador del estado de Connecticut, en Estados Unidos; Sylvie Kayitesi, jueza del Tribunal Supremo de Ruanda y exministra de su país; Isabelle Rome, embajadora francesa para los Derechos Humanos y exministra de Igualdad; Ivan Šimonović, exsubsecretario general de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos y exministro de Justicia de Croacia; Marta Santos Pais, ex representante especial del Secretario General de la ONU sobre la Violencia contra los Niños; Barbara Lochbihler, exdiputada al Parlamento Europeo y exsecretaria general de Amnistía Internacional Alemania; y Hanne Sophie Greve, exjueza del Tribunal Europeo de Derechos Humanos.
Difícil reunir más experiencia en derechos humanos en una sola sala.
Vías de colaboración abiertas
La reunión no concluyó en un mero intercambio de cortesías. Los participantes acordaron explorar distintas vías de colaboración entre el CGPJ y el CIPM. Los detalles, por concretar. La voluntad, manifiesta.
