El exmagistrado Baltasar Garzón no se anda con rodeos. La sentencia que el pasado noviembre llevó al exfiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, a dos años de inhabilitación por revelación de secretos no le parece, sencillamente, justa.
Y lo dice así, sin matices que suavicen el golpe: a su juicio, García Ortiz «hizo lo que tenía que hacer» al resistirse a dimitir cuando arreciaban las presiones, y la institución que dirigía salió, paradójicamente, reforzada de todo el episodio.
«Creo que la Fiscalía General y su representante en ese momento hizo lo que tenía que hacer, no dimitir, mantener incólume el principio de presunción de inocencia», afirmó durante una entrevista con Europa Press con motivo de la presentación de su último libro, ‘La democracia amenazada’ (Planeta).
El razonamiento de Garzón se apoya en un detalle que no es menor: el voto particular de dos magistradas de la Sala Segunda. Para él, ese disenso lo dice todo.
La condena —a su juicio— no descansa sobre una prueba «lo suficientemente contundente como para avalar» un fallo de ese calibre.
«Hay un voto particular de dos de las magistradas donde claramente se establecen cuáles son esas discrepancias, las cuales suscribo perfectamente», remachó.
Una sentencia, insiste, debe edificarse sobre hechos probados que resistan «el análisis de todos».
Y de ahí salta a la cuestión incómoda, la que late bajo todo el caso: ¿por qué tendría que haberse marchado?
«Tampoco puedes estar a expensas de que políticamente interese que, iniciado un procedimiento, dimitas», argumentó. La pregunta que lanza es retórica, pero punzante: «¿Quién repara a los ciudadanos que tenemos derecho a que esa persona en concreto siga en ese puesto?».
Conviene recordar que, una vez dictada la sentencia, García Ortiz sí dimitió y cesó. El gesto, para Garzón, llegó cuando tocaba: ni antes, por presión política, ni después de lo debido.
Lawfare: cuando el procedimiento se convierte en arma
Preguntado por el fenómeno del ‘lawfare’ —esa guerra judicial de trasfondo político que algunos denuncian y otros tildan de coartada—, Garzón afina el bisturí.
No señala a los jueces como autores de la instrumentalización, pero tampoco cierra los ojos. «Hay elementos que pueden interpretarse como que determinadas investigaciones contribuyen a que se puede estar instrumentalizando la justicia», concedió.
Tiene en mente, sin nombrarlas de entrada, las causas que rodean al entorno del presidente del Gobierno: la que instruye Juan Carlos Peinado contra Begoña Gómez y la que afecta a David Sánchez, esposa y hermano de Pedro Sánchez, respectivamente.
Su crítica, matiza, no es una enmienda a la totalidad: «He criticado la instrucción que se sigue contra determinadas personas que ni son los únicos ni son todos. No podemos dar una norma general».
El matiz es fino y conviene no perdérselo. Garzón no instrumentaliza; lo que ocurre es que «se aprovecha un procedimiento judicial para unas finalidades distintas».
El problema es el tiempo: hasta que el proceso establece que las cosas son así, «pasan varias o muchas cosas y se acaban vulnerando derechos que ya no son reparables».
El daño, cuando llega la reparación, ya está hecho.
Su propuesta no es desmontar nada, sino corregir. La justicia tiene «una responsabilidad» que, sin solución inmediata, sí admite «establecer los cauces y las exigencias para evitar que así se pueda interpretar».
Y ahí coloca un ejemplo que apunta directamente al corazón del ‘caso García Ortiz’: «Yo no puedo aceptar que la Sala Segunda del Tribunal Supremo admita a trámite una querella o la exposición razonada en la investigación contra el fiscal general del Estado y luego parte de esa sala o toda su integridad juzgue también en definitiva al propio fiscal porque de una forma u otra ya tiene un prejuicio».
Son situaciones que «no están bien» y que «contribuyen a la desconfianza de las estructuras judiciales».
Garzón se cuida de aclarar que no ataca al sistema ni a los magistrados, pero reclama corregir esas decisiones «para que no aparenten o no podamos afirmar que hay una instrumentalización de la Justicia y por tanto que participa de la naturaleza del ‘lawfare'».
La Sala Segunda y un poder «omnímodo»
Aquí está la tesis que vertebra su libro y que probablemente dará más que hablar: «La Sala Segunda del Tribunal Supremo es el auténtico poder político en el Estado español».
Conviene leerla bien, porque Garzón se adelanta al malentendido. No habla de politización. Habla de naturaleza.
«El poder judicial es un poder político, el poder del parlamento es poder político, el Gobierno es poder político», desgranó.
Ejercer esas funciones es ejercer poder político, que no es lo mismo —subraya— que hacer política. La distinción, sutil pero decisiva, separa la institución de la partidería.
¿Y por qué la Sala de lo Penal sería el más potente de todos? Por una razón que Garzón resume con una palabra demoledora: la «falta de rendición de cuentas».
«Pueden juzgar al presidente del Gobierno, pueden interpretar incluso al jefe del Estado. Sus decisiones son inapelables, son en única instancia y esto desarrolla un poder omnímodo». Un tribunal que juzga a quien manda, sin instancia superior que lo revise. El vértigo es evidente.
¿La receta? Contrapesos. Garzón sugiere dos: el jurado popular para ciertos delitos como la prevaricación, y una segunda instancia que rompa la inapelabilidad.
Lo considera «un capítulo pendiente de la normativa y de la democracia española».
El CGPJ y los jueces que «no son intocables»
No se queda corto tampoco con el órgano de gobierno de los jueces.
El comunicado del Consejo General del Poder Judicial que reclamaba «respeto» a la independencia judicial —a raíz de la investigación de la Audiencia Nacional sobre una presunta red para desestabilizar causas que afectan al PSOE y al Gobierno— le parece sencillamente improcedente. «No oportuno ni correcto», zanjó.
Y lo argumenta desde la experiencia propia, que en su caso pesa toneladas: «No he visto que se ataque o se descalifique al juez, lo que he visto es una crítica en la que se cuestiona una investigación».
Más todavía: «He desarrollado muchas investigaciones muy complejas y no me amparó el Consejo, y no me sentí perturbado en mi independencia. Hice lo que tenía que hacer». El reproche tiene nombre y biografía.
En esa línea, defiende a los instructores que hoy están en el ojo del huracán.
Tanto José Luis Calama, que ha imputado a José Luis Rodríguez Zapatero en el ‘caso Plus Ultra’, como Santiago Pedraz, al frente del ‘caso Leire Díez’, «han tomado sus decisiones» y deben «seguir adelante en función de lo que consideren que es correcto».
La sentencia que lo resume bien podría enmarcarse: «Un juez es independiente hasta que deje de serlo o quiera no serlo».
Pero ni siquiera ahí baja la guardia respecto a las garantías. «La afirmación del derecho de defensa se queda vacía a la vista de lo que está sucediendo. ¿Cómo se defiende el derecho de defensa cuando ya se ha masacrado a todas las personas que están investigadas?».
Hay que «hacer algo más», reclama, porque el estamento judicial «no es intocable, asume la responsabilidad de sus decisiones y puede ser criticado».
Una cuenta pendiente que ya no se puede saldar
El cierre es personal, y Garzón lo sabe. Después de que el Supremo ratificara la decisión del CGPJ que confirmó su inhabilitación como juez en 2012 —por ordenar la intervención de las comunicaciones de los abogados de los principales acusados en el ‘caso Gürtel’—, el exmagistrado no discute la sentencia, pero sí sus «efectos».
«Por supuesto que seguiré reclamando algo que ya no se me puede dar porque ya tengo la edad de jubilación», admitió, en una frase que mezcla la terquedad del litigante con la melancolía de quien sabe que el reloj ya corrió. Sus abogados, anunció, estudian seguir adelante porque hace falta «una autorreflexión en la justicia española de cómo cumplir las obligaciones internacionales».
Y ahí, en el último golpe, vuelve a su vieja batalla: la judicatura española, «salvo excepciones», no se caracteriza por «cumplir y atender» los dictámenes internacionales, escudándose en «que no son sentencias».
Garzón reclamará, dice, aunque ya no quede nada que ganar para él. Por principio, que es lo único que el tiempo no le ha podido inhabilitar.
