Siempre olió mal. Desde el primer momento en que se supo que el Gobierno iba a rescatar a Plus Ultra con 53 millones de euros de dinero público, en marzo de 2021, las dudas fueron unánimes.
Demasiadas coincidencias. Demasiadas opacidades. Demasiados silencios.
Ahora, la imputación del expresidente José Luis Rodríguez Zapatero en la Audiencia Nacional por blanqueo de capitales y tráfico de influencias convierte aquellas sospechas en hipótesis judiciales.
Lo que entonces parecía intuición periodística hoy tiene nombre de delito y número de juzgado.
Una aerolínea que no debería haber recibido nada
Los datos son demoledores. En el momento del rescate, Plus Ultra controlaba menos del 0,1% del mercado aéreo nacional.
Operaba con una flota de entre dos y cuatro aviones. Todas sus rutas eran chárter.
Entre 2014 y 2019 había acumulado 10,8 millones de euros en pérdidas, sin un solo ejercicio en positivo desde que iniciara vuelos en 2015.
El requisito indispensable para acceder al Fondo de Apoyo a la Solvencia de Empresas Estratégicas (FASEE) de la SEPI era, precisamente, el carácter estratégico de la compañía.
Ni el Gobierno ni la propia aerolínea lograron justificarlo de forma convincente.
La empresa había rozado la quiebra apenas dos años antes de recibir la ayuda. La pandemia tenía la actividad aérea paralizada. La devolución del préstamo era, en ese contexto, una incógnita razonable.
Y aun así, el dinero llegó.
Velocidad de vértigo, controles de papel
Dentro de la SEPI, el expediente se resolvió en seis meses: de septiembre de 2020 a marzo de 2021.
La mitad del tiempo que tardaron rescates posteriores.
El modelo reforzado de supervisión —ese que establecía controles más estrictos antes y después de conceder las ayudas— no se aprobó en la SEPI hasta finales de julio de 2021.
Cuando Plus Ultra y Air Europa ya tenían el dinero en el bolsillo.
Nadie entró en el consejo de administración para vigilar el cumplimiento del plan de viabilidad. No se designaron observadores.
Las reuniones trimestrales de seguimiento que exigía la normativa del Fondo no se celebraron. La obligación de publicar en la web información sobre el uso de las ayudas tampoco se cumplió.
La supervisión, en la práctica, no existió.
El primer proceso judicial: archivado por un error de plazo
Las sospechas provocaron la apertura de un primer proceso judicial. Pero el caso se cerró en falso. Ni los responsables de la SEPI ni los de la empresa llegaron a declarar.
La razón fue procesal: la prórroga de la instrucción se solicitó fuera de plazo y el juzgado número 13 de Madrid archivó la causa.
Quedó, eso sí, una pieza separada: la investigación sobre el destino final del dinero del rescate.
Esa ramificación fue la que llevó, a finales de 2025, a los registros en la sede de Plus Ultra y a la detención de su presidente, Julio Martínez Sola, y su consejero delegado, Roberto Roselli.
La Fiscalía Anticorrupción ya advirtió entonces de un posible delito de blanqueo de capitales y de otro de carácter fiscal.
El triángulo: Plus Ultra, Análisis Relevante y Zapatero
En el epicentro de la trama hay una consultora: Análisis Relevante S.L., propiedad del empresario alicantino Julio Martínez Martínez, amigo personal de Zapatero.
Esta empresa cobró 458.000 euros de Plus Ultra en cinco años a través de tres sociedades. Una cantidad casi idéntica a la que después Martínez Martínez pagó al expresidente bajo el concepto de «labores de consultoría estratégica».
Zapatero compareció ante la Comisión de investigación del Senado y explicó que elaboró informes para Análisis Relevante a propuesta de Martínez, desvinculándose del rescate. Informes, según declaró, de carácter oral.
Hasta ahora, no hay constancia documental del trabajo realizado.
El peso del pasado: condenas, quiebras y vínculos venezolanos
La historia empresarial de Plus Ultra no empezaba de cero en 2021.
La aerolínea fue fundada en 2011 por Julio Martínez Sola y Fernando González, exdirectivos de Air Madrid, que había quebrado.
Tardaron cuatro años en obtener la licencia de operador aéreo del Ministerio de Fomento. En 2015 iniciaron vuelos.
A eso se suma el perfil del accionariado. Durante años, los máximos accionistas de Plus Ultra fueron empresarios venezolanos a través de las sociedades Snip Aviation —con el 52,8% del capital— y Flyspain, con el 11,4%.
En octubre de 2025, sus representantes abandonaron el consejo de administración.
La aerolínea presentó el movimiento como una «reorganización». En la práctica, supuso la toma de control total por parte de Martínez Sola, que adquirió el 64,3% del capital con el visto bueno de la SEPI en noviembre de ese mismo año.
El dinero se concedió deprisa, sin vigilancia y a una empresa con un historial comprometido. Ahora el juez Calama busca su rastro.
Y un expresidente tendrá que explicar, el 2 de junio, qué papel jugó en todo ello.
