Rubén Rus Vela, titular del Juzgado de Instrucción número 2 de Tarragona, quien instruye en Tarragona el conocido como ‘caso Montoro’ ha acordado prorrogar seis meses más la investigación, según un auto al que ha tenido acceso Europa Press.
La causa indaga si el exministro de Hacienda Cristóbal Montoro pudo servirse de su cargo para impulsar reformas legislativas favorables a empresas de gases industriales, clientes del despacho Equipo Económico, la consultora que el propio Montoro fundó antes de llegar al Gobierno y de la que se desvinculó al tomar posesión.
El magistrado, según recoge el auto, sostiene que la instrucción ha evidenciado indicios de «una presunta trama que gira en torno a la mercantil Equipo Económico, que, mediando precio, se dedicaría a intervenir en el proceso legislativo, moldeando reformas legales a las necesidades de sus clientes».
Se trata, conviene subrayarlo, de una valoración judicial provisional propia de la fase de instrucción, no de una conclusión firme sobre responsabilidades penales.
La hipótesis de la trama: del fracaso de las gasísticas a la redacción «a medida»
Según detalla la resolución, las empresas asociadas a la Asociación de Fabricantes de Gases Industriales y Medicinales habrían contratado a Equipo Económico para que la consultora interviniera en el procedimiento legislativo de modificación del Impuesto Eléctrico, con el objetivo de lograr cambios normativos que satisficieran sus intereses, también mediando precio.
El auto añade un matiz relevante para entender el hilo argumental de la instrucción: antes de recurrir a Equipo Económico, las gasísticas habrían intentado por otras vías conseguir esas reformas, sin éxito.
Fue, según el magistrado, la entrada de la consultora la que —«sin mediar aparentemente causa alguna»— destrabó no solo las modificaciones pretendidas, sino que llevó a que fueran las propias empresas gasísticas quienes terminaran redactando las reformas legales conforme a sus intereses.
Esta secuencia temporal —intentos fallidos previos y éxito inmediato tras la contratación— es, según se desprende del auto, uno de los elementos que sustenta los indicios sobre los que se apoya la instrucción.
Motivación de la prórroga
El instructor justifica la ampliación de plazo en la existencia de declaraciones de investigados aún pendientes de practicarse y de informes todavía no incorporados a la causa.
A su juicio, «es previsible» que de esas diligencias se deriven nuevas actuaciones, incluidas algunas que no pueden anticiparse en el momento actual. Por ello, extiende la instrucción seis meses más, con efectos desde el pasado 26 de julio.
Delitos investigados
En la causa figuran investigadas tanto personas físicas como jurídicas por presuntos delitos de cohecho, fraude contra la Administración pública, prevaricación, tráfico de influencias, negociaciones prohibidas, corrupción en los negocios y falsedad documental. Se trata de imputaciones objeto de instrucción, sujetas por tanto a la presunción de inocencia de los investigados.
El auto de prórroga no es la única resolución que arroja luz sobre el modus operandi que investiga el magistrado.
En otro auto anterior, Rus Vela ya había apuntado que Equipo Económico habría podido ofrecer a sociedades de distintos sectores reformas legales beneficiosas para sus intereses económicos «en menoscabo del sector público».
Esa resolución añadía que las pesquisas «ponen de manifiesto la intencionalidad para aprobar una modificación ‘ad hoc'», es decir, diseñada para beneficiar exclusivamente a las gasísticas dejando fuera a otros sectores del mismo ámbito.
