La exmilitante socialista Leire Díez ha negado ante el juzgado que su actuación tuviera como finalidad «desestabilizar ningún tipo de causa judicial que afectara a los intereses del PSOE» o persiguiera cualquier otra «finalidad espuria». Según sostiene, todas sus actuaciones respondían exclusivamente a una investigación periodística.
Así consta en un escrito, presentado ante el magistrado Arturo Zamarriego, instructor del denominado ‘caso Leire Díez’ en un juzgado de Madrid.
En esta causa se investigan las presuntas maniobras que la exmilitante habría llevado a cabo contra mandos de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil, jueces y fiscales. Díez figura como investigada por presuntos delitos de cohecho y tráfico de influencias junto al empresario Javier Pérez Dolset y el periodista Pere Rusiñol.
Esta investigación discurre de forma independiente a la que instruye el juez de la Audiencia Nacional Santiago Pedraz sobre una presunta trama destinada a desbaratar procedimientos judiciales que afectan al PSOE y al Gobierno, supuestamente liderada por el exsecretario de Organización socialista Santos Cerdán y coordinada por Leire Díez.
Aunque Pedraz ha solicitado la acumulación de ambas causas, por el momento continúan tramitándose por separado.
En su escrito, la defensa de Díez, ejercida por la abogada Eva Bejarano, sostiene que las intervenciones de su representada tenían como único objetivo «conseguir información en el seno de una investigación que estaba llevando a cabo como periodista sobre diversas causas judiciales».
Recurre el rechazo de nuevas diligencias
La defensa también ha recurrido la decisión del instructor de rechazar varias diligencias de investigación solicitadas por la exmilitante.
Entre ellas figura la declaración como testigo de un hombre al que identifica como Pedro Gil y al que atribuye haber filtrado el audio de la reunión que Díez mantuvo en febrero de 2025 con el empresario Alejandro Hamlyn, grabación que dio origen a la presente investigación.
La letrada sostiene que su clienta fue «objeto de grabaciones ilegítimas» durante conversaciones privadas mantenidas en un despacho de abogados con miembros de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado.
Añade que dichas grabaciones fueron posteriormente «modificadas» y «cortadas» con el objetivo de publicarlas en la prensa y generar una «campaña de desprestigio» que, según afirma, ha desembocado en el actual procedimiento judicial.
El escrito alude al audio difundido de la reunión por videoconferencia entre Díez y Hamlyn, investigado en la Audiencia Nacional por un presunto fraude de hidrocarburos y actualmente huido de la Justicia en Dubái.
En esa grabación se escucha a la exmilitante solicitar información comprometedora sobre el teniente coronel de la UCO Antonio Balas, ofreciendo presuntamente favores al empresario a cambio.
El trabajo de Leire Díez como «investigadora»
La defensa insiste en que todas las reuniones mantenidas por Leire Díez respondían exclusivamente a su labor investigadora como periodista y sostiene que las diligencias solicitadas permitirán acreditarlo.
En este contexto, reclama que la Guardia Civil informe sobre las consultas o búsquedas realizadas en sus bases de datos a nombre de Leire Díez, especificando las fechas y la identidad de las personas que efectuaron esos accesos.
Asimismo, solicita que el Instituto Armado remita los informes que pudiera haber elaborado sobre la reunión mantenida entre Díez y el comandante Rubén Villalba, investigado en el ‘caso Koldo’, en marzo de 2025.
Por último, vuelve a pedir que la Guardia Civil aclare si Pedro Gil mantiene o ha mantenido algún tipo de relación con el cuerpo y cuál fue su actividad, además de reiterar su solicitud para que sea citado a declarar como testigo.
