El Partido Popular ha registrado una Proposición de Ley en el Congreso de los Diputados para reformar la Ley Orgánica del Poder Judicial y arrebatar al Ejecutivo la potestad de seleccionar a los candidatos nacionales para los organismos jurisdiccionales internacionales.
La iniciativa, que atribuiría ese papel al Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), llega en un momento en que el Gobierno viene incumpliendo, según el PP, las Líneas Maestras del Consejo de Europa sobre independencia en la designación de jueces internacionales.
La reforma afectaría a un abanico amplio de órganos: el Tribunal Europeo de Derechos Humanos, el Tribunal General de la Unión Europea, el Tribunal de Justicia de la Unión Europea, el Tribunal Europeo de Derechos Humanos, el Tribunal Penal Internacional, la Corte Internacional de Justicia, el Consejo Consultivo de Jueces Europeos y el Consejo Consultivo de Fiscales Europeos.
En todos ellos, de acuerdo con lo que plantea el PP, la candidatura española quedaría en manos del CGPJ, que dispondría de 3 meses para aprobar un procedimiento propio basado en los principios de transparencia, publicidad, mérito y capacidad.
Principios que, sostienen desde el PP, la normativa vigente ignora sistemáticamente.
Un Real Decreto de 2020 en el centro del conflicto
El PP fundamenta el registro de esta reforma en lo que considera un incumplimiento del Gobierno de las citadas Líneas Maestras del Consejo de Europa para la selección de candidatos a la vacante del representante español en el Tribunal Europeo de Derechos Humanos, prevista para 2027.
Esas directrices exigen que el órgano encargado de recomendar candidatos tenga una composición equilibrada.
Sin embargo, el Real Decreto aprobado en 2020 por el Ejecutivo de Pedro Sánchez diseñó un organismo en el que la mayoría absoluta de sus miembros han sido nombrados por Moncloa (3 de 5 ) o forman parte del propio Gobierno —un diseño que los populares califican de monopolio ejecutivo sobre las designaciones.
El resultado práctico: el poder político controla de facto el proceso de designación de jueces internacionales. Una arquitectura que el Consejo de Europa exige que sea «equilibrada» en cuanto a su composición. España, a juicio del PP, va en dirección contraria a la de sus socios europeos.
El PP denuncia también que el tiempo concedido para presentar candidaturas ha sido de solo 10 días, «extremadamente corto» y muy por debajo del margen otorgado en 2017, que sí se ajustaba a los estándares del Consejo de Europa.
Hasta esa fecha el plazo era de 20 días hábiles desde la convocatoria en el BOE para presentar candidaturas al TEDH. Lo regía acuerdo ministerial que adolecía de rango normativo pleno, lo que si tuvo con el Real Decreto de 2020.
Un detalle que, pequeño en apariencia, revela, según los populares, la voluntad del Ejecutivo de reducir la competencia y el escrutinio público en el proceso.
«Somos coherentes y queremos más garantías de independencia del Poder Judicial», ha afirmado Cuca Gamarra, vicesecretaria de Regeneración Institucional del PP.
«¿Qué objetivo tiene no hacerlo y que el Gobierno controle el órgano de selección? Evidentemente interferir desde el Poder Ejecutivo en la selección de jueces», ha añadido.
Para Gamarra, la respuesta está en lo que denomina la «tentación y obsesión del sanchismo de controlar la Justicia».
La propuesta encaja en una postura que el PP defiende con insistencia: que sean los propios jueces quienes elijan a los jueces, tanto en el plano nacional como en el internacional.
Continuidad con la reforma del CGPJ de octubre
Esta iniciativa no nace en el vacío. En octubre de 2025, el PP ya registró una Proposición de Ley para reformar la composición del CGPJ, proponiendo que 12 de sus 20 vocales fueran jueces o magistrados en activo elegidos por sus pares mediante sufragio personal, libre, igual, directo y secreto, en circunscripción única nacional y por lista abierta.
Aquella reforma buscaba, según el partido, dar cumplimiento tanto al acuerdo con el Gobierno que posibilitó la renovación del CGPJ en 2024 como a las recomendaciones del informe GRECO y de la Comisión de Venecia.
La nueva proposición extiende esa misma lógica al ámbito supranacional. Si los jueces nacionales del CGPJ deben ser elegidos por la carrera judicial, sostiene el PP, también deben ser los jueces —y no los ministros— quienes decidan qué magistrado español se sienta en Estrasburgo o en Luxemburgo.
