No era cualquier magistrado. Era Pablo Ruz. El magistrado que instruía el caso Gürtel desde el Juzgado Central de Instrucción 5 de la Audiencia Nacional, un puesto que ocupó entre 2010 y 2015. El hombre que más sabía sobre la corrupción del PP en aquel momento.
Según declaró esta semana el inspector jefe de la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) de la Policía Nacional, Manuel Morocho, ante el tribunal que está enjuiciando la operación Kitchen, Ruz sospechaba que su propio despacho en la Audiencia Nacional estaba siendo escuchado. Que sus conversaciones estaban siendo interceptadas. Que alguien, desde algún lugar, le estaba vigilando.
Para hablar con Morocho sin riesgo, el juez tenía que salir al pasillo.
Juezas y Jueces para la Democracia ha pedido hoy al Consejo General del Poder Judicial que abra una investigación. Inmediata. Sin excusas.
Seis horas de declaración. Un torpedo
Morocho no es un testigo menor. Fue jefe de la investigación del caso Gürtel entre 2009 y 2021, al frente de un grupo de la UDEF. Compareció ante el tribunal presidido por la magistrada Teresa Palacios durante 6 horas repartidas en dos sesiones.
Lo que dijo sacudió el juicio.
La operación Kitchen fue un dispositivo policial supuestamente puesto en marcha entre 2013 y 2015 desde la cúpula del Ministerio del Interior en el Gobierno que presidía Mariano Rajoy.
Su objetivo: espiar a Luis Bárcenas y su entorno sin aval judicial para recuperar documentos comprometedores sobre la caja B del PP antes de que llegaran al juez que instruía el caso.
Ese juez era Pablo Ruz.
Lo que Morocho añadió va más lejos. Mucho más lejos. Según su testimonio, Ruz no solo estaba siendo objetivo indirecto de la trama. Tenía razones para creer que le estaban espiando directamente a él. Que su despacho estaba pinchado. Que sus comunicaciones no eran seguras.
Y hay más. Cuando Ruz se negó a plegarse, cuando siguió tirando del hilo, según Morocho, desmantelaron la unidad. Poco a poco. Le sobrecargaron con otros asuntos. Le quitaron herramientas. Le aislaron.
«Una práctica ilícita extremadamente grave»
Juezas y Jueces para la Democracia no ha esperado. En un comunicado emitido hoy, la asociación judicial califica lo relatado por Morocho de «práctica ilícita extremadamente grave» que, de confirmarse, «no solo afectaría a derechos fundamentales de integrantes de la judicatura, sino a la seguridad e integridad que debe presidir el trabajo judicial, al poner de manifiesto una voluntad de interferir y perjudicar la investigación de los tribunales.»
La asociación emplaza al CGPJ a actuar como lo que es: el órgano constitucionalmente obligado a velar por la independencia judicial.
Y le marca el perímetro exacto de lo que debe investigar. Primero, si existieron intentos reales de inmiscuirse en el trabajo judicial. Segundo, si «el gobierno o funcionarios policiales trataron de espiar, obstruir o entorpecer la labor judicial.»
Y fija una condición sin margen de interpretación: «De constatarse que efectivamente se produjeron tales vigilancias, lo ponga inmediatamente en conocimiento del Ministerio Fiscal para exigir las responsabilidades correspondientes.»
La línea que no se puede cruzar
El comunicado de JJpD no deja espacio para la ambigüedad institucional. «El Estado de Derecho debe garantizar un Poder Judicial que ejerza su función con independencia y sin injerencias externas, sean gubernamentales, policiales o de cualquier otra clase.»
Y remata con una advertencia que es, al mismo tiempo, una exigencia: «Si se confirmaran estos hechos, estaríamos ante una gravísima actuación ilegal que merecería todo el reproche que disponga nuestro ordenamiento jurídico. El trabajo judicial no puede ser interferido o perjudicado por ningún poder o grupo«.
La gravedad de lo que está sobre la mesa es difícil de exagerar. Si un juez de la Audiencia Nacional que instruía una de las causas de corrupción más importantes de la democracia española estaba siendo espiado en su propio despacho, eso no es un escándalo menor.
Es una quiebra del Estado de Derecho. Es la utilización del aparato del Estado contra uno de sus propios jueces para proteger a quienes ese juez investigaba.
Morocho lo dijo bajo juramento. Ante un tribunal. En el juicio en el que precisamente se juzga si todo aquello ocurrió.
Un problema para esta investigación
Pablo Ruz ocupó el destino de la Audiencia Nacional entre 2010 y 2015, en un edificio que fue cerrado por obras en 2012. Entre esa fecha y 2015 el órgano fue trasladado provisionalmente a un edificio de la calle de Prim, no muy lejos. Y en 2015 el entonces ministro de Justicia, Rafael Catalá, inauguró la nueva sede remodelada.
Cualquier investigación que pueda iniciar en esa dirección se va a encontrar con estos imponderables físicos en lo que plantea JJpD.
