Durante décadas trabajaron en pequeños despachos, encadenaron guardias del Turno de Oficio y sostuvieron buena parte de la asistencia jurídica gratuita mientras cotizaban en un sistema que entonces era perfectamente legal: la Mutualidad de la Abogacía.
Hoy, muchos de esos profesionales aseguran encontrarse al borde de la jubilación con pensiones que apenas alcanzan los 500 o 600 euros mensuales.
Ese es el escenario que emerge de los más de cien testimonios recopilados por el Ilustre Colegio de la Abogacía de Madrid (ICAM) en plena recta final del debate parlamentario sobre la futura pasarela al RETA —el sistema público de autónomos—.
La campaña impulsada por el Colegio, “De abogado a diputado”, pretende trasladar al Congreso una realidad que miles de mutualistas describen con una mezcla de frustración y sensación de abandono institucional.
Muchos abogados explican que comenzaron a ejercer cuando la Mutualidad era obligatoria y que, años después, descubrieron que cambiarse al RETA implicaba perder las aportaciones acumuladas.
Otros denuncian carreras partidas entre distintos sistemas de cotización que ahora no computan íntegramente para acceder a una pensión pública digna.
“Llevo 40 años ejerciendo y mi pensión se ha quedado en 525 euros”, resume una letrada que además ha pasado más de tres décadas en el Turno de Oficio.
El problema afecta especialmente a una generación de abogados que desarrolló toda su vida profesional bajo un modelo alternativo de previsión social que nunca terminó de integrarse en la Seguridad Social.
Muchos relatan haber dedicado décadas a la asistencia jurídica gratuita, con retribuciones modestas y sin la cobertura pública que hoy sí tienen otros trabajadores autónomos.
Algunos aseguran directamente que no podrán jubilarse. “Si dejo de trabajar, no subsisto”, admite uno de los afectados tras más de treinta años de ejercicio profesional.
Los testimonios también alertan de otro problema menos visible: la desprotección durante la vida laboral.
Un abogado que atraviesa un tratamiento oncológico explica que la diferencia entre el sistema mutualista y la cobertura pública se vuelve dramática cuando aparecen enfermedades graves o incapacidades temporales. “No es solo una cuestión de jubilación; también afecta a la protección real mientras sigues trabajando”, advierte.
Ante la votación parlamentaria que tiene que tener lugar hoy en la Comisión de Trabajo, Economía Social, Inclusión, Seguridad Social y Migraciones en la que se abordarán los planteamientos de unos y de otros, el ICAM reclama una “pasarela justa, real y sin exclusiones” que permita reconocer las cotizaciones acumuladas durante décadas y adapte la solución a situaciones muy distintas entre sí.
El decano del Colegio, Eugenio Ribón, sostiene que el objetivo no es hablar en nombre de los mutualistas, sino conseguir que el legislador escuche una realidad que durante años permaneció prácticamente fuera del debate público.
