La presidenta del Tribunal de Cuentas entre julio de 2018 y noviembre de 2021 y actual asesora de la institución, ingresó ayer por la tarde como nueva Académica de Número de la Real Academia de Jurisprudencia y Legislación de España (RAJYLE), con esta contundente afirmación: “Sin control político no hay Estado democrático, pero sin control del gasto tampoco hay Estado social ni Estado de derecho”.
María José de la Fuente y de la Calle reivindicó el valor del control institucional como garantía básica de la democracia, del Estado social y de la correcta utilización de los recursos públicos.
En este contexto, defendió tanto el papel del Tribunal de Cuentas como el de los ciudadanos y los medios de comunicación como vigilantes permanentes del uso de los fondos públicos.
La nueva Académica de Número de la RAJYLE, ocupa la medalla número 21, vacante desde el fallecimiento de Gustavo Villapalos en julio de 2021.
El discurso de contestación corrió a cargo del Académico de Número Antonio Pau Pedrón.
De la Fuente centró su discurso de ingreso en una cuestión que definió como esencial para la salud democrática: “¿Dónde están nuestros impuestos?”, una reflexión en la que defendió la necesidad de reforzar la transparencia, la eficiencia y la ética pública en la gestión del dinero de todos.
Durante su intervención, reivindicó los principios de eficacia, eficiencia y economía como “imperativos constitucionales” y alertó sobre la proliferación de estructuras públicas innecesarias, la duplicidad de organismos y la falta de profesionalización directiva en las administraciones.
También denunció el despilfarro de dinero público, que calificó como “una grave quiebra en el gasto público”, especialmente cuando deriva de decisiones que, aun sin ser ilegales, implican un uso irracional de los fondos comunes.
“La eficiencia requiere ajustar muy bien el gasto público estructural, sobre todo en lo que se refiere al gasto político y al gasto superfluo e improductivo, que no tiene compensación en términos de interés público”, afirmó.
La nueva académica subrayó además que el Estado social puede justificar determinadas actividades deficitarias, pero nunca la ineficiencia, a la que definió como “una auténtica quiebra del interés general”, ya que “las ineficiencias sólo generan gasto inútil”.
La prórroga presupuestaria, un mecanismo “excepcional”
Una parte central de su discurso estuvo dedicada a los Presupuestos Generales del Estado, que definió como “la herramienta fundamental para la ordenación racional, eficiente, legal y equitativa de los ingresos y los gastos públicos”.
De la Fuente advirtió de que la reiterada prórroga presupuestaria ha terminado por “desnaturalizar” una figura que, a su juicio, debería utilizarse únicamente de manera excepcional y durante periodos muy limitados.
“La puntual aprobación por las Cortes es vital para asignar los recursos conforme a las necesidades de cada ejercicio económico, que no tienen por qué ajustarse a las del ejercicio cuyo presupuesto se prorroga”, sostuvo, al tiempo que recordó que la aprobación de las cuentas públicas forma parte de una de las funciones esenciales del Parlamento como órgano de representación ciudadana.
Por ello, alertó de que “el permanente recurso a la prórroga presupuestaria evidencia que se ha desnaturalizado dicha figura, con las consecuencias negativas que conlleva”, tanto para la planificación económica como para el desarrollo de las políticas públicas.
Corrupción, fraude y deterioro institucional
En el tramo final de su intervención, la nueva académica lanzó una advertencia sobre el impacto de la corrupción, el fraude y la mala gestión en la confianza ciudadana hacia las instituciones.
Defendió que el control del gasto público no constituye únicamente una exigencia técnica o contable, sino una condición imprescindible para preservar la legitimidad democrática y garantizar la sostenibilidad del Estado social.
De la Fuente vinculó directamente la calidad institucional con la responsabilidad en el manejo de los recursos públicos y reclamó reforzar los mecanismos de fiscalización para evitar que el despilfarro, la opacidad o la ineficiencia erosionen la confianza de los ciudadanos en las administraciones.
