En el proceso constituyente del 78 los padres de la Constitución fueron conscientes de la necesidad de blindarla.
Necesitábamos proteger los derechos que se reconocían y que convertían a España en un avanzado estado social y democrático de derecho, tal como consagra su artículo primero.
Para ello se elaboró un sistema complejo para su reforma, que se refuerza cuando lo que se pretende reformar afecta a los derechos fundamentales.
Lo que los constituyentes quisieron fue algo complejo en su ejecución, pero sencillo en su concepto y definido en una sola palabra: consenso.
No querían que la reforma de nuestra Carta Magna quedara en manos de unos pocos, aunque estos fueran mayoría en las cámaras, requería un consenso generalizado entra las grandes fuerzas políticas del país, sin ello no podía haber reforma constitucional.
Además, nuestros constituyentes quisieron que la facultad legislativa recayera, con carácter general, en las Cortes Generales, reservando únicamente al gobierno la facultad legislativa para aquellos supuestos de urgente y extraordinaria necesidad, mediante el Decreto Ley, y con la posterior convalidación del Parlamento.
Lo que parecía algo imposible en un estado de derecho, la reforma constitucional por la vía de hecho, Sánchez lo ha materializado, ha usurpado la facultad legislativa del Parlamento por dos vías.
Por un lado, convirtiendo el Decreto Ley en la forma ordinaria de legislar, no solo por ser el presidente del gobierno que más Decretos Leyes ha firmado desde la aprobación de la Constitución, sino también por su contenido, regulaciones completas con cientos de artículos que nada tienen que ver con la habilitación constitucional de la urgente y extraordinaria necesidad.
Control de la Mesa del Congreso
La segunda vía, complementaria de la anterior, mediante el control de la mesa del Congreso, congelar cualquier iniciativa parlamentaria propuesta por el Partido Popular pero que podría ser apoyada por otras fuerzas y, por lo tanto, ser aprobada.
La mesa del Congreso, controlada por el PSOE y sus socios, se ha convertido en el órgano ejecutor de la mutación Constitucional de Sánchez, paralizando cualquier iniciativa parlamentaria que no sea del propio gobierno, muestra incontestable de su falta de respeto por el parlamentarismo.
Así las cosas, la mesa del Congreso tiene en la actualidad paralizadas, con el fraude de la prórroga del plazo para enmiendas, 128 propuestas legislativas, incluyendo las aprobadas por el Senado y paralizadas en el Congreso.
Curiosamente estos días hemos conocido la reprobación por parte del Tribunal Constitucional de esta práctica de la mesa del Congreso con relación a una iniciativa legislativa del Senado que fue bloqueada mediante la prórroga hasta en 71 ocasiones del plazo de enmiendas.
Dicha sentencia, aunque se refiere a la anterior legislatura, es plenamente aplicable a la presente.
En definitiva, pues, se usurpa la iniciativa legislativa al Congreso mediante los Decretos Leyes y, por otro lado, se bloquean las iniciativas legislativas de los grupos parlamentarios en la mesa del Congreso, convirtiendo una democracia parlamentaria en una presidencialista y, por lo tanto, mutando la Constitución por la vía de hecho.
Pero no termina aquí la mutación constitucional, estamos a finales de la legislatura y de manera inaudita, no es solo que no se haya aprobado ningún presupuesto, es que ni siquiera los han presentado, incumpliendo el mandato constitucional de su presentación anual al Parlamento.
Los presupuestos no son solo números, es donde se establece la política económica, social, financiera, de inversiones, de vivienda y un largo etc. para el ejercicio siguiente, es el elemento fundamental del ejercicio de la política de cada año, es donde se plasma el proyecto político del partido que gobierna, y la Constitución quiso que en su elaboración participaran los grupos parlamentarios.
Por ello establece que los presupuestos se presentan por el gobierno al parlamento, y este los aprueba mediante un proceso de discusión y elaboración parlamentaria.
Sánchez ni siquiera ha presentado un presupuesto en la presente legislatura, ha gobernado mediante modificaciones y transferencias de crédito excluyendo al parlamento, incumpliendo el mandato constitucional.
Ya no es un peligro, ni una posibilidad, es una realidad, Sánchez ha convertido a España en un régimen presidencialista al mando de un autócrata.
