El Tribunal de Cuentas ha ordenado la apertura de diligencias contra la Consejería de Sanidad de la Comunidad de Madrid por la concesión de 24 contratos menores otorgados a Partner Line S.L., la empresa que gestionaba el centro de abortos Dátor.
En una resolución, el organismo insta a abrir el pertinente expediente de investigación sobre los contratos que ha recibido Partner Line SA, por «no cumplir con el principio de legalidad preceptivo».
La decisión llega tras la denuncia interpuesta por la Fundación Española de Abogados Cristianos que asegura que el Gobierno regional siguió dando contratos a la compañía pese a que ésta se encontraba incursa en causa de prohibición de contratar.
Según la organización de juristas, Sanidad le dio a Partner Line un total de 24 contratos valorados en más de 150.000 euros pese a haber sido declarada en disolución en octubre de 2023.
«Como puede comprobarse, resulta a todas luces evidente que, estando incursa en concurso, e, incluso, habiendo sido declarado inhabilitado para administrar bienes ajenos el administrador único de Partner Line SA, sus contratos debe ser declarados nulos», señala la resolución.
Más de 400 contratos que llegan al Tribunal de Cuentas
Abogados Cristianos destaca además que la empresa se encontraba en situación de concurso de acreedores desde 2015 y, desde esa fecha, la Comunidad de Madrid le ha dado más de 400 contratos públicos.
La organización de abogados señala en su escrito que «a mayor abundamiento, el administrador de la empresa ha sido condenado en firme a dos años de inhabilitación» por su gestión en Dátor.
La presidente de Abogados Cristianos, Polonia Castellanos, ha asegurado que «la Comunidad de Madrid gasta millones de los impuestos en el negocio del aborto y además de forma fraudulenta, evidenciando connivencia entre dicho negocio y los políticos de turno, cuando ese dinero podría darse a mujeres que lo necesitan».
