El Tribunal de Cuentas ha acordado archivar la denuncia presentada por el PSOE por presuntas irregularidades en la gestión de los hospitales concertados de la Comunidad de Madrid, al concluir que no aprecia un perjuicio patrimonial concreto para las arcas públicas susceptible de ser evaluado económicamente.
Según el auto, el órgano fiscalizador descarta que exista un menoscabo patrimonial en el Servicio Madrileño de Salud (Sermas) derivado de los hechos denunciados por los socialistas.
La denuncia del PSOE se apoyaba en una información publicada por eldiario.es, según la cual entre 2017 y 2023 se habría dejado de registrar en el sistema de balance un total de 71,65 millones de euros correspondientes al coste de tratamientos de pacientes atendidos en hospitales públicos procedentes de alguno de los cinco hospitales concertados, lo que, a juicio del partido, suponía una presunta condonación a los grupos sanitarios privados Quirón y Ribera Salud.
En su resolución, el Tribunal de Cuentas señala que el PSOE «no individualiza, ni acredita siquiera indiciariamente un eventual perjuicio a los caudales públicos», más allá de la referencia a la información periodística sobre una supuesta condonación por parte de la Comunidad de Madrid a los centros concertados.
El órgano reconoce que la denuncia parte de «una inferencia racional», consistente en que un posible desequilibrio en el sistema de compensación de costes podría reflejar una gestión deficiente en perjuicio de los ingresos públicos.
Sin embargo, concluye que no se aportan indicios racionales de un menoscabo patrimonial «cierto, actual y jurídicamente exigible» que permita apreciar un alcance contable.
Una denuncia al Tribunal de Cuentas «sin cuantías»
Además, el auto destaca que el informe en el que se sustenta la denuncia «no recoge importes o cuantías que permitan identificar un daño concreto o evaluar económicamente el impacto de esas disconformidades» y apunta como posible explicación que una parte relevante de las solicitudes incumplía los criterios establecidos en el Manual de facturación intercentros.
Tras conocerse la resolución, el Gobierno de la Comunidad de Madrid subrayó que el archivo coincide con la posición mantenida tanto por la Administración autonómica como por el Ministerio Fiscal, que solicitaron el cierre del procedimiento al no apreciar responsabilidad contable en el sistema de facturación intercentros.
El Ejecutivo regional defendió que la decisión «confirma que la actuación de la Comunidad de Madrid se ha ajustado en todo momento al marco normativo vigente».
Por su parte, el consejero de Presidencia, Justicia y Administración Local, Miguel Ángel García Martín, aseguró ante los medios de comunicación que la resolución «ha dado la razón a la Comunidad».
Asimismo, criticó al PSOE al afirmar que «ni está ni se le espera cuando se trata de luchar contra la corrupción y sí cuando se trata de engañar a los ciudadanos en relación con la gestión que realiza la Comunidad de Madrid».
También cargó contra el partido y contra su portavoz en la Asamblea de Madrid, Mar Espinar, por considerar que intentan «buscar fantasmas» en la gestión del Ejecutivo autonómico para «tapar la gran corrupción que ha traído el sanchismo».
