El Ilustre Colegio de Procuradores de Madrid (ICPM) ha solicitado al Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) que suspenda los señalamientos y los plazos procesales previstos durante los próximos días ante las graves dificultades de movilidad ocasionadas por los incendios que afectan a la Comunidad de Madrid.
La corporación profesional considera que la magnitud de la emergencia impide a numerosos ciudadanos y profesionales atender con normalidad sus obligaciones ante los órganos judiciales.
Entre los afectados se encuentran personas evacuadas o confinadas, así como vecinos de localidades en las que los cortes de carreteras imposibilitan o dificultan seriamente los desplazamientos.
El ICPM advierte de que mantener la actividad judicial en estas circunstancias podría provocar situaciones de indefensión.
Por ello, asegura que permanece en contacto constante con las autoridades competentes para que adopten las medidas necesarias y eviten consecuencias procesales negativas para quienes no puedan comparecer ante un tribunal o realizar una actuación dentro del plazo establecido.
La petición se formula cuando alrededor de 90.000 personas han tenido que ser evacuadas o confinadas por los incendios de Madrid, Ávila y Toledo.
En la Comunidad de Madrid, cerca de 30.000 vecinos permanecían este domingo fuera de sus hogares y más de 21.000 continuaban aislados en sus municipios, según los datos difundidos por las autoridades.
Doce localidades madrileñas habían sido evacuadas y otras cuatro permanecían confinadas. Los incendios siguen activos, aunque algunos frentes han podido ser contenidos.
Una emergencia que también afecta a los profesionales
El ICPM subraya que la situación no perjudica únicamente a quienes deben comparecer como partes, testigos, investigados o perjudicados en un procedimiento.
También afecta directamente a jueces, magistrados, letrados de la Administración de Justicia, funcionarios, abogados y procuradores que necesitan desplazarse hasta las sedes judiciales para desarrollar su trabajo.
“Ante una situación tan extraordinaria como la que está viviendo nuestra Comunidad, no se justifica la celebración de los juicios señalados o la realización de actuaciones judiciales que para muchos ciudadanos y profesionales van a resultar de imposible atención”, sostiene la institución.
La imposibilidad de acudir a un juicio puede tener consecuencias relevantes. Dependiendo del procedimiento y de la persona que no comparezca, puede dar lugar a la suspensión de la vista, a la pérdida de determinados trámites o incluso a resoluciones perjudiciales para los afectados.
El problema se extiende también a los plazos para presentar escritos, recursos o documentación.
El Colegio reclama, por tanto, una respuesta general y coordinada que no obligue a cada ciudadano o profesional afectado a justificar individualmente una situación provocada por una emergencia de alcance territorial.
Aplicación del protocolo de emergencia judicial
La institución pide al CGPJ que aplique el Protocolo de actuación judicial en situaciones de emergencia y catástrofe y acuerde la paralización temporal de las actuaciones procesales, incluidos los señalamientos y los plazos previstos para estos días, teniendo en cuenta las especiales circunstancias existentes.
Este protocolo permite adoptar medidas cuando el acceso a una sede judicial resulte imposible o pueda poner en peligro la seguridad de las personas. También contempla la suspensión generalizada de señalamientos y actuaciones programadas en las zonas afectadas, además del uso de medios electrónicos, comparecencias telemáticas y sistemas de comunicación remota para mantener, cuando sea posible, la continuidad del servicio público de Justicia.
El CGPJ ya se encuentra siguiendo la evolución de la emergencia. Su Comisión Permanente mantiene contacto con la presidenta en funciones del Tribunal Superior de Justicia de Madrid, Aurora de la Cueva, y con la presidenta del Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León, Ana del Ser.
Hasta este sábado, los servicios de guardia de los juzgados de Madrid y Ávila estaban funcionando con normalidad y no se había considerado necesario adoptar medidas excepcionales inmediatas. El órgano de gobierno de los jueces sí había dejado abierta, no obstante, la posibilidad de activar las previsiones del protocolo si la evolución de los incendios lo exigía. Entre ellas figura expresamente la suspensión generalizada de actuaciones en los territorios afectados.
La declaración del ICPM eleva ahora la presión para que esa posibilidad se convierta en una decisión efectiva. Los procuradores sostienen que las evacuaciones, los confinamientos y los cortes de las vías de comunicación constituyen razones suficientes para paralizar temporalmente la actividad no urgente.
La medida, en cualquier caso, debería preservar los servicios de guardia y aquellas actuaciones que no puedan aplazarse por afectar a personas detenidas, menores, víctimas de violencia o derechos fundamentales.
El objetivo planteado por el Colegio no es detener por completo la Administración de Justicia, sino impedir que una emergencia ajena a ciudadanos y profesionales termine causándoles un perjuicio procesal añadido.
