Vox ha solicitado al Tribunal de Cuentas que abra una investigación por una posible responsabilidad contable derivada de los pagos efectuados por la Diputación de Badajoz a David Sánchez, hermano del presidente del Gobierno.
Esta es la reacción de la formación política tras la reciente condena impuesta por la Audiencia Provincial de Badajoz por un delito de prevaricación administrativa relacionado con la creación y adjudicación de su puesto de trabajo.
En la denuncia presentada ante el órgano fiscalizador, la formación que preside Santiago Abascal pide que se requiera a la Diputación toda la documentación relativa a las cantidades abonadas en ejecución de los contratos objeto del procedimiento judicial, incluidas las efectuadas hasta la actualidad, así como la identificación de las personas que autorizaron, ordenaron y fiscalizaron dichos pagos.
El foco se traslada a los fondos públicos abonados
Según expone Vox, existen «indicios racionales» de que David Sánchez percibió un total de 280.845,63 euros entre 2017 y 2024 con cargo a fondos públicos de la institución provincial.
A juicio del partido, esas cantidades podrían constituir un «saldo deudor injustificado» en las cuentas de la Diputación, al considerar que el puesto fue creado y cubierto de forma irregular y que su beneficiario no habría desempeñado de manera efectiva y regular las funciones inherentes al mismo.
Por ello, sostiene que los hechos podrían dar lugar a responsabilidad contable tanto para el propio perceptor como para quienes autorizaron o permitieron dichos pagos.
También exigen que examine las retribuciones a Luis María Carrero
La denuncia también solicita que el Tribunal de Cuentas examine las retribuciones percibidas por Luis María Carrero, antiguo asesor de la Presidencia del Gobierno que posteriormente ocupó un puesto en la Diputación de Badajoz.
Vox argumenta que, a diferencia de la documentación incorporada respecto de David Sánchez, no consta información sobre las retribuciones percibidas por Carrero ni sobre las funciones efectivamente desempeñadas, por lo que solicita aclarar si los pagos respondieron a una prestación real de servicios o si, por el contrario, pudieran constituir igualmente un supuesto de alcance susceptible de generar responsabilidad contable.
La iniciativa se produce después de que la Audiencia Provincial de Badajoz condenara tanto a David Sánchez como a Luis María Carrero a nueve años de inhabilitación especial para empleo o cargo público por un delito de prevaricación administrativa.
