El Tribunal de Cuentas no archivará las diligencias sobre el salario que David Sánchez, hermano del presidente del Gobierno, cobró entre 2017 y 2025 como coordinador de actividades de los conservatorios de música de la Diputación de Badajoz.
En un auto al que ha tenido acceso Europa Press, el órgano fiscalizador rechaza la petición de archivo de la propia institución provincial. También envía las actuaciones a su Sección de Enjuiciamiento para que proponga un delegado instructor.
Con esta decisión el procedimiento sale de su fase más preliminar. No hay todavía juicio contable ni ninguna atribución de responsabilidad.
Quién denunció y qué se reclama
El expediente se abrió con las denuncias de los partidos Iustitia Europa, PP y Vox y de las asociaciones Hazte Oír y Abogados Cristianos. Todas se presentaron después de que la Audiencia Provincial de Badajoz condenara a David Sánchez a nueve años de inhabilitación en la causa sobre la creación de la plaza que después se le adjudicó.
Las denuncias también se dirigen contra Luis María Carrero, condenado a la misma pena, por su puesto de jefe de sección de Centros y Programas de Actividades Transfronterizas. Según el auto, los denunciantes sostienen que “el daño a los fondos públicos se habría producido al tratarse de plazas de empleo público innecesarias y vacías de contenido”.
Sobre la cuantía, las acusaciones no coinciden. El PP calcula que David Sánchez cobró 412.789,82 euros en ese puesto. Hazte Oír y Abogados Cristianos rebajan la cifra a 340.572 euros. Son estimaciones de las partes denunciantes. El tribunal no ha fijado ningún importe.
La posición de la Diputación y de la Fiscalía
La Diputación de Badajoz presentó alegaciones y documentación. Pidió que se ratificara su solicitud de archivo y que se sobreseyeran las diligencias preliminares. A su juicio, los hechos no revestían “caracteres de alcance” ni suponían un “menoscabo efectivo” de los fondos públicos provinciales.
La Fiscalía, en cambio, se mostró a favor de nombrar un delegado instructor que practique diligencias para aclarar la posible responsabilidad contable por el cobro del salario.
El razonamiento del tribunal
El auto se apoya en la doctrina del propio Tribunal de Cuentas. Según esa doctrina, “sólo procede el archivo cuando los hechos no revistan los caracteres de alcance de manera manifiesta, es decir, patente, clara y descubierta”. En esta fase, añade, no se investiga nada: solo se valora si los hechos, tal como se describen, pueden dar lugar o no a un juicio contable.
Con ese criterio, el tribunal concluye que “no se dan las condiciones exigidas para acordar el archivo”. Considera que las alegaciones de la Diputación no cambian esa conclusión, porque “no tiene cabida en esta fase inicial del procedimiento una decisión de fondo sobre la existencia o inexistencia de responsabilidad contable”.
El tribunal solo archivaría si viera de forma patente la “absoluta irrelevancia” de los hechos para la responsabilidad contable. Según el auto, eso no ocurre aquí porque las denuncias “se refieren a presuntos pagos carentes de justificación cuya sola posibilidad hace necesaria la apertura de una investigación”.
El auto añade una cautela expresa: el nombramiento se acuerda “sin que ello suponga en absoluto prejuzgar ahora la existencia o inexistencia de responsabilidades contables”.
Lo que viene ahora
La siguiente fase son las actuaciones previas. En ellas, según el tribunal, “con todas las garantías, se procederá a la investigación de los hechos y a su provisional individualización”. El instructor determinará si esos hechos pueden generar responsabilidad contable. Solo si la respuesta es afirmativa podría abrirse después un procedimiento de reintegro.
Esta vía es distinta de la penal. La responsabilidad contable no castiga: busca que se devuelva a las arcas públicas lo que se hubiera perdido de forma indebida. Por eso puede tramitarse aunque ya exista una condena penal por los mismos hechos.
El antecedente penal
La Audiencia de Badajoz declaró probado que hubo un plan preconcebido para “pergeñar actos arbitrarios” con el fin de “favorecer” a David Sánchez. Según la sentencia, esa arbitrariedad se manifestó en “la urgente creación de una plaza de empleo público”, “innecesaria y vacía de contenido”, que primó el “interés particular de su futuro adjudicatario sobre el interés general”.