El Pleno del Consejo General del Poder Judicial ha terminado esta mañana sin una declaración institucional de apoyo a Beatriz Biedma, la magistrada de Badajoz que instruyó la causa contra David Sánchez, hermano del presidente del Gobierno.
Los diez vocales del sector conservador habían propuesto un texto de respaldo ante las informaciones sobre presuntas actuaciones de hostigamiento, seguimiento e intimidación contra la magistrada y su entorno.
Nueve vocales progresistas se opusieron. El décimo, Carlos Hugo Preciado, habría respaldado una declaración consensuada, pero no quiso participar en una escenificación de la división del órgano.
El desacuerdo no se ha producido sobre la existencia de contactos de apoyo a la magistrada. Según ha explicado Preciado, la presidenta del CGP y del Supremo, Isabel Perelló, y los vocales territoriales ya habían hablado personalmente con Biedma para trasladarle su respaldo.
La fractura ha aparecido al intentar convertir esa solidaridad en un pronunciamiento público del Pleno: los conservadores lo consideran una manifestación necesaria de defensa de la independencia judicial.
Ricardo Bodas, uno de los vocales progresistas contrarios al comunicado, sostiene que supondría tomar posición sobre unos hechos que investiga la Audiencia Nacional.
Una propuesta remitida antes del Pleno
Según el relato del vocal conservador, Alejandro Abascal, los promotores remitieron la propuesta a las ocho de la mañana, con la posibilidad de introducir modificaciones. El Pleno comenzó a las nueve y media y, al llegar al turno de ruegos y preguntas, José Antonio Montero planteó que el comunicado saliera por unanimidad.
Lo suscribían José Antonio Montero, José Luis Costa, Pilar Jiménez, Eduardo Martínez Mediavilla, Gema Espinosa, José María Páez, Esther Rojo, Carlos Orga, Isabel Revuelta y Alejandro Abascal.
El texto expresaba la «profunda preocupación» del CGP ante las informaciones sobre posibles actuaciones contra Biedma y contenía una cautela expresa: «Sin prejuzgar hechos ni responsabilidades que corresponde determinar exclusivamente a los tribunales».
A partir de esa salvedad, proponía trasladar a la magistrada «cercanía, solidaridad y respaldo institucional», con un mensaje dirigido también al conjunto de la carrera judicial: «Ningún juez debe ejercer su función bajo el temor, la presión o la intimidación. La independencia judicial no constituye un privilegio de quienes juzgan, sino una garantía de todos los ciudadanos».
La propuesta de declaración concluía con un compromiso de ejercer las competencias del Consejo frente a cualquier intento de perturbar esa independencia y con una frase que resumía el propósito de sus promotores: «Defender la independencia de cada juez es defender el Estado de Derecho».
La magistrada Biedma no pertenece a la Asociación Profesional de la Magistratura (APM) -la mayoritaria en la carrera y en el bloque conservador en el CGPJ–. Su afiliación es a Foro Judicial Independiente (FJI), la cuarta asociación de jueces de la carrera.
Su portavoz Roberto García Ceniceros, ha recordado que su asociación ya se había pronunciado lamentando que el CGPJ no se hubiera pronunciado con una declaración de apoyo a Biedma. «La redacción, hecha pública, por el bloque conservador, nos parece bien», explica García Cenicieros,.
FJI no solo hizo una declaración pública de apoyo a Biedma sino que, además, se personó como acusación popular en la causa que instruye el magistrado Santiago Pedraz desde la plaza 5 de la Sección de Instrucción del Tribunal Central de Instancia de la Audiencia Nacional, conocida como caso Leire Díez.
Desde ese órgano judicial –antes Juzgado Central de Instrucción 5– Pedraz investiga el trasfondo de las presuntas maniobras contra Biedma. La magistrada solicitó personarse en la causa. Durante las declaraciones que hizo ante Pedraz relató situaciones de supuesto acoso.
Entre los testimonios incorporados a la investigación figura uno que atribuye al exmagistrado Luis Sáenz de Tejada la expresión de que «había que eliminarla». Se trata de hechos y responsabilidades pendientes de esclarecimiento judicial.
Abascal: Defender la independencia judicial
La argumentación central del grupo progresista consistió en que un pronunciamiento de ese tipo podía presuponer hechos e interferir en el ejercicio de la función jurisdiccional. La presidenta pidió entonces que se intentara alcanzar un acuerdo.
Representantes de ambos sectores se trasladaron a la sala de la Comisión Permanente. Abascal asegura que los conservadores ofrecieron modificar la redacción: «Poned lo que queráis». Pero, siempre según su versión, la respuesta fue que no se aceptaría ningún texto.
El encuentro duró unos treinta segundos. «No nos llegamos ni a sentar», afirma. De vuelta al Pleno, constataron que no había consenso y la declaración no salió adelante.
Los diez promotores difundieron después su propuesta y una protesta por lo sucedido. Identificaron como contrarios al pronunciamiento a Ángel Arozamena, Ricardo Bodas, Bernardo Fernández, Luis Martín Contreras, José María Fernández Seijo, Esther Erice, Argelia Queralt, Inés Herrero y Lucía Avilés.
Les reprocharon una «oposición frontal», tanto al debate como a la aprobación, y cuestionaron lo que consideran una renuncia a una función esencial del Consejo: defender la independencia judicial. Esa es la valoración del sector conservador, no una posición adoptada por el órgano.
Abascal rechaza que la propuesta pudiera condicionar la investigación. A su juicio, respaldar a una magistrada ante posibles intimidaciones no equivale a pronunciarse sobre la culpabilidad de nadie.
También discrepa del argumento de que Biedma no hubiera solicitado amparo: sostiene que no se estaba planteando resolver una petición formal, sino expresar solidaridad institucional.
Bodas: «Una toma de posición, por muy neutra que pueda parecer, es una toma de posición»
Ricardo Bodas ofrece una explicación distinta. Niega que el rechazo al comunicado constituya «una manifestación de insolidaridad» con Biedma y sitúa el motivo en la existencia de un procedimiento judicial abierto. A su entender, el Consejo no puede aparecer alineado con una de las partes en una causa que tramita la Audiencia Nacional.
«Una toma de posición, por muy neutra que pueda parecer, es una toma de posición», sostiene. Su argumento es que el peso institucional del CGPJ obliga a extremar la prudencia para no afectar a la independencia y a la imparcialidad del tribunal que investiga los hechos. Distingue, por ello, entre las muestras de solidaridad a título individual y una declaración del órgano de gobierno de los jueces.
Bodas añade que, hasta donde conoce, Biedma no ha solicitado amparo al Consejo. Preguntado por si en la decisión había influido la vinculación de la investigación que lleva el magistrado Santiago Pedraz en la Audiencia Nacional con las presuntas «cloacas del PSOE», rechaza ese planteamiento y afirma que no dispone de información directa y fidedigna sobre lo investigado. Insiste en que su posición busca evitar cualquier influencia del Consejo sobre la tramitación judicial.
También cuestiona la preparación de la iniciativa. Considera que habría sido más razonable hablar el día anterior para explicar las respectivas posiciones y evitar que la discrepancia acabara presentada como una negativa a proteger a la magistrada.
Preciado: apoyo a Biedma, pero no a exhibir la división
Carlos Hugo Preciado, vocal progresista independiente, se ha situado en una posición diferenciada de los otros nueve vocales progresistas.
No rechaza una declaración de esta naturaleza: afirma que la habría apoyado si hubiera existido consenso. Lo que no comparte es que el Consejo exponga públicamente sus diferencias en una cuestión que afecta a una magistrada sometida a una situación de especial preocupación.
«No soy partidario de romper el consenso en estas cuestiones porque creo que perjudican más que benefician a la institución y a la propia interesada», explica.
Preciado confirma que Perelló y los vocales territoriales habían contactado con Biedma para mostrarle su apoyo y subraya que la jueza cuenta con todo su respaldo personal.
Sobre el procedimiento abierto, comparte que hay que ser «extremadamente cauto y prudente». Pero su criterio determinante es institucional: según explica, adoptó la misma postura que la presidenta, favorable a sacar un texto si había acuerdo y a no hacerlo si faltaba. «Yo no estoy para exhibir divisiones», resume.[
Otra fractura en plena negociación interna
El choque llega mientras los dos sectores negocian la renovación de las comisiones del Consejo y nombramientos en el Tribunal Supremo. Abascal considera que lo sucedido con Biedma complica todavía más esas conversaciones, porque erosiona la confianza entre quienes deben alcanzar los acuerdos.
Bodas reconoce que el escenario es difícil, pero mantiene que puede haber entendimiento tanto en las comisiones como en los nombramientos. «Nosotros no vamos a bloquear nombramientos», asegura, y recuerda que ninguno de los dos grupos dispone por sí solo de los trece votos necesarios para los acuerdos a los que se refiere.
La sesión ha dejado así dos planos distintos: el respaldo que la presidenta y los vocales territoriales ya habían trasladado personalmente a Biedma y la imposibilidad de expresarlo mediante una declaración conjunta del Pleno.
Para los promotores, el silencio institucional supone desatender la defensa de una jueza; para Bodas, evita interferir en una investigación; para Preciado, impide que un gesto de apoyo se convierta en una nueva exhibición de enfrentamiento interno.
