La Comisión de Trabajo, Economía Social, Inclusión, Seguridad Social y Migraciones del Congreso aprobó este martes el dictamen de la proposición de ley que reforma el sistema de mutualidades alternativas al RETA.
El resultado fue de 19 votos a favor —PSOE, Sumar, EH Bildu, Grupo Republicano, EAJ-PNV y Coalición Canaria— y 18 abstenciones de PP, Junts y VOX, que permitieron que el texto avanzara sin encallarse.
El camino hasta el dictamen no fue limpio.
La semana pasada, el 21 de mayo, la comisión no pudo reunirse porque el Gobierno invocó el artículo 111 del Reglamento del Congreso para bloquear la tramitación de varias enmiendas.
Esta mañana llegaron las consecuencias: dos transaccionales —una de PP y Junts, otra de VOX— cayeron antes de llegar a votación.
El veto y sus límites
El instrumento empleado fue el artículo 134.6 de la Constitución. Rafael Simancas, secretario de Estado de Relaciones con las Cortes, firmó electrónicamente el veto. El sello del Registro General del Congreso lo recogió a las 9:17 de la mañana.
El artículo 134.6 de la Constitución establece que «toda proposición o enmienda que suponga aumento de los créditos o disminución de los ingresos presupuestarios requerirá la conformidad del Gobierno para su tramitación».
El PP sostiene que ese supuesto no concurría en su enmienda: el Gobierno no identificó un incremento de coste directo, sino únicamente el riesgo de una futura pasarela.
El veto, en su lectura, fue aplicado fuera de los casos que la norma constitucional contempla.
Lo que costaban las enmiendas vetadas
La enmienda de PP y Junts pretendía mantener la alternatividad: suprimir la obligación de que los profesionales colegiados que inicien actividad a partir del 1 de enero de 2028 se afilien al RETA, y garantizarles los mismos derechos que a cualquier autónomo en materias ajenas a las cotizaciones al régimen especial.
El Gobierno respondió con una estimación de pérdida: 3.500 euros anuales por mutualista que no se incorpore al RETA, lo que supone 105.000 euros a lo largo de una carrera media de 30 años. Riesgo sistémico sin límite predefinido, según el Ejecutivo.
La enmienda de VOX era de otra escala. Proponía abrir la pasarela a mutualistas pasivos, jubilados, viudos, huérfanos y herederos, eliminar el requisito de período mínimo de cotización y blindar la operación con exención fiscal total.
El Gobierno cuantificó el coste en 5.204 millones de euros para los 47.000 mutualistas que hoy no tienen el período mínimo cotizado para acceder a la jubilación, más 640 millones adicionales por la eliminación de la actualización al IPC de las bases de cotización equivalentes.
La factura total superaba los 5.800 millones.
Esa cifra de 47.000 mutualistas es la primera vez que el Gobierno la hace pública, y obliga a un acto de fe: son quienes quedan excluidos de la pasarela por no cumplir el requisito de 15 años cotizados en la Seguridad Social.
Muchos de ellos llevan más de 30 años trabajando, pero sus años en la mutualidad —incluso en períodos en que la afiliación era obligatoria— no les son reconocidos a estos efectos.
Son, probablemente, quienes más necesitan la pasarela y quienes más alejados están de poder acceder a ella.
La transaccional 3 del PP contemplaba precisamente la eliminación de ese requisito.
La enmienda 42: mantener la alternatividad
Mientras caían los dos vetos, el PP registró su enmienda 42, orientada a preservar la alternatividad como opción para los profesionales colegiados.
Su tramitación queda pendiente del curso que tome el texto en el Pleno del Congreso, previsto para el 11 de junio, y posteriormente en el Senado, donde el PP tiene mayoría.
Lo que sí avanzó
La mayoría de investidura —PSOE, Sumar, EH Bildu, Grupo Republicano, EAJ-PNV y Coalición Canaria— llevaba desde el 21 de mayo con su propio paquete de ocho enmiendas transaccionales registradas.
El diseño es austero: el solicitante de la transferencia no puede ser pensionista de ningún régimen público —salvo viudedad—, dispone de un año para ejercer la opción, y los fondos no se mueven hasta que el profesional cause la prestación de jubilación, fallecimiento o incapacidad permanente.
El coeficiente de conversión se sitúa entre 0,67 y 0,87, sustituyendo al 0,77 fijo del texto de ponencia. La transferencia queda exenta de IRPF.
El Gobierno se compromete a un informe de evaluación del régimen de alternatividad antes del 1 de enero de 2030 y a aprobar en un año las reformas necesarias para garantizar la transparencia en la supervisión del sistema alternativo.
Sumar, EH Bildu y el Grupo Republicano introdujeron además una disposición que obliga al Gobierno a remitir a las Cortes, en el plazo de un año, un proyecto de ley que regule las cotizaciones a la Seguridad Social de los abogados y procuradores del turno de oficio.
Con reconocimiento explícito de la naturaleza laboral de su relación de servicio público, inclusión en el Régimen General con base equivalente al Grupo 1, y efectos retroactivos para el cómputo de períodos trabajados y el cálculo de pensiones.
El Grupo Socialista cerró la jornada con una corrección de errores materiales al informe de ponencia: donde decía «mutua», debe decir «mutualidades». Un detalle menor.
El resto del día no lo había sido.
