La condena a Álvaro García Ortiz, Fiscal General del Estado (FGE) por un delito del revelación de secretos, ha provocado un fuerte revuelo nacional. Especialmente, a nivel político, donde muchas han sido las críticas y acusaciones vertidas por representantes políticos hacia los magistrados del Tribunal Supremo. Algo ante lo que ahora, las asociaciones judiciales Asociación Judicial Francisco de Vitoria (AJFV) y Foro Judicial Independiente (FJI) han mostrado su preocupación por el descrédito que tales manifestaciones suponen para la Justicia.
Tras un juicio que no pasó desapercibido, llegaba el fallo del alto tribunal hacia Álvaro García Ortiz. Un anticipo de la sentencia del Supremo que pronto generaba el revuelo en la sociedad española. También a nivel político, donde, especialmente desde el Gobierno, se lanzaban duras palabras hacia el alto tribunal.
Ataques ante los que ahora se han pronunciado FJI y AJFV en un comunicado conjunto.
«Ante las declaraciones realizadas por distintos responsables políticos, incluidos miembros del Gobierno […] expresamos nuestra profunda preocupación por el descrédito que tales manifestaciones suponen para el Poder Judicial y quienes lo integran», han destacado las asociaciones.
Y es que, para ambas, «cuestionar la imparcialidad de los jueces, o insinuar motivaciones políticas en la actuación de los tribunales, alimenta un relato falso y muy dañino. El de que las resoluciones judiciales responden a afinidades ideológicas». Un relato que, lamentan, «supone un riesgo real para la confianza de la ciudadanía en la Justicia».
Una presión «inaceptable» tras la condena a García Ortiz
«La crítica jurídica forma parte del debate democrático. Pero el descrédito institucional no», han lamentado las dos asociaciones firmantes.
Asociaciones que han destacado que estas insinuaciones por parte de cargos públicos «generan una presión inaceptable sobre la función jurisdiccional. Y ponen en riesgo la separación de poderes». Un riesgo que no debe permitirse, dado que la independencia judicial no es un privilegio, sino «una garantía para el ciudadano, que tiene derecho a que sus conflictos sean resueltos por jueces imparciales ajenos a intereses políticos».
«Este tipo de declaraciones supone un ataque directo a los principios esenciales del Estado de Derecho», han criticado.
Razón por la que, desde FJI y AJFV, han apelado «a la responsabilidad institucional de todos los poderes públicos». Y en especial, de los integrantes del Gobierno.
Ello, para contribuir «a un clima de respeto institucional que la ciudadanía exige y que la Constitución garantiza».
