En su primera entrevista tras la sentencia del Tribunal Supremo (TS), Álvaro García Ortiz ha defendido con firmeza su inocencia. Lo hizo en el programa Lo de Évole, emitido en La Sexta, donde insistió en que fue condenado sin pruebas y en un contexto que, a su juicio, estuvo marcado por la presión mediática y política.
«Yo en el juicio no veía ninguna conducta punible», afirmó. «No había carga probatoria contra mí. Salí convencido de que sería absuelto».
Sin embargo, el fallo de la Sala de lo Penal del TS le impuso dos años de inhabilitación, una multa económica y una indemnización a Alberto González Amador por un delito de revelación de secretos.
Un juicio vivido como señalamiento
Más allá del resultado judicial, García Ortiz puso el foco en cómo vivió el proceso. Describió como especialmente «doloroso» el papel de González Amador durante la vista oral, donde, según relató, se dirigió a él en varias ocasiones de forma directa y vehemente.
También mencionó al jefe de Gabinete de la presidenta madrileña, Miguel Ángel Rodríguez, como protagonista de «momentos difíciles».
En este contexto, reivindicó el derecho de cualquier acusado a preservar su dignidad: «Quien se somete a un tribunal tiene derecho a no ser señalado de esa manera».
El ex fiscal general también denunció lo que considera un intento de «intoxicación y calumnia» contra la Fiscalía General, aunque evitó profundizar en el componente político de esas actuaciones.
El peso de las palabras y la exposición pública
Uno de los episodios que más le afectó, según explicó, fue un comentario del magistrado Andrés Martínez Arrieta durante un acto en el Ilustre Colegio de Abogados de Madrid (ICAM), en el que, entre risas del público, aludió a la sentencia del fiscal. García Ortiz evitó criticar directamente al juez, pero reconoció el «profundo dolor» que le causaron aquellas palabras.
A esa carga emocional se sumó la espera de 20 días para conocer la sentencia completa. Un periodo en el que, según relató, “todo el país” especuló sobre las razones de su condena. “Es complicado de gestionar también en la cabeza de uno”, admitió.
Testimonios y tensiones internas
Otro momento especialmente delicado fue el testimonio de Almudena Lastra, quien declaró que había advertido de una posible filtración de correos y que interpretó como evasiva la respuesta de García Ortiz al ser preguntado directamente. El ex fiscal general rechazó esa interpretación: «Que de una imaginación se saque una inferencia me parece doloroso».
Eso sí, evitó entrar en detalles sobre su relación con Lastra, limitándose a señalar que lo declarado en sede judicial “es responsabilidad de quien lo dice”.
Poder judicial y equilibrio institucional
Durante la entrevista, García Ortiz también reflexionó sobre el papel de la Sala Segunda del Supremo, a la que definió como un órgano «importantísimo» con un poder que, en su opinión, roza el control de otros poderes del Estado. Habló incluso de un “desequilibrio”, aunque dejó claro que no cuestiona a los magistrados individualmente.
Preguntado por si su caso podía interpretarse como un «golpe de Estado», rechazó esa etiqueta. «No puedo poner adjetivos», respondió, aunque reiteró que la instrucción judicial «no debía haberse producido».
El impacto político y el respaldo de Sánchez
García Ortiz también abordó el apoyo público que recibió del presidente Pedro Sánchez. Reconoció que pudo perjudicarle, aunque consideró que lo «sorprendente» habría sido lo contrario.
Más crítico se mostró con una frase del propio Sánchez —«la Fiscalía depende del Gobierno»— que, según dijo, le «persigue» y afecta a la percepción de independencia del Ministerio Público: «No se corresponde con lo que dice la ley”, subrayó.
Finalmente, defendió su decisión de no dimitir antes del juicio, al considerar que habría generado un problema político mayor.
Recurso pendiente y defensa de su actuación
Tras la condena, García Ortiz ha recurrido ante el Tribunal Constitucional, alegando vulneración de derechos fundamentales, entre ellos la presunción de inocencia y el derecho a un proceso con garantías.
Sostiene que su actuación respondía a una «finalidad institucional legítima»: desmentir informaciones y proteger la actuación de la Fiscalía en un asunto de gran relevancia pública.
Su caso sigue abierto en el plano jurídico. Pero, por primera vez desde la sentencia, ha querido fijar públicamente su relato. Uno en el que insiste, sin matices: nunca hubo pruebas contra él.
