El Colegio de la Abogacía de Madrid (ICAM) ha pedido al al Consejo General del Poder Judicial, al Tribunal Superior de Justicia de Madrid, al Gobierno y a la Comunidad de Madrid que tomen medidas urgentes para «congelar» los plazos legales y administrativos de las personas afectadas por los incendios.
La decisión ha sido tomada hoy en una reunión extraordinaria de su Junta de Gobierno.
La idea es sencilla: si alguien ha tenido que evacuar su casa, está confinado, no puede moverse con normalidad, o es un abogado que no puede llegar a su despacho ni acceder a sus documentos, no debería perder un juicio, un recurso o cualquier otro trámite solo por no haber podido cumplir un plazo que, en circunstancias normales, sí habría cumplido.
El Colegio recuerda que esto no afecta solo a la gente que vive en las zonas quemadas. Alguien que ha sido evacuado puede tener un caso pendiente en un juzgado de Madrid capital, de otra comunidad autónoma o de cualquier parte de España, y el incendio le puede estar impidiendo igualmente ocuparse de él.
Entre las medidas que pide el Colegio está que el Gobierno declare zona de emergencia los municipios afectados y suspenda, para todas las administraciones públicas, los plazos de los trámites de quienes vivan allí o puedan demostrar que el incendio les impide cumplirlos.
Fuerza mayor
También reclama que se apruebe cuanto antes una norma de urgencia para parar los plazos judiciales en los juzgados de Navalcarnero y San Lorenzo de El Escorial, las dos zonas judiciales más golpeadas.
Y pide que se aplique la regla de «fuerza mayor» —es decir, reconocer que hay circunstancias excepcionales fuera del control de la persona— en cualquier juzgado de España, siempre que el incendio afecte a una de las partes del proceso, a su abogado, a su procurador o a cualquier persona imprescindible para que el caso avance.
El Colegio también pide algo importante: que se puedan recuperar, con un trámite rápido y sencillo, los plazos que ya hayan vencido desde el 24 de julio por culpa directa de los incendios.
Eso sí, sin tocar las sentencias ya firmes ni los derechos que terceras personas de buena fe hayan adquirido mientras tanto.
Junto a esto, pide que se suspendan también los plazos de «prescripción y caducidad» —es decir, los tiempos límite que tiene una persona para reclamar un derecho o denunciar algo, pasados los cuales ya no se puede hacer— y que se tomen medidas parecidas en materia de impuestos, Seguridad Social, subvenciones y contratos públicos.
Poder Judicial y TSJ de Madrid
Al Poder Judicial y al Tribunal Superior de Justicia de Madrid, el Colegio les pide que pongan en marcha los protocolos previstos para emergencias y catástrofes, y que se suspendan los juicios y vistas programados que no sean urgentes, ya sea de forma general en las zonas afectadas o para cualquier persona que demuestre que el incendio le impide acudir.
Eso sí, deja claro que lo urgente sigue siendo urgente: los servicios de guardia deben seguir funcionando, y también todo lo relacionado con personas detenidas, órdenes de protección, violencia machista o sexual, menores, ingresos psiquiátricos no voluntarios, medidas urgentes y protección de derechos fundamentales.
El Colegio reconoce que la videoconferencia o la presentación de escritos por internet pueden ayudar a que algunos trámites sigan adelante.
Pero avisa de que no se puede obligar a usarlos a quien no tenga conexión a internet, un ordenador disponible, privacidad para hablar o acceso a su despacho y sus documentos. Solo deberían usarse cuando sean técnicamente posibles, seguros y no perjudiquen el derecho de cualquiera a defenderse correctamente. También piden que se cree un único sitio donde consultar de forma clara qué zonas están afectadas, hasta cuándo se suspenden los plazos, qué excepciones hay y cómo se demuestra que uno se ha visto afectado.
Además, el ICAM ha organizado, a petición de la Comunidad de Madrid, el envío de diez abogados de su Servicio de Orientación Jurídica para atender a la gente afectada desde una unidad móvil o directamente en los juzgados de Navalcarnero y San Lorenzo de El Escorial.
Su trabajo será informar, asesorar y detectar problemas que vayan surgiendo por culpa de la emergencia.
Desde que empezó la emergencia, el Colegio ha dado prioridad a atender a los abogados afectados: gestionar sus plazos, vistas y guardias pendientes, ofrecerles espacios y medios para trabajar, y canalizar ayudas económicas, asistenciales y psicológicas.
Y hace una advertencia clara: ninguna obligación profesional justifica desobedecer una orden de evacuación o confinamiento, y nadie debe volver a una zona evacuada a buscar papeles o equipos mientras los servicios de emergencia no lo autoricen.
En definitiva, lo que busca el Colegio es evitar que una situación de fuerza mayor —una emergencia declarada oficialmente— termine costándole a alguien un derecho para siempre, o que le obligue a elegir entre su propia seguridad y cumplir con una obligación legal.
