Hay una frase en el artículo 117 de la Constitución que Cristina Carretero González recita de memoria y que, según ella, encierra una de las grandes paradojas del sistema judicial español: «La justicia emana del pueblo y se administra en nombre del Rey por jueces y magistrados».
El pueblo es el origen y el destinatario. Y, sin embargo, el pueblo no entiende de qué va.
Carretero González es profesora de Derecho Procesal en la Facultad de Derecho de la Universidad Pontificia Comillas (ICADE) desde 1998, doctora por la Universidad Complutense de Madrid y una de las voces más reconocidas en España en materia de lenguaje jurídico claro.
Ha sido representante española de Clarity International, la organización dedicada a promover la claridad en el lenguaje jurídico y administrativo, y es autora de obras de referencia como Comunicación para juristas y Jueces y ciudadanos: elementos del discurso judicial.
Kevin Lehmann, sociólogo y politólogo formado también en la Complutense, preside la Asociación Iberoamericana de Profesionales de la Comunicación Judicial (JusCom), entidad creada en 2021, con base en Buenos Aires, Argentina, para impulsar la profesionalización e investigación de la comunicación judicial en Iberoamérica.
Es director internacional de la Cátedra de Justicia y Comunicación de la Escuela Nacional de la Judicatura de la República Dominicana, integra el Comité Académico Consultivo del Observatorio de Lenguaje Claro de la Universidad de Buenos Aires y es autor de Comunicación judicial. El poder judicial como actor en el espacio público.
Para muchos especialistas, se ha convertido en una de las voces más activas en la consolidación de la comunicación judicial como disciplina autónoma dentro del ecosistema jurídico iberoamericano.
Lehmann organiza el Primer Congreso Iberoamericano de Comunicación Judicial, que se celebrará los próximos 26 y 27 de julio en Buenos Aires con seis ejes temáticos: lenguaje claro, comunicación digital y redes sociales, inteligencia artificial, gestión de crisis y narrativas, periodismo y función judicial, y tratamiento responsable de vulnerabilidades en la comunicación judicial y mediática. La profesora Carretero tomará parte en él.
La conversación con ambos tuvo lugar durante el reciente Congreso de la Unión Iberoamericana de Abogacía (UIBA) en Madrid. Ninguno de los dos necesitó mucho tiempo para llegar al meollo.
La brecha empieza antes de la universidad
Cuando habla de su propia experiencia como estudiante de Derecho, Carretero no idealiza. Recuerda haber llegado a la facultad con 18 o 19 años, con entusiasmo y con la sensación permanente de que le faltaba todo por comprender. «Quieres entrar con mucha ilusión a una carrera, conocerla, ejercerla, hacer justicia, vas con esa utopía y ves que te falta mucho por comprender», explica.
Lo que echa de menos, dice, es haber manejado antes textos que le hubieran acercado al mundo jurídico de una manera más natural, más humana.
Pero el problema no empieza en la universidad. Empieza mucho antes.
«Estoy hablando de los colegios», dice con claridad. «La cultura jurídica debería impregnarse cuanto antes. Al final, el bono del autobús que tienen que comprar los chicos, las becas…, son muchas cosas que van apareciendo en cada una de las etapas de la vida».
Y sin embargo, más allá de la asignatura de Formación y Orientación Laboral en Formación Profesional —que además es optativa— y de algunos contenidos de economía dispersos en ciertas ramas educativas, no existe en el sistema educativo español una asignatura específica de cultura jurídica.
«Yo no sé si eso lo tendrían que decir los expertos», matiza, «pero a lo mejor desde los 12 o 13 años la gente podría ir conociendo qué es un contrato, qué es un Estado de derecho. Las cuestiones básicas constitucionales me parecen esenciales».
Conocer no es lo mismo que comprender
La profesora establece una distinción que parece obvia pero que tiene consecuencias enormes: conocer algo no equivale a comprenderlo. «Yo he leído libros de todo. Pero muchas veces me faltó la comprensión. Quería entrar y llegar, pero eres una persona joven y lo que te hacían sentir era un poco pequeñito».
Ese sentimiento de pequeñez frente al lenguaje jurídico no desaparece con los años para quienes no se dedican al Derecho. Es exactamente el mismo que experimenta el ciudadano que recibe una sentencia, que entra a declarar a un juzgado o que firma un contrato sin entender lo que firma.
Lehmann lo formula desde su perspectiva sociológica con una pregunta que, dice, debería ser el test definitivo de cualquier texto jurídico: «Si los textos no responden a la pregunta ‘¿qué tiene esto que ver conmigo?’, no hay comunicación. Fin de la comunicación. Porque si no veo que tiene que ver conmigo, no tengo dónde ubicar esa información, la pierdo rápidamente».
No es un problema de vocabulario. Es un problema de vínculo.
El papel de los abogados y el riesgo de la inteligencia artificial
La irrupción de la inteligencia artificial ha cambiado algo en la relación entre los ciudadanos y el Derecho. Carretero no rechaza el fenómeno de la irrupción de la Inteligencia Artificial y cómo cada vez más personas llegan a las reuniones con sus abogados habiendo consultado previamente su caso con una IA. Llegan con una idea del problema. A veces, con lo que creen que es la solución.
Pero lo calibra con precisión. «Me parece maravillosa la Inteligencia Artificial, siempre que la filtremos un poco y seamos prudentes».
El problema, dice, es que quienes recurren a herramientas generalistas están obteniendo respuestas plagadas de errores. «Ni esas instrucciones suelen ser lo suficientemente completas como para armar jurídicamente una solución a un problema, ni tampoco con la IA generalista la gente va a obtener una buena solución».
La analogía es exacta: es como ir al médico con información de internet sobre el colesterol. El médico la conoce. Y a veces se cansa.
Lehmann añade una perspectiva histórica que matiza el entusiasmo fácil: antes de la IA existían los relatores, que también traían textos escritos y propuestas al juez para que este verificara. La tecnología cambia; la necesidad de criterio humano, no.
Tecnicismo sí, barroquismo, no
Uno de los malentendidos más persistentes en el debate sobre el lenguaje jurídico es confundir precisión técnica con oscuridad deliberada. Carretero los separa con firmeza.
«Muchos juristas, cuando oyen lo de lenguaje claro, se ponen a la defensiva porque piensan que tienen que renunciar al tecnicismo. Y yo estoy absolutamente en contra».
Entre abogados y jueces, el lenguaje técnico es una herramienta que acelera la comunicación y reduce la ambigüedad. Es precisión. Es economía procesal. Es seguridad jurídica.
Lo que hay que eliminar es otra cosa: el barroquismo. Las florituras. Las frases largas que no dicen nada que no pudiera decirse en la mitad de palabras. Los sinónimos acumulados —«interesa, suplica, solicita»— que no añaden precisión sino ruido. «Son figuras innecesarias que alejan el discurso», dice. «Y eso sí que ayuda a la clarificación».
Lehmann lo reformula desde la teoría de la comunicación: hay un porcentaje alto de la actividad jurídica que es rutinaria y algorítmica, que una IA o un texto estandarizado puede resolver.
Pero la comprensión real excede eso. «Tiene que ver con vínculos, con que yo pueda creerte, con que incluso sin comprenderte del todo te atribuya valor». Sucede con la poesía. Sucede con la religión. Y sucede, también, con la justicia.
Siete puntos para escribir como seres humanos
Para organizar ese esfuerzo, Carretero ha sintetizado sus recomendaciones en siete puntos que beben de tres fuentes: el Libro de Estilo de la Justicia del CGPJ y la RAE, la Guía Panhispánica del Lenguaje Claro y Accesible y las normas ISO y UNE sobre lenguaje jurídico claro.
El resultado es esto:
Primero, poner el foco en el destinatario del texto antes que en el propio escritor.
Segundo, estructurar los escritos con coherencia, de lo grande a lo pequeño.
Tercero, eliminar el barroquismo como ornamento inútil.
Cuarto, controlar la longitud —que importa, pero para mal—.
Quinto, reducir los sinónimos superfluos,
Sexto, incorporar apoyos visuales cuando aporten claridad.
Y séptimo, revisar los textos no solo en términos ortográficos sino de coherencia global.
«Son cuestiones obvias que todo el mundo conoce pero que se suelen olvidar», dice la profesora sin grandilocuencia.
El juez que explica la sentencia en román paladino
Carretero trae a la conversación el ejemplo de un magistrado bonaerense, Guillermo González Zurro, cuya práctica resume perfectamente lo que defiende.
Antes de la sentencia propiamente dicha, este juez redacta un resumen en lenguaje accesible en el que explica a las partes qué ha decidido y por qué.
«De los 50.000 euros que pides, tienes derecho a 30.000 por las pruebas planteadas. Los otros 20.000 no te corresponden. Esa persona, cuando lee el resumen inicial, sabe perfectamente a qué atenerse. Luego ya qué más le da si ha habido una reconvención entremedias. Lo que necesita saber es qué pasa», explica.
Es el regreso al «román paladino», de Gonzalo de Berceo, el primer autor en lengua castellana (siglos XII-XIII) que escribía en la lengua en la que hablaba la gente, no en la que hablaban los clérigos.
La justicia pacifica, pero solo si se entiende
Lehmann formula la tesis más amplia de la conversación con la convicción de quien lleva años construyéndola. Los poderes judiciales, dice, tienen un rol que va más allá de aplicar la ley o resolver conflictos: su función última es pacificar la sociedad. Y esa función solo puede cumplirse si la sociedad entiende lo que hacen.
«El 70% de los españoles no pasarán nunca por los tribunales. Por lo tanto, la confianza en el Poder Judicial es lo que escucharon acerca del Poder Judicial. La comunicación clara no es un capricho pedagógico ni una concesión a la simplicidad. Es el único instrumento disponible para construir legitimidad institucional», afirma.
«La patria de los jueces no es la ley», remata Lehmann. «Su patria es la comunidad en la que viven». Aplicar la ley y resolver conflictos es la manera en que cumplen su rol, no el rol en sí mismo. El rol empieza y termina en la sociedad.
Carretero añade que esa transformación no se produce de golpe. El mundo jurídico es, en su metáfora, «un tanque que va muy lento, con un peso de la tradición sobre la espalda muy grande». Avanza. Pero más despacio de lo que debería.
Y mientras tanto, a los 12 años, los jóvenes siguen sin saber qué es un contrato.
