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Argentina enseña el camino sobre cómo hacer comprensible el lenguaje jurídico

Aspecto de estas jornadas sobre Lenguaje Claro celebradas en el Senado argentino.
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En el contexto de la Primera Jornada Internacional de Lenguaje Claro, el derecho a entender realizada los pasados 26 y 27 de octubre en el Senado de la Nación argentina, tuvo una reunión preliminar con representantes de los tres poderes del Estado, donde se acordó conformar una Red de Nacional de Lenguaje Claro basada en la experiencia chilena.

En la reunión estuvieron presentes representantes del Ministerio de Justicia de la Nación, el Senado de la Nación, la Cámara de Diputados de la Nación, el Consejo de la Magistratura de la Nación, la Secretaría Legal y Técnica de Nación, la de la Ciudad de Buenos Aires y la de la Provincia de Buenos Aires; además de la Dirección Nacional de Defensa del Consumidor.

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El objetivo del acuerdo es la implementación de una red de instituciones públicas que se comprometen a transmitir de manera clara y sencilla el contenido de los documentos que generan, en particular las leyes, como una forma de facilitar su comprensión y acceso universal para todos los ciudadanos.

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Los distintos organismos consideran que la claridad en el lenguaje de los actos del Estado ayuda a un adecuado ejercicio de los derechos y deberes, fortalece la democracia, la transparencia y la confianza en las Instituciones. Fruto de este espíritu fueron las jornadas internacionales mencionadas donde diferentes expertos analizaron cómo implementar ese lenguaje claro.

Perspectiva internacional del Lenguaje Claro

Inauguraron  la jornada la presidenta del Senado, Gabriela Michetti, el residente de la Cámara de Diputados, Emilio Monzó y el secretario de Planificación Estratégica, Mauricio Devoto.

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El 26 de octubre hubo un panel institucional para debatir sobre de los beneficios de incorporar el lenguaje claro, encabezado por Silvia Iacopetti, directora nacional del Sistema del Argentino de Información Jurídica y Martín Böhmer, director nacional de Relaciones con la Comunidad Académica y la Sociedad Civil (RECASO), ambos del Ministerio de Justicia.

Posteriormente,  se configuró un panel académico sobre lenguaje claro a cargo de expertos que darán una perspectiva sobre las diferentes experiencias internacionales.

El segundo día se pusieron en marcha talleres para aplicar el lenguaje claro en la tarea cotidiana de los organismos del Estado.

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Diferentes expertos organizaron los mismos dirigidos a los empleados del Senado.

El cuerpo de profesores estuvo configurado por Cristina Carretero, representante de Clarity España, Claudia Poblete, cofundadora de la Red de Lenguaje Claro de Chile y Natalia Staiano, directora de Capacitación Técnico Profesional del Honorable Senado de la Nación y se abordó el lenguaje claro en su aplicación en la ley, en los textos jurídicos y en los textos administrativos. Los talleres están dirigidos a los empleados del Senado.

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CONFILEGAL contactó con la profesora Cristina Carretero, de ICADE Comillas, única europea invitada a este evento.

Su valoración de estas jornadas es positiva “Que Argentina ha comenzado a apostar muy fuerte y decididamente por el lenguaje claro en general y el lenguaje del Derecho en particular creando una red que implica a las más altas instituciones públicas relacionadas con la vida de la ciudadanía”.

Carretero nos explica cuál fue su papel en este evento internacional “Recibí varios encargos. Asistir a una sesión de trabajo, el día 26 de octubre, en el Honorable Senado de la Nación con la presidencia del Secretario Parlamentario, Juan Pedro Tunessi y la moderación del director general de Programas de Investigación y Capacitación”.

De pie: Cristina Carretero de Clarity España, Jorge Bravo, director General de Taquígrafos del Senado argentino; Natalia Staiano del Senado argentino. Sentadas Claudia Poblete de Clarity Chile, Mariana Bozetti del Ministerio Público Fiscal de Argentina y Joanna Richardson de Plain Language.

Al mismo tiempo se encargo de presentar una ponencia en el Senado llamada: “El lenguaje claro en textos jurídicos: de la tendencia a la necesidad” ante un auditorio de cerca de 300 personas inscritas entre público, senadores, legisladores, jueces, fiscales, y miembros del gobierno de la nación”.

Por último, “el día posterior planteé, en la Cámara de Diputados, un taller denominado: “Lenguaje claro en la ley” en el que participaron más de 60 personas, muchos de ellos implicados directamente en la redacción normativa en Argentina. Asistir a la creación oficial de la Red de Lenguaje Claro en este querido país ha sido interesantísimo y emocionante”.

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Sobre Clarity España destaca que esta organización representa a “las personas de Clarity International que vivimos en España; aquí soy la representante. Clarity International, es una red formada por cerca de 700 personas de todo el mundo, entre juristas, filólogos, traductores y otros profesionales, con el común interés de luchar por un Derecho más claro en el mundo, un derecho accesible a la ciudadanía”.

Respecto a la relación de esta política de claridad jurídica son su trabajo viene “porque en las clases que doy en la Facultad de Derecho de la Universidad Pontificia Comillas, en el Máster de Acceso a la Abogacía, en Oratoria en Redacción Jurídicas para Abogados, e incluso en las clases de Derecho Procesal en Grado de Derecho, insisto a todos los alumnos en desarrollar habilidades para tratar el discurso jurídico desde una doble óptica: técnica por un lado, para comunicarse entre juristas, y en lenguaje sencillo, para tratar con personas no juristas”.

La importancia del “derecho a comprender”

Para Carretero “es posible y necesario que los operadores jurídicos comuniquen de forma clara. Solo es cuestión de sensibilizarse con la necesidad del “derecho” a comprender por parte de toda la ciudadanía y tener voluntad de hacerse entender”.

Desde su punto de vista “el problema del operador jurídico radica, a mi juicio, en la falta de mentalización de la necesidad de ser claros. Muchos juristas llevan toda la vida haciendo las cosas “como siempre” y después, la inercia, la comodidad, y, a veces, la sobrecarga de trabajo, que les incita a seguir con lo que, por otra parte, ya no funciona”.

En España desde el 2009 faltan políticas públicas con propuestas de medidas concretas para mejorar la claridad del lenguaje jurídico

A juicio de esta jurista “actualmente en comunicación: los mensajes incomprensibles. Hoy día las comunicaciones son muy rápidas, más breves, y han de ser, necesariamente más inteligibles en coherencia con esas características”.

Sobre esta relación operador jurídico y comunicador destaca nuestra interlocutora que “el jurista no entiende que algo como la claridad en la expresión, ya no es una cuestión de moda o de capricho, sino una reivindicación ciudadana por los altos porcentajes de incomprensión de los mensajes que se han puesto de manifiesto en datos ofrecidos por el Consejo General del Poder Judicial y por el Consejo General de la Abogacía Española”.

En esta situación indica que “cuando esto se asimile, la forma de comunicar debe cambiar para siempre. El denominado “operador” jurídico, debe dirigirse a un ciudadano medio capaz de comprender el mensaje”.

La situación en España de la claridad del lenguaje jurídico

Cristina Carretero conoce bien la situación de la claridad del lenguaje jurídico en nuestro país. Así nos subraya que “el Ministerio de Justicia puso en marcha la Comisión de Modernización del lenguaje jurídico creada en 2009. Después, de modo muy puntual, en 2015, con la Comisión para la Claridad del lenguaje jurídico, creada pero parada”.

Para esta experta “actualmente, hasta donde yo conozco, no hay ningún trabajo en marcha en el Ministerio. En definitiva, no hay políticas públicas como tales, con propuesta de medidas, en materia de promoción de la claridad del lenguaje jurídico desde 2009. Y ya lo siento, porque me preguntan de todo el mundo y me gustaría poder dar otras noticias, pero ¡no puedo!».

Le preguntamos, para finalizar, si algún día habrá una fecha, como ya la hay en Argentina donde se conmemora el Lenguaje Claro “Sí, el día que en España se reactive la Comisión para la Claridad del Lenguaje Jurídico para que promueva el lenguaje claro de las instituciones y beneficie al ciudadano, como han hecho en países como Argentina, Chile, México y muchos otros más cercanos como Suecia o Alemania, además del ámbito anglosajón en general”.