La jornada “Marco jurídico de la red eléctrica ante la transición energética”, organizada por el Observatorio de la Energía de ICADE, dejó un mensaje claro: la red eléctrica española está al límite y se ha convertido en el principal cuello de botella para avanzar en la electrificación de la economía.
En el encuentro participaron Marta Castro, directora de Regulación de Aelec; Fernando Calancha, socio director de Hogan Lovells en Madrid y responsable del área de Regulatorio y Energía; y Alejandro Fuster, director técnico de Spain DC, quienes coincidieron en que el desarrollo de las redes eléctricas ha dejado de ser un asunto sectorial para convertirse en un interés estratégico nacional.
Los datos hablan por sí solos: el 85% de los nudos de la red ya no tiene capacidad disponible, y solo en 2024 las distribuidoras recibieron más de 60 GW en solicitudes para nuevas conexiones. Apenas un 10% logró el visto bueno. Esta brecha entre lo que se pide y lo que realmente puede soportar la red está frenando inversiones millonarias en industrias clave como la fabricación, el transporte o los centros de datos.
Invertir más, condición imprescindible
Durante su intervención, Fuster alertó de que «nos hallamos ante una oportunidad industrial histórica» que podría desaprovecharse si no se acelera la inversión en redes.
La falta de infraestructuras, advirtió, no solo bloquea el crecimiento empresarial, sino que también puede poner en riesgo la ciberseguridad: «la falta de infraestructura estratégica en los centros de datos puede comprometer también la ciberseguridad”.
Aunque los expertos coinciden en que la solución pasa por incrementar la inversión en redes, que no ha seguido el ritmo del crecimiento de la demanda, indican que ésta se encuentra con barreras regulatorias y económicas importantes.
Los expertos apuntaron en la misma dirección: invertir más es la única salida, pero las trabas regulatorias y económicas siguen siendo un obstáculo serio.
Calancha insistió en la importancia de garantizar seguridad jurídica para atraer capital y en respetar las orientaciones de política energética sobre la retribución de las redes de distribución.
«La necesidad de respetar las orientaciones de política energética en relación con la tasa de retribución financiera de las redes de distribución, que obligan a tener en cuenta que las inversiones en infraestructuras se producen en un contexto de aceleración de la transición energética a nivel global, en particular en Europa, con una alta competencia para el acceso a los mercados de capitales», analizó el socio director de Hogan Lovells en Madrid.
A esto se sume que la retribución financiera propuesta para el periodo 2026-2031 (6,58%) se considera insuficiente por el sector, que reclama acercarse al 7,5% para atraer inversiones y poder competir con Europa.
Y no es la única divergencia: el coste de referencia propuesto por la CNMC (232 €/kW) queda muy por debajo de las estimaciones creadas por estudios independientes (320 €/kW), lo que podría dejar fuera proyectos críticos como nuevas subestaciones o la electrificación de autovías.
Miradas a largo plazo y soluciones de transición
El sector ha identificado dos objetivos a largo plazo: avanzar en la liberación de capacidad retenida por proyectos no ejecutados y fomentar de la capacidad de acceso flexible, que permitiría atender nuevas solicitudes mientras se refuerza la red.
El desafío no es exclusivo de España, sino que afecta a numerosos países que están multiplicando sus esfuerzos en este ámbito. Sin embargo, el grado de ejecución de los planes actuales es bajo: solo el 8% del presupuesto del plan de transporte se destina a distribución, pese a que el 70% de la transición energética depende de esta red.
Flexibilidad, pero con visión de futuro
En este sentido, la directora de Regulación de Aelec subrayó la necesidad de modernizar y ampliar la capacidad de la red: «La importancia de avanzar en la modernización y ampliación de la capacidad de acceso, incentivando la realización de las inversiones necesarias para garantizar una red sólida y preparada para los retos futuros».
Reclamó además eliminar los proyectos que ocupan capacidad sin intención real de ejecutarse, permitiendo así que quienes sí quieren invertir, crear empelo y generar riqueza tengan acceso efectivo a la necesidad: «Se deben imponer medidas eliminar proyectos que ocupan red y no se vayan a ejecutar, asegurando que todos los que quieran invertir en España, traer empleo y generar riqueza tengan acceso a la red».
El mensaje que deja la jornada es contundente: España debe acelerar la inversión y la modernización de su red eléctrica si quiere mantener el pulso de la transición energética. La ventana de oportunidad está abierta, pero no lo estará para siempre.
