La Asociación Profesional de la Magistratura (APM), la Asociación Judicial Francisco de Vitoria (AJFV), Foro Judicial Independiente (FJI), la Asociación de Fiscales (AF) y la Asociación Profesional Independiente de Fiscales (APIF) han difundido un duro comunicado conjunto en el que reprocha al Ministerio Públicohaber ignorado «su deber legal de defender la independencia judicial» frente a la trama de presiones investigada en el Tribunal Central de Instancia.
El texto, suscrito este martes 2 de junio, llega horas después de que la Comisión Permanente del Consejo General del Poder Judicial emitiera una declaración institucional que las propias firmantes califican de «insuficiente».
Su crítica más contundente, sin embargo, no apunta al órgano de gobierno de los jueces sino al Ministerio Público.
«Lamentamos asimismo la ausencia de reacción por parte de la Fiscalía General del Estado, ignorando su deber legal de defender la independencia judicial», señalan las cinco asociaciones.
La trama y sus ramificaciones
El detonante directo es la investigación abierta en las Diligencias Previas de Procedimiento Abreviado nº 150/2025 del Tribunal Central de Instancia, Sección de Instrucción, Plaza nº 5 –cuyo titular es el magistrado Santiago Pedraz– cuya existencia se hizo pública el 27 de mayo de 2026.
Según las informaciones difundidas desde entonces, la trama habría orquestado investigaciones secretas sobre la magistrada Beatriz Biedma Rojano, titular del Tribunal de Instancia de Badajoz, Sección de Instrucción, Plaza nº 3, incluyendo presuntos espionajes a su persona, su familia y su entorno profesional, con el fin de hostigarla y desacreditarla.
No es la primera vez que su nombre aparece en este contexto. El 6 de junio de 2025, las secciones territoriales de APM, AJFV, JJpD y FJI ya suscribieron un comunicado conjunto de apoyo a la magistrada ante informaciones similares. Lo publicado ahora, afirman las asociaciones, «vendría a ratificar lo que por aquel entonces se venía apuntando».
Más allá de los ataques habituales
El comunicado distingue entre la crítica política ordinaria a las resoluciones judiciales —práctica que las asociaciones llevan años denunciando— y lo que ahora se apunta: una «estrategia orquestada» para atentar contra la independencia judicial. La diferencia, subrayan, es cualitativa. No se trataría ya de descalificaciones públicas desde la tribuna parlamentaria, sino de actuaciones sistemáticas y presuntamente coordinadas desde un partido político para presionar a jueces en activo.
Las asociaciones afirman que «el poder judicial actúa con plena independencia, sometido únicamente al imperio de la ley», y advierten de que «todo intento de deslegitimar su función constituye un ataque al Estado de Derecho y a la separación de poderes».
Medidas en el ámbito estatal y europeo
Las cinco firmantes anuncian que se mantendrán «expectantes ante lo que resulte de las diligencias que se están instruyendo» y que «adoptarán las medidas que estimen oportunas en el ámbito estatal y europeo», no solo en defensa de los directamente afectados, sino de toda la carrera judicial, «cuya tranquilidad en el desarrollo de su trabajo no ha de verse perturbada».
El comunicado incluye un expreso apoyo a las personas afectadas y a sus familias, y parte del respeto escrupuloso al derecho a la presunción de inocencia de quienes están siendo investigados, recordando que la instrucción se mantiene «parcialmente secreta» a día de hoy.
No han suscrito este comunicado Juezas y Jueces para la Democracia y la Unión Progresista de Fiscales.
