La sección gallega de Juezas y Jueces para la Democracia (JJpD Galicia) ha expresado su «profundo pesar» por la decisión del Pleno del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), adoptada el pasado 22 de julio, de desestimar los recursos presentados contra el traslado forzoso de cuatro magistradas y magistrados de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Galicia (TSXG).
Los recursos, uno interpuesto por la propia asociación y otro por uno de sus asociados, cuestionaban la decisión de apartar a los integrantes de la Sección Tercera, órgano encargado de resolver, entre otros asuntos, litigios relacionados con proyectos eólicos.
El Pleno del órgano de gobierno de los jueces rechazó las impugnaciones por un estrecho margen: 11 vocales votaron a favor de mantener la decisión y 10 se pronunciaron en sentido contrario. Para JJpD Galicia, ese resultado no pasa desapercibido. Al contrario, considera que refleja las «serias dudas de legalidad» que, a su juicio, suscita el procedimiento seguido.
Una omisión del «procedimiento judicial» que afecta a la independencia judicial
La asociación sostiene que la presidenta de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del TSXG adoptó la decisión «obviando el procedimiento debido» y sin dar audiencia previa a las cuatro magistradas y magistrados afectados.
A su entender, esa omisión no constituye un mero defecto formal, sino que afecta a una garantía esencial de la independencia judicial. Recuerda que los procedimientos establecidos para este tipo de decisiones tienen precisamente la finalidad de proteger a cada juez o magistrado frente al ejercicio del poder gubernativo interno.
En su comunicado, JJpD Galicia advierte de que el asunto trasciende el caso concreto y afecta al alcance de las facultades de quienes ocupan las presidencias de sala, cargos cuyo nombramiento corresponde al propio CGPJ.
En este sentido, considera que la decisión del Consejo supone renunciar a ejercer un control efectivo sobre ese poder interno y alerta de que ello puede reforzar una estructura corporativa que, a su juicio, perjudica la independencia judicial, una garantía que, recuerda, no pertenece únicamente a los jueces, sino también a la ciudadanía.
JJpD reclama mayor sensibilidad al CGPJ para proteger al poder judicial
La asociación también pone el foco en la división reflejada en la votación del Pleno. Que la diferencia entre ambas posiciones haya sido de un solo voto, sostiene, demuestra la consistencia de los argumentos expuestos en los recursos y evidencia que dentro del propio Consejo existían discrepancias relevantes sobre la corrección jurídica del procedimiento.
Por ello, reclama al órgano de gobierno de los jueces una mayor sensibilidad para proteger la independencia judicial también frente a actuaciones procedentes de los propios órganos de gobierno del Poder Judicial.
El impacto sobre la confianza en la Justicia
Finalmente, JJpD Galicia enmarca esta decisión en un contexto de creciente desconfianza ciudadana hacia la Administración de Justicia y recuerda que, recientemente, la presidenta del CGPJ hizo un llamamiento en Galicia a respetar la labor de jueces y tribunales.
Desde esa perspectiva, considera especialmente preocupante que el Consejo haya respaldado una decisión que, según afirma, alteró de forma arbitraria la composición de la Sección Tercera de la Sala de lo Contencioso-Administrativo, cuyas resoluciones en materia eólica «resultaban incómodas a determinados intereses económicos y políticos».
A juicio de la asociación, el CGPJ ha dejado pasar una oportunidad para reafirmar la defensa de la independencia y de la inamovilidad judicial, principios que la Constitución reconoce como garantías fundamentales para la protección de los derechos de quienes acuden al servicio público de Justicia.
