Empecemos por el final, que es donde de verdad se entiende un informe como este. Cuando uno cierra las 30 páginas del capítulo español del Informe sobre el Estado de Derecho 2026 —firmado por la Comisión Europea en Bruselas el pasado 17 de julio— la conclusión se impone sola: España es un país que aprueba planes a espuertas y los cumple a cuentagotas.
Legisla mucho. Ejecuta poco.
Y esa brecha, la que separa el papel del hecho, recorre el documento de principio a fin como un hilo rojo.
Bruselas no reparte suspensos rotundos ni sobresalientes. Su lenguaje es el del gradualismo: «avance significativo» aquí, «avance limitado» allá, «algún progreso» más allá.
Pero si uno junta las piezas, el retrato es inequívoco. Un país que estrena un Plan Estatal contra la Corrupción mientras sus ciudadanos se sienten más rodeados de corrupción que nunca. Que digitaliza sus juzgados sin lograr que se hablen entre sí. Que anuncia autoridades independientes y luego las arranca sin presupuesto ni plantilla.
Y que, entretanto, dirime en Luxemburgo el pleito político más delicado de su democracia reciente: la amnistía.
La Comisión formula seis recomendaciones. Todas empiezan igual —»se recomienda a España»— y todas apuntan a lo mismo: terminar lo empezado.
Adaptar de una vez el sistema de elección de los vocales judiciales del Consejo. Reforzar el Estatuto Orgánico del Ministerio Fiscal. Acortar la instrucción de los grandes casos de corrupción. Endurecer de verdad las reglas sobre conflictos de intereses de los altos cargos. Sacar adelante la ley de lobbies.
Y completar la reforma del acceso a la información. En materia de Estado de derecho, como en tantas causas judiciales, lo difícil nunca es abrir el procedimiento. Lo difícil es dictar sentencia firme.
Dicho el veredicto, conviene ahora abrir el sumario y ver cómo se ha llegado hasta aquí. Porque el diablo, como saben quienes frecuentamos los juzgados, siempre está en los detalles.
Corrupción: el 53% de los españoles ya la sufre en su vida diaria
Si hay un capítulo que debería encender todas las alarmas, es el de la corrupción. Y no tanto por los procedimientos abiertos como por lo que la gente percibe.
En el Índice de Percepción de la Corrupción 2025 de Transparencia Internacional, España saca un 55 sobre 100 —puesto 17 de la UE, 49 del mundo—, con una caída clara en el último lustro: veníamos de un 61 en 2021.
Pero los datos que golpean de verdad son los del Eurobarómetro de 2026. Un 92% de los encuestados cree que la corrupción está extendida en España, frente al 71% de media europea.
Y —aquí está lo demoledor— un 53% se siente personalmente afectado por la corrupción en su vida diaria, casi el doble que la media de la UE (30%).
Entre las empresas, un 85% la ve generalizada y un 62% la considera un obstáculo para hacer negocios. La corrupción ha dejado de ser un titular lejano para colarse en la cocina de los españoles.
La respuesta institucional existe: Plan Estatal contra la Corrupción aprobado el 26 de agosto de 2025, con cinco ejes y la promesa de una Autoridad Independiente de Integridad Pública; anteproyecto de Ley de Administración Abierta; Quinto Plan de Gobierno Abierto; y una autoridad de protección de denunciantes, la AIPI, operativa desde el 1 de septiembre de 2025.
Todo muy prometedor sobre el papel. El pero es siempre el mismo, el que Bruselas repite como un mantra: los planes están, las leyes se tramitan, pero la implementación práctica no mejora.
La propia AIPI es la metáfora perfecta. Arrancó con presupuesto provisional —a falta de Presupuestos Generales—, con 14 de sus 23 plazas cubiertas, y ya acumula más de 400 denuncias (unas cuatro al día). Buena voluntad, medios escasos. La historia de siempre.
La reforma de la acción popular que hará levantar la ceja
Sobre la lentitud en la investigación de la corrupción de altos cargos, el informe anota «algún avance». La futura nueva Ley de Enjuiciamiento Criminal quiere una instrucción breve, de naturaleza no judicial, con plazos bajo control judicial y una prescripción ampliada para los delitos de corrupción.
En 2025 se juzgaron 76 casos: 52 acabaron en condena o condena parcial, 19 en absolución. La Fiscalía Europea mantenía cuatro causas abiertas en España a cierre de año.
Pero hay una reforma que a cualquier reportero de tribunales le hace levantar la ceja: la de la acción popular. Ese mecanismo del artículo 125 de la Constitución que permite a cualquiera personarse en una causa penal sin ser directamente perjudicado —y que ha sido protagonista de tantos casos célebres— quedaría recortado.
El proyecto exige acreditar una conexión «directa, relevante y sustancial» con el interés público y, sobre todo, prohíbe ejercerla a los partidos políticos, sus asociaciones afines, jueces, fiscales y sus respectivas asociaciones.
Se vende como remedio contra los abusos. Habrá que ver, cuando llegue al Boletín Oficial, quién gana y quién pierde con la letra pequeña.
Fiscal general y CGPJ: la reforma que avanza y la que no se mueve
En materia de independencia judicial, Bruselas reconoce avances desiguales. El fiscal general es el que registra «avance significativo»: el 30 de octubre de 2025 el Gobierno llevó a las Cortes el proyecto de Ley Orgánica de la Ley de la Enjuiciamiento Criminal con dos piezas de calado.
Un mandato de cinco años, no renovable y desacoplado del ciclo del Gobierno. Y, sobre todo, el traspaso de la instrucción penal de los jueces a los fiscales. El viejo debate que en España resucita cada cierto tiempo y siempre levanta ampollas.
Unos ven riesgo para la independencia de los fiscales por el recorte de garantías; otros, una oportunidad para democratizar el gobierno de la carrera. Sigue en trámite.
Un dato que el informe desliza casi de pasada, pero que marcó el año judicial: el anterior fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, tuvo que abandonar su puesto tras ser condenado por el Tribunal Supremo por revelación de información confidencial.
El 9 de diciembre de 2025 se nombró a su sucesor con el aval unánime del CGPJ. Tanto la Fiscalía como el ex fiscal general del Estado han recurrido la condena ante el Constitucional.
Donde la cosa no se mueve es en el Consejo General del Poder Judicial. La Comisión admite «algún avance adicional»: el Consejo pidió y obtuvo dictamen de la Comisión de Venecia, que el 13 de octubre de 2025 valoró los dos modelos sobre la mesa.
El primero —jueces que eligen directamente a los vocales judiciales— encaja con el estándar europeo de elección entre pares.
El segundo —el Parlamento con la última palabra— no, porque deja el procedimiento expuesto a la politización externa en las Cortes. Se registraron dos proposiciones para implantar la elección por pares, una en el Congreso el 24 de octubre de 2025 y otra en el Senado el 6 de noviembre.
Pero, y aquí la Comisión no engaña a nadie con su cortesía burocrática, no hay consenso para cerrar el asunto. Traducción libre: seguimos igual.
El Consejo, eso sí, hace su trabajo: 196 nombramientos para altos cargos judiciales desde su renovación, la mayoría por amplio consenso, aunque no falta quien murmura que en ellos pesa algo más que el mérito y la capacidad.
Cuando la política le grita a la toga
Hay un párrafo que a quien cubre tribunales le suena a crónica repetida. Jueces y operadores jurídicos vuelven a quejarse de las declaraciones de políticos que critican resoluciones.
El Supremo habla directamente de acusaciones de «lawfare» y de ataques personales a sus magistrados tras sentencias mediáticas.
La Comisión hace entonces un ejercicio de equilibrismo elegante: criticar decisiones judiciales es sano en democracia, pero ejecutivo y legislativo deben evitar la crítica que socava la independencia de la justicia.
Y recuerda que también hay jueces que critican a políticos, con algún caso en la Comisión Disciplinaria del Consejo. El respeto, viene a decir Bruselas, ha de ser mutuo.
Más plazas, más bytes y la misma lentitud de siempre
En recursos, las cifras hablan. El Gobierno anunció 500 nuevas plazas judiciales y 200 de fiscales para 2026, con convocatorias en marcha.
No es un lujo: España tiene una de las ratios de jueces por habitante más bajas de la UE, con 431 vacantes a cierre de 2025 y un juez de cada seis todavía en régimen de sustitución.
La digitalización, paradójicamente, es un punto fuerte —de los más avanzados de la Unión, con instrucciones ya aprobadas para el uso de inteligencia artificial en los juzgados—, aunque cojea en la interoperabilidad entre los sistemas autonómicos y el del Estado.
Y luego, lo de siempre, lo que sufre el ciudadano: la duración de los procesos. Mejoró levemente en primera instancia civil y mercantil (de 444 días en 2023 a 423 en 2024), pero empeoró en el Supremo, donde resolver un asunto lleva ya 750 días, casi el doble. La bolsa de asuntos pendientes se ha duplicado desde 2016.
Medios públicos bajo sospecha: RTVE, publicidad institucional y «ley mordaza»
El pilar de pluralismo mediático es donde el tono se vuelve más incómodo para el Gobierno. Los interlocutores alertan de riesgos para la independencia editorial y de injerencia política en RTVE tras la reforma de 2024 que cambió la composición del consejo de administración y reforzó los poderes de su presidente.
En enero de 2026, los Consejos de Informativos de TVE y RNE denunciaron un deterioro de los estándares profesionales y lo que perciben como sesgo político. El Monitor de Pluralismo Mediático mantiene la independencia de los medios públicos en riesgo «medio-alto».
Hay movimientos que Bruselas aplaude: la reforma de la publicidad institucional, con un techo del 35% de la facturación de cada medio; el anteproyecto de Ley de Información Clasificada, que jubilaría por fin la vetusta Ley de Secretos Oficiales de 1968; y dos anteproyectos, aprobados el 14 de abril de 2026, para transponer la directiva europea contra las demandas mordaza (SLAPP).
El reverso es más oscuro: seis nuevas alertas en la plataforma del Consejo de Europa sobre seguridad de periodistas y 53 en la Media Freedom Rapid Response.
Y un dato que pone cifras al drama silencioso: el 73% de las periodistas españolas sufre acoso continuado en redes, con la autocensura como consecuencia.
La amnistía, al fondo del cuadro: dos sentencias del TJUE y otras dos pendientes
El capítulo de contrapesos institucionales guarda la noticia jurídica del año, y no por casualidad aflora justo el día en que se firmó el informe.
La Ley de Amnistía, en vigor desde el 11 de junio de 2024 y avalada por el Tribunal Constitucional el 26 de junio de 2025, tenía varios flecos remitidos al Tribunal de Justicia de la Unión Europea por tribunales españoles.
El 16 de julio de 2026 —la víspera de la fecha del documento— Luxemburgo dictó sentencia en dos de esas cuestiones prejudiciales (los asuntos C‑523/24 y C‑666/24). Quedan otras dos pendientes (C‑587/24 y C‑123/25).
El informe se limita a constatar el hecho, sin entrar en el fallo. Pero el mensaje entre líneas es nítido: la última palabra sobre el encaje europeo de la amnistía todavía se está escribiendo, expediente a expediente, en la sala del Tribunal de Justicia.
España, mientras tanto, arrastra otros deberes: 22 sentencias señeras del Tribunal Europeo de Derechos Humanos pendientes de ejecución a 17 de junio de 2026, y una Ley de Seguridad Ciudadana —la célebre «ley mordaza»— cuya reforma sigue empantanada en el Congreso.
Y así, con el balance por delante y el detalle por detrás, se cierra el retrato. El de un país que sabe muy bien lo que tiene que hacer —Bruselas se lo repite año tras año— y que, por unas razones o por otras, nunca acaba de hacerlo del todo.
