El Tribunal Supremo ha aplicado la Ley de Amnistía a la exconsellera de Agricultura, Ganadería, Pesca y Alimentación de la Generalitat Meritxell Serret (ERC), que ocupó el cargo entre enero de 2016 y octubre de 2017, por el delito continuado de desobediencia grave relacionado con el ‘procés’ y el referéndum ilegal del 1 de octubre de 2017.
En una resolución, la Sala declara amnistiados los hechos por los que Serret fue juzgada y acuerda extinguir la responsabilidad penal que pudiera derivarse de los mismos.
Los magistrados fundamentan su decisión en la interpretación fijada por el Tribunal Constitucional sobre la Ley de Amnistía. Recuerdan que el alto tribunal no declaró la nulidad del artículo 1.1 de la norma, que delimita su ámbito objetivo de aplicación, sino que estableció cómo debe interpretarse.
A partir de ese criterio, el Supremo concluye que el recurso de casación interpuesto por Serret contra la sentencia condenatoria se encuentra dentro del ámbito objetivo de la ley y que su aplicación «no contraviene, según lo ha establecido el Tribunal Constitucional en los términos dichos, la Constitución española».
Así lo valora el tribunal, compuesto por los magistrados Julián Sánchez Melgar, Vicente Magro Servet y Javier Hernández García (ponente), en su auto de 24 de julio de 2026.
Serret había sido condenada a una multa de 12.000 euros, a satisfacer durante ocho meses mediante una cuota diaria de 50 euros, además de una pena de un año de inhabilitación especial para el ejercicio de cargos públicos electos.
ERC celebra la decisión sobre la amnistía
Tras conocerse la resolución, ERC ha mostrado su satisfacción en un comunicado por lo que considera la primera aplicación de la Ley de Amnistía por parte del Tribunal Supremo a un miembro del Govern de 2017.
La formación sostiene que la resolución avala la estrategia seguida en defensa de la Ley de Amnistía y afirma que, tras la «contundente» sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE), era inevitable que el Supremo aplicara la norma.
Asimismo, ERC ha reclamado que el mismo criterio se extienda al resto de personas encausadas para, según señala, «restaurar todos los derechos políticos de todas las personas represaliadas, que los exiliados puedan volver a casa, y poder discutir política y democráticamente sobre el conflicto entre Cataluña y el Estado español sin represión».
