La Organización Europea de Consumidores (BEUC), junto con 29 organizaciones de 27 países, ha presentado una denuncia formal ante la Comisión Europea y las autoridades nacionales de competencia contra Meta, TikTok y Google.
El motivo: el incumplimiento sistemático de la Ley de Servicios Digitales de la Unión Europea (DSA) en la lucha contra los anuncios fraudulentos de carácter financiero. En España, los miembros denunciantes son CECU y ASUFIN.
Los datos son contundentes. Entre diciembre de 2025 y marzo de 2026, las asociaciones integradas en BEUC reportaron cerca de 900 anuncios sospechosos de infringir la normativa europea.
Las plataformas solo retiraron el 27% tras esas notificaciones. El 52% de las denuncias fue rechazado o ignorado. Cientos de estafas financieras siguen activas y alcanzan a más de 200 millones de consumidores europeos cada mes.
Meta bloqueó menos de un tercio de lo denunciado
La investigación detectó en Meta un patrón especialmente grave: determinados anunciantes publican contenidos fraudulentos de forma reiterada sin que sus cuentas sean suspendidas.
De las 503 denuncias tramitadas por las asociaciones participantes, la plataforma solo bloqueó 146.
Más de 300 anunciantes denunciados siguen activos. Según los datos del informe, Meta ingresaría aproximadamente el 10% de sus ingresos totales procedentes de los anunciantes denunciados.
En TikTok, el 40% de los anuncios reportados fue sencillamente ignorado. La plataforma tampoco incluyó ninguna referencia a este problema en sus planes de seguridad comunicados en el informe de riesgos DSA de 2025.
En Google, la situación no es mejor: la probabilidad de suspensión de cuentas reincidentes sigue siendo reducida, incluso cuando la plataforma afirma haber retirado los contenidos denunciados.
Una CNMC sin poderes reales
El caso español presenta una anomalía institucional que agrava el problema. La Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) fue designada coordinador nacional de servicios digitales en enero de 2024.
Sin embargo, dos años después, el Gobierno no ha aprobado la ley habilitante que le otorgue competencias reales de supervisión, investigación y sanción.
Sin esa norma, la CNMC no puede acceder a datos ni algoritmos, no puede ordenar inspecciones y, lo más importante, no puede imponer multas de hasta el 6% de la facturación global de las grandes plataformas.
España lleva dos años incumpliendo el plazo europeo para habilitar un coordinador de servicios digitales operativo.
El reglamento DSA fue aprobado en julio de 2022. El asunto ya está en manos del Tribunal de Justicia de la Unión Europea, bajo el número de procedimiento C-841/25. CECU y ASUFIN han trasladado la denuncia a la CNMC, que no puede actuar al carecer de cobertura legal. Ambas organizaciones instan al Gobierno a resolver esta situación de forma urgente.
Las voces del sector
Agustín Reyna, director general de BEUC, es directo en su valoración: las tres plataformas están obligadas por la DSA a disponer de mecanismos eficaces para combatir el fraude publicitario, pero la investigación revela «discrepancias alarmantes entre lo que estas plataformas afirman hacer y la realidad de lo que está ocurriendo».
No solo no eliminan anuncios fraudulentos de forma proactiva, sino que hacen muy poco cuando se les notifica su existencia.
David Sánchez, director general de CECU, subraya el carácter sistémico del problema. Las estafas online no son incidentes aislados, afirmó. La normativa no es opcional y exige a las plataformas identificar y mitigar riesgos sistémicos. «Sin una aplicación efectiva, las plataformas no tendrán incentivos reales para cambiar sus prácticas».
Patricia Suárez, presidenta de ASUFIN, es la más contundente. Las grandes tecnológicas, señaló, tienen el deber imperativo de garantizar la seguridad de sus usuarios.
La persistencia de anuncios que ofrecen esquemas Ponzi, estructuras piramidales y falsas inversiones «demuestra una dejadez de funciones que no puede seguir siendo ignorada».
Las plataformas disponen de tecnología de inteligencia artificial capaz de detectar patrones de comportamiento.
Su inacción, concluyó, las convierte en «facilitadores indirectos de una infraestructura delictiva que despoja a los ciudadanos de sus ahorros de toda la vida».
Las organizaciones denunciantes exigen a la Comisión Europea y a los coordinadores nacionales de servicios digitales que investiguen las medidas adoptadas por las tres plataformas y les exijan el cumplimiento de la DSA. En caso de incumplimiento continuado, reclaman la imposición de multas.
