Para la empresa que preside y dirige Mark Zuckerbeg lo que suceda en los tribunales españoles tiene una gran importancia estratégica porque puede producir réplicas en otros países vecinos de Europa, como ya está ocurriendo en Francia.

META fue quien propuso llegar a un acuerdo a las empresas de radio y televisión españolas demandantes

4 / 02 / 2026 05:45

Actualizado el 16 / 02 / 2026 16:09

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La iniciativa que evitó la celebración del juicio previsto contra META en los tribunales de lo mercantil de Madrid no partió de las empresas de radio y televisión demandantes, como aseguró ayer la multinacional estadounidense en un desmentido recibido por la tarde en Confilegal, sino de la compañía que preside y dirige Mark Zuckerberg.

Así lo confirmaron fuentes de AERC RadioValue, la Asociación Española de Radios Comerciales, que, junto con UTECA (Unión de Televisiones Comerciales en Abierto), han demandado a META por competencia desleal, a la que reclaman una indemnización de 160 millones de euros.

Según afirmó META en dicho desmentido, «esto es es claramente una táctica de negociación mal planteada en unas conversaciones que fueron iniciadas por la Unión de Televisiones Comerciales Asociadas (UTECA), no por Meta, poco antes del juicio».

El interés por el acuerdo era de META, según los españoles

Una explicación que rechazan las fuentes españolas consultadas: «No existía ningún interés, por nuestra parte, en suspender el juicio, dada nuestra posición favorable. Porque dos meses antes, META había sido condenada, por el Juzgado de lo Mercantil nº 15 de Madrid, a indemnizar con 542 millones de euros a 87 editoras de prensa digital y agencias de noticias integradas en la Asociación de Medios de Información (AMI)».

«Nuestra demanda es básicamente la misma y se iba a dirimir en los mismos tribunales. El interés por alcanzar a un acuerdo era, evidentemente de META. La suspensión del juicio se solicitó expresamente para abrir un proceso de negociación. Lo que se comunicó formalmente al juez«, aclaran las demandantes.

La celebración del juicio había sido fijada para el 28 y el 29 de enero pasado, que quedó en suspenso para dar lugar a las negociaciones.

Sin embargo, no se produjo oferta alguna por parte de META para evitar el juicio, como era de esperar. Si ellos habían movido pieza en esa dirección lo lógico es que pusieran una cantidad sobre la mesa.

No sucedió. Las negociaciones entraron en punto muerto.

«Nuestra demanda es básicamente la misma y se iba a dirimir en los mismos tribunales. El interés por alcanzar a un acuerdo era, evidentemente de META. La suspensión del juicio se solicitó expresamente para abrir un proceso de negociación. Lo que se comunicó formalmente al juez», aclaran las demandantes.

Lo que sí se produjo ese 28 de enero fue la presentación ante la Securities and Exchange Comission (SEC), la autoridad equivalente a nuestra Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia, de su informe anual sobre su situación procesal en España.

“El 19 de noviembre de 2025, el tribunal dictó sentencia en nuestra contra, al considerar que AMI no había logrado acreditar un abuso de posición dominante, pero estimó su demanda por competencia desleal y concedió una indemnización por daños y perjuicios de aproximadamente 542 millones de euros. Hemos apelado la decisión. Además, el 24 de octubre de 2024, diez editores de radio y televisión interpusieron una demanda separada contra nosotros en España sobre la misma base (Unión de Televisiones Comerciales Asociadas (UTECA) c. Meta Ireland)”, dice el informe sin incluir referencia a los 160 millones de euros que demandan. Un dato muy relevante.

META asegura que han cumplido con sus obligaciones de divulgación ante la SEC de EE.UU. y han incluido información de contexto sobre el litigio en presentaciones recientes.

Aseveran que participaron en estas negociaciones «de buena fe» y mantienen que se trata de un caso infundado «que carece de cualquier prueba del supuesto perjuicio y que ignora deliberadamente la evolución de la industria publicitaria en los últimos años tras la publicación de esta información».

A la parte española, la explicación les ha sonado a «tomadura de pelo» y les ha dejado una sensación de haber sido utilizados para facilitar una determinada narrativa positiva de la multinacional ante los mercados.

Porque más allá de las cifras concretas, el verdadero impacto para Meta no reside tanto en las cantidades económicas —relativamente asumibles para un gigante tecnológico como este — como en el riesgo reputacional y jurisprudencial.

La amenaza es que lo obtenido por las 87 editoras de prensa digital y agencias de noticias integradas en la Asociación de Medios de Información en España encuentre réplicas en el resto de Europa –Francia es el siguiente escenario– y del mundo.

De ahí que META haya anunciado que van a recurrir la sentencia que les impuso el 20 de noviembre pasado el magistrado Teodoro Ladrón Roda, titular del Juzgado de lo Mercantil 15.

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