Las empresas españolas de radio y tv consideran que META, la empresa de la que Mark Zuckerberg es presidente y CEO, les ha podido estar engañando haciéndoles creer que estaba dispuesta a llegar a un acuerdo para ganar tiempo y así no presentar ante la SEC de forma específica la cifra de 160 millones de euros.

META omitió informar a la SEC, de forma específica, sobre la demanda de 160 millones € de las empresas de radio y televisión de España

3 / 02 / 2026 08:06

Actualizado el 03 / 02 / 2026 17:51

META, la multinacional propietaria de Facebook, Instagram, WhatsApp, Messenger y Oculus, no informó a la Securities and Exchange Comission (SEC) sobre la demanda de 160 millones de euros interpuesta ante un Juzgado de lo Mercantil de Madrid por diez empresas de radio y televisión españolas en su informe anual, que tiene fecha de 28 de enero pasado.

“El 19 de noviembre de 2025, el tribunal dictó sentencia en nuestra contra, al considerar que AMI no había logrado acreditar un abuso de posición dominante, pero estimó su demanda por competencia desleal y concedió una indemnización por daños y perjuicios de aproximadamente 542 millones de euros. Hemos apelado la decisión. Además, el 24 de octubre de 2024, diez editores de radio y televisión interpusieron una demanda separada contra nosotros en España sobre la misma base (Unión de Televisiones Comerciales Asociadas (UTECA) c. Meta Ireland)”, dice lacónicamente la multinacional que capitanea Mark Zuckerberg en dicho informe.

Las empresas estadounidenses que cotizan en el mercado de valores están obligadas a informar a la SEC –el equivalente a nuestra Comisión Nacional de Mercados de Valores– cuando afrontan litigios que pueden tener un efecto material sobre sus resultados financieros, incluidos aquellos casos en los que podrían tener que pagar millones de dólares –o de euros– a terceros, como es el caso.

Las sociedades deben revelar cualquier hecho que un inversionista razonable considerara importante para tomar decisiones. De no hacerlo pueden afrontar multas millonarias, demandas de inversionistas, inhabilitación de directivos e, incluso, procesos penales.

Esto se lleva a cabo en los informes “Form 10-K” (anuales) y en los “Form 10-Q” (trimestrales), y deben incluir, entre otras cosas, riesgos y contingencias legales para sus finanzas y operaciones.

Según las normas contables aplicadas en EE.UU. (ASC 450), si una pérdida contingente (por ejemplo, una indemnización potencial) es probable y su monto puede estimarse razonablemente, la empresa debe acumularla como pasivo en sus estados financieros.

META había planteado el acuerdo a las empresas españolas

El juicio de la demanda de las diez empresas de radio y televisión españolas contra Meta había sido fijado en torno a unas fechas cercanas a la entrega del informe anual de META a la SEC, que tiene fecha de 28 de enero y está firmado por el presidente y CEO de META, Zuckerberg.

Dicho juicio suspendido porque los negociadores por ambas partes, Javier de Carvajal, de la firma Herbert Smith Freehills Kramer Spain, representante de META en España, y el catedrático y abogado, Nicolás González-Cuéllar, abogado de las 10 empresas de radio y televisión españolas, solicitaron al magistrado la suspensión de la vista ante la previsión de llegar a un acuerdo, previa oferta de la multinacional estadounidense.

Después de aquella aproximación, lo que ha seguido ha sido un silencio sepulcral por parte de META.

La oferta ha brillado por su ausencia.

De acuerdo con fuentes cercanas a la parte española, la coincidencia en fechas del juicio y la entrega del informe a la SEC, induce a pensar en una maniobra de META para que no figurara la “contingencia” de los 160 millones de euros demandados en su informe anual.

Al parecer, la idea que ambas partes manejaban era cerrar una cifra conjunta que comprendía los 542 millones de euros (479 millones de euros más 61 millones de intereses), por los que fue condenada META el pasado mes de noviembre por el Juzgado de lo Mercantil 15 de Madrid por competencia desleal a 87 editoras de prensa digital y agencias de noticias, y los 160 millones de esta segunda demanda, de las 10 televisiones y radios.

Las razones de esta segunda demanda son las mismas que en la demanda primera llevada a cabo por la Asociación de Medios de Información (AMI), en la que estaban integradas las editoras: META obtuvo una ventaja competitiva ilícita en publicidad digital al incumplir el Reglamento General de Protección de Datos (RGPD) durante varios años, lo que le habría permitido explotar publicidad personalizada sin el consentimiento válido de los usuarios.

El daño reclamado corresponde a ingresos publicitarios que dejaron de percibir y se reservan la posibilidad de ampliar la reclamación según evolucione la situación regulatoria.

Malestar entre las empresas españolas

La noticia, contenida en el informe a la SEC, de que META había decidido recurrir la sentencia del Juzgado de lo Mercantil cuando en las primeras semanas de enero habían hecho llegar la impresión de que cerrarían el acuerdo por las dos cosas y ahí se quedaba todo, ha creado gran malestar entre las empresas españolas, según ha podido saber Confilegal.

Sobre todo, porque se está abriendo la sospecha de que han estado jugando con el tiempo para evitar que la demanda de los 160 millones figurara en el informe anual de META a la SEC.

La oferta planteada a principios de enero a la parte española, por lo tanto, se está percibiendo como una añagaza.

Este periódico se ha puesto en contacto tanto con Javier de Carvajal, que ha declinado hacer ninguna declaración, remitiéndonos a una dirección de correo de prensa de la compañía de Zuckerberg, como con Nicolás González-Cuéllar, que, igualmente, ha optado por el silencio.

La versión de META

Tras la publicación de esta información por parte de Confilegal, META ha remitido este texto: «Las afirmaciones realizadas aquí son falsas: hemos cumplido con nuestras obligaciones de divulgación ante la SEC de EE.UU. y hemos incluido información de contexto sobre el litigio en presentaciones recientes. Esto es claramente una táctica de negociación mal planteada en unas conversaciones que fueron iniciadas por la Unión de Televisiones Comerciales Asociadas (UTECA), no por Meta, poco antes del juicio. Si bien participamos en estas negociaciones de buena fe, mantenemos que se trata de un caso infundado, que carece de cualquier prueba del supuesto perjuicio y que ignora deliberadamente la evolución de la industria publicitaria en los últimos años tras la publicación de esta información».

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