El magistrado de la Audiencia Nacional José Luis Calama ha levantado el secreto del llamado caso Plus Ultra y ha citado como investigado al expresidente del Gobierno José Luis Rodríguez Zapatero para el próximo 2 de junio.
Lo señala como presunto líder de una red organizada de tráfico de influencias cuyo objetivo era obtener dinero a cambio de gestionar favores ante organismos públicos en beneficio, principalmente, de la aerolínea Plus Ultra.
En un auto de 85 páginas, Calama describe una estructura jerarquizada que habría operado con sociedades pantalla, contratos ficticios y canales financieros opacos para encubrir el origen y destino del dinero.
El juez también ha ordenado el registro de la oficina de Rodríguez Zapatero y de otras tres empresas investigadas. Ha rechazado, en cambio, registrar su domicilio particular por considerarlo desproporcionado en esta fase del procedimiento.
Dos vías para el rescate de Plus Ultra
Según el instructor, los directivos de la aerolínea intentaron obtener los 53 millones de euros del rescate público —concedido por la SEPI en 2021— por dos caminos paralelos: uno a través del entonces ministro José Luis Ábalos, y otro a través de Rodríguez Zapatero.
Fue esta segunda vía la que acabó siendo determinante.
La red habría cobrado sus servicios mediante contratos de asesoría elaborados ad hoc. Los fondos, según el auto, terminaron mayoritariamente en el entorno del expresidente: 490.780 euros para él directamente y 239.755 euros para Whathefav SL, una sociedad cuyas socias y administradoras son sus hijas.
Un dato especialmente revelador: dos investigados celebraron por mensajes la concesión de la ayuda a Plus Ultra antes de que el Consejo Gestor la aprobara formalmente el 9 de marzo de 2021. Para Calama, eso acredita el acceso a información privilegiada.
Una trama con ramificaciones internacionales
La investigación no se detiene ahí. El juez señala que, siguiendo instrucciones de Rodríguez Zapatero, se constituyó una sociedad en Dubái —Landside Dubai Fzco— participada íntegramente por una empresa española vinculada a uno de los investigados.
La proximidad entre la creación de esa sociedad y la firma de un contrato por el que debían cobrarse 530.000 euros del rescate apunta, según Calama, a que se utilizó para recibir fondos fuera de España y evitar su rastreo.
A esto se suma una segunda línea de influencia: gestiones ante el regulador de aviación venezolano para que Plus Ultra pudiera operar vuelos en ese país.
El juez considera que ambas actuaciones forman parte de un único delito de tráfico de influencias, al responder a un mismo plan y a los mismos actores.
Los delitos investigados son tráfico de influencias —quien abusa de sus contactos personales o políticos para que la Administración tome una decisión favorable a cambio de dinero— y blanqueo de capitales, por la utilización de esa estructura societaria internacional para ocultar el origen de los fondos.La causa, no obstante, entra ahora en una fase especialmente sensible. La Audiencia Nacional deberá determinar si existen elementos sólidos para sostener la tesis del blanqueo o si, por el contrario, las sospechas se diluyen en un entramado empresarial complejo pero penalmente irrelevante.
