La Audiencia Nacional ha colocado al expresidente del Gobierno José Luis Rodríguez Zapatero en el centro de una de las derivadas más delicadas del llamado “caso Plus Ultra”, una investigación que, 5 años después del controvertido rescate público de la aerolínea, vuelve a proyectar sombras sobre la relación entre poder político, estructuras societarias opacas y capitales de origen venezolano.
El juez instructor, José Luis Calama, titular de la plaza 4 de la Sección de Instrucción del Tribunal Central de Instancia (antes Juzgado Central de Instrucción 4), ha acordado citar a Zapatero en calidad de investigado el próximo 2 de junio dentro de unas diligencias que indagan presuntos delitos de blanqueo de capitales, tráfico de influencias, falsedad documental y organización criminal.
La la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) de la Policía Nacional está registrando la oficina vinculada al expresidente Rodríguez Zapatero, situada frente a la sede del PSOE, en la calle Ferraz, y al menos otras tres sociedades mercantiles relacionadas con la investigación.
Entre las empresas registradas figuran la consultora Análisis Relevante, una consultora para la que Zapatero desarrolló trabajos de asesoramiento internacional tras abandonar La Moncloa, y otras sociedades del entorno empresarial investigado. Algunas informaciones añaden que también se han practicado diligencias en una empresa administrada por las hijas del expresidente.
La decisión judicial llega tras varios meses de actuaciones reservadas de la UDEF, que ha rastreado movimientos mercantiles, contratos de consultoría y conexiones empresariales vinculadas al entorno del ex jefe del Ejecutivo.
Los investigadores tratan ahora de determinar si determinadas operaciones económicas canalizadas a través de esa estructura pudieron servir para dar apariencia de legalidad a fondos bajo sospecha.
La investigación pivota sobre el rescate de 53 millones de euros concedido en 2021 a la aerolínea Plus Ultra con cargo al Fondo de Apoyo a la Solvencia de Empresas Estratégicas, articulado por la SEPI durante la pandemia.
Desde el principio, aquella operación estuvo rodeada de controversia política y jurídica: la oposición cuestionó entonces tanto la viabilidad real de la compañía como su consideración de empresa estratégica para el Estado.
Ahora, la causa da un salto cualitativo. Ya no se trata únicamente de fiscalizar la legalidad administrativa del rescate, sino de esclarecer si parte de esos fondos públicos acabaron insertados en un circuito financiero presuntamente destinado a blanquear capitales procedentes de Venezuela mediante sociedades interpuestas y operaciones internacionales.
En el sumario —según fuentes próximas a la investigación— figuran informes policiales que apuntan a posibles vínculos entre empresarios relacionados con la aerolínea y operadores económicos conectados con estructuras chavistas.
Los agentes sospechan que determinadas consultorías, pagos cruzados y transferencias internacionales pudieron utilizarse para ocultar el verdadero origen del dinero.
Zapatero niega cualquier conducta irregular
Zapatero ha negado de forma tajante cualquier conducta irregular. En conversaciones mantenidas con su entorno, el expresidente sostiene que todos los trabajos profesionales realizados tras su etapa política fueron legales, declarados y perfectamente documentados ante la Agencia Tributaria.
El exdirigente socialista considera además que la investigación responde a una “operación política y mediática” construida sobre “insinuaciones sin sustento”.
El movimiento judicial amenaza con reabrir un frente extremadamente incómodo para el PSOE en un momento de alta tensión política.
Aunque en Ferraz reina por ahora el silencio oficial, dirigentes de la oposición han reaccionado con rapidez.
El Partido Popular ha exigido explicaciones inmediatas al Gobierno y ha reclamado “máxima transparencia” sobre cualquier relación entre el Ejecutivo, la SEPI y el entorno empresarial investigado. Vox, por su parte, ha pedido que se depuren “todas las responsabilidades políticas y penales”.
Desde el punto de vista estrictamente procesal, la citación como investigado no implica culpabilidad ni anticipa un desenlace penal.
En términos jurídicos, supone que el magistrado aprecia indicios suficientes para atribuir provisionalmente a una persona una eventual participación en hechos delictivos y garantizarle, al mismo tiempo, su derecho de defensa durante la instrucción.
La causa, no obstante, entra ahora en una fase especialmente sensible. La Audiencia Nacional deberá determinar si existen elementos sólidos para sostener la tesis del blanqueo o si, por el contrario, las sospechas se diluyen en un entramado empresarial complejo pero penalmente irrelevante.
