La Fiscalía Anticorrupción ha solicitado al titular del Juzgado Central de Instrucción de la Audiencia Nacional, Santiago Pedraz, que cite como testigos a los generales Rafael Yuste y Alfonso López Malo en el marco de la investigación conocida como «caso Leire Díez».
Según un escrito del Ministerio Público, la Fiscalía considera necesario tomar declaración a ambos mandos de la Guardia Civil, que estuvieron al frente de la Unidad Central Operativa (UCO), después de que revelaran ante agentes de esa misma unidad haber recibido presiones para adoptar una posición de menor iniciativa en investigaciones que afectaban al Gobierno.
La Fiscalía también solicita la comparecencia como testigos de Antonio Cortés, general responsable de la Jefatura de Armas, Explosivos y Seguridad, así como del jefe del Estado Mayor de la Guardia Civil.
Ambos participaron como instructores de informaciones reservadas abiertas por posibles filtraciones.
Presiones a la UCO
De acuerdo con el sumario de la causa, los generales Yuste y López Malo relataron que, durante una reunión celebrada en julio de 2024, recibieron indicaciones por parte del entonces director general de la Guardia Civil, Leonardo Marcos, y del director adjunto operativo (DAO), teniente general Manuel Llamas, para «ponerse de perfil» en la investigación que afectaba a David Sánchez, hermano del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez.
Según la documentación incorporada al procedimiento, el mensaje trasladado era que debía ser la autoridad judicial quien asumiera la iniciativa en las actuaciones.
Rafael Yuste, actualmente al frente de la Jefatura de Servicios Técnicos de la Guardia Civil, declaró el pasado 27 de mayo ante agentes de la UCO que Leonardo Marcos —antecesor de la actual directora general, Mercedes González— calificó como «totalmente prospectivo y malintencionado» el oficio de solicitud emitido por la unidad investigadora en relación con la causa sobre David Sánchez.
Siempre según el atestado de la UCO, Marcos afirmó además que la «credibilidad estaba por los suelos» y reclamó que para el viernes 19 de julio se elaborara un informe con todo «analizado y que no haya nada».
Yuste manifestó que rechazó esa pretensión al considerar que era «materialmente imposible», dado que todavía era necesario examinar los correos electrónicos intervenidos y elaborar posteriormente el informe preceptivo destinado a la autoridad judicial.
La investigación a David Sánchez
En aquella reunión participaron también Alfonso López Malo, entonces jefe de Policía Judicial, y el director adjunto operativo, Manuel Llamas.
El atestado de la UCO recoge además una segunda reunión celebrada el 16 de julio de 2024.
En esa ocasión, el DAO se desplazó a dependencias oficiales de la unidad para interesarse por la investigación que seguía el Juzgado de Instrucción número 3 de Badajoz sobre David Sánchez.
Según la versión recogida por la UCO, durante ese encuentro Llamas trasladó a los asistentes que, en aquellos procedimientos policiales con repercusión política, no debían actuar de forma proactiva.
«Por parte del DAO se indicó a los presentes que en aquellos procedimientos policiales que tuvieran afectación política no se fuese proactivo en las mismas, bajo la indicación de “que nos pusiéramos de perfil”, debiendo ser, en este caso concreto, la autoridad judicial quien tomase la iniciativa», señala literalmente el atestado.
